Desde el asesinato de los cinco menores en el barrio Llano Verde, las familias no han dejado de recibir amenazas e intimidaciones que podrían repercutir en un nuevo desplazamiento forzado. Este barrio, parte de la comuna 15 de Cali, del Distrito de Aguablanca, se creó para las víctimas del conflicto armado, pero hoy está sitiado por la violencia.

Álvaro José Caicedo no sabe a ciencia cierta si este será el tercer o cuarto desplazamiento que sufre. Tampoco entiende ni le interesa saber si lo que vive es considerado un capítulo más de la guerra en Colombia. Solo tiene un deseo irrealizable: devolver a la vida a su primogénito, que llevaba su mismo nombre.

Alvarito, como le decía de cariño, fue una de las cinco víctimas fatales de la masacre del 11 de agosto, ocurrida entre los cañaduzales que comunican el barrio Llano Verde, al oriente de Cali, con el corregimiento de Navarro. Un paraje que por años ha sido el espacio de entretenimiento de al menos tres generaciones de jóvenes, pero en el que ahora se buscan rastros y huellas de los responsables que segaron la vida de Luis Fernando Montaño, Jean Paul Perlaza, Léyder Cárdenas, Álvaro Caicedo y Jaír Andrés Cortés.

Algunas versiones de familiares indican que los cinco amigos habrían salido hacia los cañaduzales a elevar cometa cuando desaparecieron y aunque las conclusiones sobre lo que pasó son apresuradas, lo único cierto es que los jóvenes fueron víctimas de la violencia urbana que se ha callado por años en Cali y ha dejado, en tres años, 200 jóvenes asesinados en Llano Verde y otros once reclutados por grupos armados ilegales.

Las voces de sus familias están silenciadas. No solo por el dolor que dejó la partida de los jóvenes, sino también por el recrudecimiento de la violencia. Erlendi Cuero, coordinadora la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) en Cali y residente de Llano Verde, dijo que la falta de implementación de la política pública afro en Cali ha sido el talón de Aquiles de lo que se vive hoy en el oriente de la capital del Valle. Y otro líder, que pidió no revelar su identidad por seguridad, aseguró que todas las familias están buscando salir del barrio, por la zozobra que sienten luego de este trágico hecho.

La violencia en el Distrito de Aguablanca

Cada siete días la violencia ha cobrado una vida joven en el barrio Llano Verde. Y si bien las hipótesis en torno a estos hechos victimizantes son varias, no existe claridad de un patrón de sistematicidad para atribuirle los asesinatos a un solo actor armado. Un líder comunitario le dijo a este diario que desde el asesinato de los cinco menores de edad, la Alcaldía decidió militarizar el barrio, sin ser esto una garantía de que las cosas fueran a mejorar. “La fuerza pública viene un rato, para disimular la ausencia del Estado. Al cabo de un par de días se van sin resolver los problemas de raíz. No sabría a quién atribuirle los desastres en la seguridad, porque no estamos del todo solos, pero tenemos apenas un cuadrante de Policía (en Llano Verde) que tiene una cobertura amplia que se le sale de las manos”, denuncia.

Según él, las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 son focos de delitos encabezados por pandillas y sicarios, sin descartar la posibilidad de que Grupos Armados Organizados (GAO) estén detrás del orden en las rentas que deja el microtráfico en las calles. “En barrios como Ciudad Córdoba, Laureano Gómez y Llano Verde los problemas de las fronteras invisibles son muy fuertes. Cerca al lugar de la masacre, la pandilla Los Rusos se pelea la calle con otros muchachos que se hacen llamar El Caguán. Hay otros conocidos como Pandilla La Virgen, que con extorsiones y atracos cercan a su parecer algunos puntos de Llano Verde, diciendo que el que irrespete se vuelve objetivo para ellos o su combo”, agrega.

Este mismo panorama de pandillismo y manifestaciones cercanas al sicariato es mostrado por un informe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), emitido en el segundo trimestre de 2019, en el que examinan las políticas públicas en seguridad y convivencia en la ciudad. Allí se advierte que, además de los grupos ya mencionados, desde 2014 barrios como Mojica, Comuneros I, El Retiro, El Vergel, Manuela Beltrán, Alfonso Bonilla Aragón y El Vallado han sido zonas con tendencia a acentuar factores de vulnerabilidad, como microtráfico en ollas de expendio, presencia de pandillas, altos índices de necesidades básicas insatisfechas y trata de personas, entre otras.

