La niñez indígena sufre unas condiciones muy diferentes a las del resto de los niños en el país. Esa realidad se intenta combatir para mejorar sus condiciones de nutrición, salud y educación.

El 26 de agosto de 2009, varios hombres armados, uniformados y encapuchados entraron con la madrugada al resguardo indígena awá El Gran Rosario, cerca de Tumaco, en Nariño. Los relatos de testigos dicen que unos 15 indígenas de esa comunidad los esperaban porque habían sido invitados a sembrar arroz yuca. Pero todo era una mentira.

Los armados los acostaron boca abajo y les dispararon. Murieron 12. Los masacraron porque buscaban silenciar a un miembro de la comunidad que habría sido testigo de un homicidio. Entre las víctimas estaban Yeison Ferney, de seis meses de nacido; Angie Jazmín Rodríguez, de cinco años; Laurencio Rodríguez, de cinco años; Alexánder Rodríguez, de cinco años; Luis García, de 13 años; y Roberto Guangua, de 17 años.

Ese hecho cruel todavía no lo olvida la comunidad awá y fueron esos nombres la razón principal por la que, el 24 de septiembre de 2018, el conjunto de organizaciones indígenas en Colombia decretó el 26 de agosto como el Día Nacional de la Niñez Indígena. Fue un acto de resistencia y de supervivencia que llegó al Congreso de la República en forma de proyecto de ley para que esa fecha sea institucionalizada en el país y, al tiempo, se promuevan políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de los niños de las comunidades indígenas en el país.

La iniciativa arribó al Congreso el 27 de agosto de 2019, de la mano de los representantes a la Cámara Abel David Jaramillo Largo y César Augusto Pachón, y el senador indígena Feliciano Valencia Medina. Pasó los dos debates en esa corporación y se apresta a iniciar su ronda en el Senado de la República, en donde el senador Valencia será ponente.

“Busca generar condiciones de protección integral de la niñez indígena. Las autoridades indígenas han decidido hacer esta conmemoración y llamar al país a declarar este día, porque la niñez es su presente y su futuro, y hay que protegerla integralmente. Se llama a una concurrencia de responsabilidad del Estado para que se generen las condiciones de protección”, comenta la representante a la Cámara Ángela María Robledo, quien ha estado muy cerca de este proceso.

De acuerdo con la congresista de la Colombia Humana, en el país no ha habido una verdadera política diferencial y protectora de las comunidades indígenas y, en particular, del cuidado del presente y el futuro de los niños, niñas y adolescentes de estas comunidades.

El artículo tercero de ese proyecto contiene los asuntos más gruesos, como establecer que el Estado garantice que la niñez indígena acceda a “brigadas de salud y alimentación, jornadas de trámite de documentación, registro civil de nacimiento y afiliación al sistema de seguridad social en salud, así como a educación extraescolar, recreación y a espacios de expresión, reflexión y construcción de propuestas que los beneficie”.

También se cuenta el diseño de los lineamientos de una política pública con enfoque de derechos “para la atención diferencial y el bienestar de la niñez indígena, que resuelva de manera integral, articulada, efectiva y a escala local la violación endémica de sus derechos humanos y fundamentales”.

“No es igual un niño indígena a uno de la ciudad”

De ese enfoque diferencial para los indígenas habla Lejandrina Pastor, consejera de la Consejería Mujer Familia y Generación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “No es igual un niño indígena que un niño de las ciudades. La situación en el territorio, por el conflicto, no es fácil. La violencia y el desplazamiento afecta más a los niños. En plena Bogotá, por ejemplo, uno se encuentra con indígenas embera chamí o embera dobidá en las calles, que se vinieron creyendo encontrar una mejor vida en las calles porque allá, en los resguardos, se cruzan con las balas”, dice Pastor.

En ese sentido, resalta que uno de los mayores problemas que enfrenta la niñez indígena es la desnutrición y la falta de agua potable. “No pedimos un acueducto por familia ni por comunidad, pero sí un programa que disminuya la desnutrición. No hay agua potable, el agua que se toma es directamente de la lluvia”.

Esa falta de agua repercute en afectaciones de la salud que son prevenibles en los menores. Cuenta Pastor que, según cifras de Medicina Legal, en 2019 murieron 24 niños indígenas entre cero y cuatro años por diarrea, gripa y otras afectaciones similares.

La pandemia del nuevo coronavirus también ha pasado factura a las niñas y niños indígenas. “Los padres no se pueden quedar en las casas, tiene que salir a buscar alimento, pero encontramos muchos niños huérfanos, las muertes de padres y madres, y muchos niños criando niños. En esta emergencia, en muchos pueblos indígenas solo recibieron un solo mercado”, relata.

Janneth Lozano Bustos, directora de la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (Codacop), quien ha trabajado de la mano con las comunidades indígenas, explica que se han hecho cada vez más evidentes los problemas de desnutrición y las brechas en educación, salud y una alta mortalidad infantil.

“Cuando empezamos a diagnosticar los problemas, encontramos que la mortalidad infantil de niños indígenas era casi 20 veces más alta que la media nacional. Hablo de hace 12 o 15 años. Nos pedían certificar eso porque decían que no era posible. Hoy vemos que sí es posible esa diferencia, tal vez no de 20 veces más, pero sí de siete u ocho veces más”.

El trabajo que se realiza desde la corporación va en dos líneas. La primera, en un ejercicio interno con los pueblos para que tengan sus propias políticas de protección de la niñez desde sus tradiciones y costumbres. La segunda línea tiene que ver con una incidencia en las instituciones para que se implementen políticas que impacten en las realidades de los niños indígenas.

También pone de presente que uno de los problemas más urgentes por atender en la desnutrición infantil. “Eso no se resuelve como lo ha querido hacer el Estado, llevando Bienestarina y suplementos alimenticios. La solución debe ir orientada a propiciar condiciones que garanticen la autonomía y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas, que puedan producir el alimento para sus hijos”, apunta.

En esa misma línea subraya las brechas educativas. Si bien, dice, los niños indígenas pueden acceder a escuelas, muchos no la terminan y muy pocos pueden acceder a la educación superior. “La deserción es muy alta. Los que logran salir del bachillerato no tienen posibilidad de tener un trabajo digno en sus territorios, entonces se van a las ciudades. Las niñas se van a trabajar en servicio doméstico y los niños, en servicios varios, en vigilancia”, comenta Lozano. Ese es un terreno fértil, por supuesto, para el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales o por parte del Ejército.

Por esas razones es tan importante para Lozano que el proyecto de ley llegue a buen puerto en el Congreso, tanto por el valor simbólico y político como por el mensaje que envía al país, al aceptar que los niños indígenas viven situaciones especiales que deben atenderse. “Una ley se convierte en una herramienta para incidir en las instituciones. Para mí, tiene el sentido de reconocimiento de una situación particular que viven los niños y niñas indígenas, que no es la que viven los otros niños del país”.

Desde el Gobierno, una apuesta que podría impactar de manera positiva en el futuro de la niñez indígena es la reciente creación, a través del Decreto 1158 de 2020, de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, que quedó bajo la sombra del Ministerio del Interior y en donde esa cartera tiene el deber de garantizar el fortalecimiento de dicha comisión a través de proyectos de inversión.

FUENTE: EL ESPECTADOR