Aunque el gobierno colombiano ha insistido que prefiere usar el término técnico de homicidios colectivos, organismos multilaterales como la ONU ha optado por decir masacre a la muerte en indefensión de tres personas o más por parte de un actor armado.

El lenguaje es poder. La manera en la que nombramos las cosas o los sucesos permiten dimensionar, por ejemplo, las tragedias. Es por esto que en el país, en los últimos días, ha incomodado el concepto de “homicidios colectivos” que ha utilizado el Gobierno de Iván Duque para referirse a los últimos asesinatos múltiples que han sucedido en Nariño, Arauca y Cauca.

Aunque usualmente a este hecho se le ha conocido como “masacre”, el gabinete Duque insiste en la otra denominación. Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), salió en defensa del Gobierno y dijo que se trata de un asunto técnico que se ha usado varios años en la Fuerza Pública.

Al final, valga aclarar, ambos conceptos son sinónimos, pero les queremos explicar sus orígenes y algunas variantes.

Empecemos por “homicidios colectivos”. El concepto no es nuevo ni nació en el gobierno de Duque. El término, como le explicó a este diario Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), comenzó en la era de Andrés Pastrana. Y así lo han utilizado todos los mandatarios y sus fuerzas armadas para poder diferenciarlos en las bases de datos de los homicidios individuales, aunque no esté en el código penal colombiano, donde se consagran los delitos.

Luego, en 2014, como un ejercicio de transparencia, el Ministerio de Defensa, en ese entonces liderado por Juan Carlos Pinzón, incluyó “homicidios colectivos” dentro del Libro Blanco de las Cifras del Sector Seguridad y Defensa, un documento que busca mostrar la forma en la que se están contabilizando los principales indicadores de seguridad y sector defensa del país.

“Homicidios colectivos: se entiende como aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro (4) o más personas en estado de indefensión en el mismo lugar, a la misma hora y por los mismos autores; no se contabilizan aquellos casos en donde las personas pertenecían a los grupos subversivos, bandas criminales, delincuencia organizada y común o si eran parte de la Fuerza Pública”, dice el documento.

Ahora vamos al término “masacre”: ¿de dónde viene y quién la usa? Juan Carlos Garzón, director del área Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), asegura que este concepto proviene de la academia: “Hay una bibliografía, estudio y análisis que respaldan esta categoría”.

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También ha sido utilizado por los organismos internacionales, principalmente por las Naciones Unidas, que lo han adoptado para referirse a “cuando tres o más personas son asesinadas en el mismo lugar y momento y por el mismo presunto perpetrador”.

Así ha quedado estipulado, por ejemplo, en los informes de sus agencias sobre la situación de derechos humanos en Colombia. En la última entrega, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, bajo estos parámetros, dijo que, en 2019, en el país se registraron 36 masacres, la cifra más alta desde 2014.

Esto, por supuesto, ha generado malestar con el Gobierno Nacional, que no solo lo denomina de otra manera, como ya les contamos, sino que también calcula desde cuatro asesinatos en adelante. Por eso, de acuerdo con la base de datos del Ministerio de Defensa, sólo se registraron 23 “homicidios colectivos”.

Este parámetro del Gobierno lo ha utilizado también el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), que no solo lo entiende “como el homicidio intencional de 4 o más personas en estado de indefensión y en iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar”, sino que también le suma la característica de que “es perpetrada en presencia de otros o se visibiliza ante otros como espectáculo de horror”. Agrega que es “un producto del encuentro brutal entre el poder absoluto del actor armado y la impotencia absoluta de las víctimas”.

Sin embargo, la ONU siempre ha defendido su definición desde los estándares internacionales, derivados de sentencias de cortes internacionales y otras observaciones de los comités de Derechos Humanos. De hecho, cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado por masacres como las de Mapiripán (1997), El Salado (2000) o Bojayá (2002).

Juan Carlos Garzón explica que, además, “masacre” es una definición que han utilizado las organizaciones de víctimas y derechos humanos: “Para las víctimas el “homicidio colectivo” es un eufemismo para no reconocer la carga y la importancia que deberían tener estos hechos. Simbólicamente sí tiene un valor”.

Lo cierto es que los conceptos de “homicidios colectivos” o “masacre” no están ni en el código penal colombiano ni en las normas internacionales. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, en el caso que adelanta sobre las masacres de Ituango, San Roque y el homicidio de Jesús María Valle, en el que está siendo investigado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, dijo que a la masacre, como se le conoce, en realidad es un concurso de homicidios y lesiones personales agravados por diferentes motivos.

¿Cuáles serían esos agravantes? De acuerdo con el código, el número de personas asesinadas simultáneamente por la misma persona o grupo armado, la sevicia, el estado de indefensión o si hace parte de un genocidio, es decir, de asesinatos o atentados que buscan destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

Para Garzón, recurrentemente, en Colombia se llegan a estos debates semánticos. “No es la primera vez. También sucede con otros conceptos, como neoparamilitarismo o bandas criminales. Usualmente, estas discusiones son utilizadas para expresar posiciones políticas. Como nos referimos a las cosas terminan reflejando nuestras posturas y preferencias”.

Para otros expertos, como Alberto Sánchez Galeano, investigador en seguridad ciudadana y crimen organizado, “si el objetivo es explicar dicha gravedad desde la intervención pública, lo peor que se puede hacer es tratar de cerrar la discusión frente a un concepto único”, según advirtió en su cuenta de Twitter.

Galeano agregó que “la responsabilidad del sector defensa es comunicar y atender la gravedad de la situación, no cuestionar la comprensión pública del problema”. Si bien la discusión semántica es clave, para él, en este momento, “el acuerdo fundamental debe ser frenar la escalada de violencia y mitigar el impacto humanitario que implican los cambios que estamos viendo en algunas confrontaciones armadas en el país”.

FUENTE: EL ESPECTADOR