Un problema estructural

Como si la masacre no hubiese sido suficiente, las denuncias de amenazas, hostigamientos y acosos no han parado desde que ocurrió la tragedia: “Hubo una vez que nos dejaron unos arreglos fúnebres en tres calles principales del barrio. Los dejaron ahí tirados frente a unas casas sin nombres ni remitentes. Todos entendimos la amenaza”, cuenta una residente de Llano Verde. A eso se suma la granada que explotó un día después de la masacre frente al CAI del barrio, a pocos metros de donde sonaban cantos y alabaos en despedida de los jóvenes, que cobró la vida de una persona más.

La lista de hechos violentos se terminó de engrosar la madrugada del lunes 17 de agosto, cuando una de las huertas comunitarias que cuidaban para abastecerse en Llano Verde amaneció incinerada. Nadie dice nada. Tras la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, entre el Estado y las extintas Farc, dicen, se vivió un ambiente de paz y convivencia. Sin embargo, en ese año, según datos de la pasada Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, llegaron a la ciudad al menos tres o cuatro personas desplazadas diariamente. Muchas de ellas eran familias que buscaban asentamientos o ayudas para contar con estándares básicos de saneamiento y techo digno y salir así de la pobreza extrema.

En la alcaldía de Rodrigo Guerrero (2012-2015) se acrecentó la necesidad de reubicar a las familias que vivían en sitios aledaños al jarillón del río Cauca, en el Distrito de Aguablanca. Después de una serie de estudios de modelaje hidráulico realizados en esa administración, se dieron a conocer en detalle los riesgos que implicaba vivir en esa zona propensa a inundaciones por la ruptura del jarillón y, consecuentemente, se creó el “Plan Jarillón”, un programa con el que buscaban entregarles casas a unas 8.700 familias en un barrio recién constituido que al menos les permitiera vivir a las personas sin un desastre natural inminente al lado de sus hogares.

Pero además de las familias reubicadas también se organizaron varios lugares que antes eran parte de la zona rural de Cali, para construir barrios con viviendas gratuitas con destino a las víctimas del conflicto armado que estuvieran registradas ante la Unidad de Víctimas. “Llano Verde es un barrio relativamente nuevo, con apenas cinco años de creado. Es un barrio que se pensó que fuera para la paz, porque acá todos somos víctimas y llegamos con una nueva esperanza, pero no ha sido color de rosa”, dice Cuero. Este fue el caso de las familias de Montaño, Cortés, Perlaza, Cárdenas y Caicedo.

Los años más críticos en materia de seguridad comenzaron en 2017 y la zozobra no ha parado desde entonces. En el Semillero de Paz “Llano Verde, viva la vida vive en paz”, aseguran que en estos tres años han reclutado a once menores de edad. Los trabajan, los convencen y ante la falta de oportunidades se los llevan a recoger coca con grupos al margen de la ley en municipios como Jamundí (Valle), Santander de Quilichao (Cauca) y Tumaco (Nariño).

“Llano Verde era como una luz en medio de tanta incertidumbre y oscuridad”, mencionó Álvaro Caicedo, quien tuvo que salir con sus hijos de la finca que tenían en La Montañita, municipio de Doncello (Caquetá), luego de que grupos armados los desplazaran. “No me quiero acordar de eso ni de quiénes fueron. Ese capítulo ya está cerrado”, menciona.

De su tierra natal salieron en 2007 y desde entonces son contadas las veces que han podido regresar. “¿A qué, si no hay garantías?”, repite. Su primer destino fue Pasto, donde permanecieron por algunos días hasta que consiguieron llegar hasta el barrio Petecuy, en el centro de Cali, donde vivieron por los primeros años hasta que la Alcaldía decidió que fueran beneficiarios de las viviendas gratuitas que se entregarían en Llano Verde.

Aunque agradece por las oportunidades que ha tenido en la ciudad, desde ese momento hasta hoy ha vivido varias tragedias: “Acá en el barrio me asesinaron a un primo, que era como mi hermano. También me mataron hace poco a un tío e, incluso, yo trabajaba con caballos arrieros y una vez alguien quemó mi caballo y cuando compré otro, me lo robaron, pero ahora me matan a mi hijo… Yo me quiero ir de acá, tengo miedo por el resto de mi familia”.

Fernanda Benavides, quien trabajó en el proyecto de Bibliotecas Públicas de Cali en este barrio, dice que de los cien estudiantes que llegaban todos los sábados después del mediodía al parque de Llano Verde para aprender a leer y escribir, el que más recuerda es a Léyder Cárdenas (quince años). “Él era el que nos ayudaba a enseñarles a los más pequeños a leer, pero me acuerdo que me decía constantemente: ¿Profe, yo leo para mí, no quiero leerle a otro’”, recuerda con nostalgia.

La historia que Cárdenas escribía cada sábado en las hojas sueltas que les entregaban en el parque están guardadas en la mente de su profesora, quien recuerda que aunque le gustaba leer y escribir, sus mayores sueños los plasmaba en dibujos. “Él iba al club, pero no tanto por la lectura, a él le gustaba mucho dibujar y hacía dibujos de él jugando fútbol, porque eso era lo que quería”, dice. Aunque otra de sus grandes pasiones la descubrió en ese club, cuando hicieron la actividad de Llano Verde Film, una obra de teatro en la que no ocultó en ningún momento entusiasmo por las cámaras. “Nosotros le decíamos que actuara, pero no quería y no quería y de repente cuando les mostramos una cámara y comenzamos a repartir roles, él se decidió a estar detrás de la cámara y desde allí demostró su interés por eso”, dijo Benavides.

Carlos Tenorio, residente de la zona y amigo de los cinco jóvenes asesinados, tiene pocas palabras para describirlos, pero asegura que sus amigos no eran criminales. Se encontraban cada semana en el grupo de hip-hop y rap del barrio y componían canciones en sus tiempos libres. De Luis Fernando Montaño y Jair Cortés recuerda sus habilidades para el fútbol. Dice que pasaban tardes enteras detrás de un balón mientras hablaban de llegar a ser los próximos cracks de la selección Colombia.

Una defensora de derechos humanos de la Comuna 15, quien dice que desde que comenzó a hacer denuncias sobre lo que pasa en la zona la han intimidado a las afueras de su casa. Contó que, por las dinámicas propias del conflicto armado del país, la mayoría de las familias tienen a mujeres cabeza de familia que luchan por sacar adelante a sus hijos sin poder descuidarlos.

De hecho, mencionó que la madre de una de las víctimas fatales ha perdido tres hijos en los últimos diez años. Dos de ellos en la guerra, antes de ser desplazada a Cali y ahora carga con el dolor de la pérdida de su hijo de catorce años. “Nosotros no somos gente común en un barrio común. Acá todos somos familiares y primos y todos nos hacemos cargo de todos. Somos una comunidad afro que venimos del campo, que no estamos acostumbrados a las dinámicas de la ciudad y a quienes nos han invisibilizado por muchos años”, comenta Erlendi Cuero.

La labor de proteger a las víctimas del conflicto armado en Cali es, en este momento, de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, repite una y otra vez al teléfono otro líder de Llano Verde. Sin embargo, en entrevista con El Espectador, Danis Rentería, secretario de esta cartera, aseguró que no hay ningún programa en ejecución por el momento, porque “los dejaron sin presupuesto por la pandemia”.

Para Katherine Aguirre, investigadora del Instituto Igarapé, esto no es una excusa para descuidar la seguridad ciudadana y menos si hay víctimas del conflicto de por medio. “Esta segunda administración de Jorge Iván Ospina llegó para arrasar la seguridad. Al final de su primer mandato vimos que dejó las cifras de homicidios por cada 100.000 habitantes casi triplicando la media nacional. Y ahora, con las secretarías de Paz y Cultura y Seguridad y Justicia, dice que no hay recursos por culpa de la pandemia; lo cual en parte puede ser cierto, pero no por eso se puede pasar por alto la complejidad de la violencia en Cali o no hacer un acompañamiento completo a comunidades vulnerables. Ojo, estamos ante una Alcaldía que quitó la estrategia de los gestores, lo cual lleva a que las políticas de seguridad cojeen”, asevera Aguirre.

FUENTE: EL ESPECTADOR