La decisión provisional responde a la solicitud de protección de la Comisión Colombiana de Juristas y por el video en el que se ven restos humanos expuestos tras excavaciones hechas por la Alcaldía de El Copey para enterrar víctimas del COVID-19. Hay indicios de que los cuerpos enterrados allí podrían ser víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió decretar provisionalmente medidas cautelares de protección sobre los cuerpos inhumados en el terreno colindante al cementerio municipal de El Copey (Cesar). Este lote, según la Comisión Colombiana de Juristas, representante de las familias de posibles víctimas enterradas en este lugar, está destinado por la Alcaldía para ser cementerio.

En el video hecho por un habitante, en el que denuncia que el alcalde Francisco Meza ordenó la excavación de diez tumbas para víctimas del COVID-19, se observan restos humanos que quedaron expuestos sin ningún tipo de protección. Además, la CCJ le sostiene a la JEP en su solicitud que allí podrían haber “más de 50 cuerpos que fueron inhumados relacionados varios de ellos con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas realizados por miembros del Batallón de artillería la Popa No. 02”.

De acuerdo con esta organización, mucho antes de conocerse el video por redes sociales ya tenían denuncias de moradores sobre intervenciones en el terreno en horas de la noche por personas desconocidas y por tal motivo ya habían pedido medidas cautelares de protección a la Fiscalía sin que estas se cumplieran de forma permanente.

“Se verifica por parte de la Sección la existencia de un riesgo inminente derivado de la exposición de estructuras óseas, aparentemente humanas, en sitios de disposición irregulares que no cumplen con condiciones técnicas mínimas, que garanticen su conservación, preservación integridad y custodia, lo cual afecta su dignidad y la de sus familiares. Tal situación puede repercutir en dificultades para el abordaje de la investigación técnico-científica que permita esclarecer las circunstancias de la muerte y plena identidad de estas personas”, asegura el auto. Por esta razón decretaron de manera inmediata la protección del lugar y los restos.

En la decisión, la JEP le exige a la Alcaldía de El Copey que suspenda la manipulación, exhumación y traslado de los restos que se encuentran en este lote y que en un término de 15 días disponga de un lugar donde se garantice la preservación de los cuerpos no identificados.

La medida será provisional mientras la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad decide incorporar este lugar dentro de las investigaciones por el Caso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por agentes del Estado para que defina una medida cautelar permanente sobre el terreno.

Finalmente, también le ordena a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP que vaya al lugar a hacer las investigaciones necesarias para determinar si se mantienen o no las medidas de protección.

Este jueves 30 de julio, luego de una reunión con el alcalde Francisco Meza, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas declaró el terreno como “lugar de interés para la búsqueda” y solicitó a las autoridades reforzar las medidas de protección. También activó una mesa técnica con la Alcaldía de El Copey para disponer de forma adecuada los cuerpos de fallecidos por COVID-19.

¿Quiénes podrían estar enterrados allí?

De acuerdo con la Comisión Colombiana de Juristas, los cuerpos de Oscar Alexander Morales, Octavio Bilbao y Germán Leal fueron enterrados en este lote desde 2008, luego de ser asesinados por miembros del Batallón de Artillería N° 02 La Popa.

“El 16 de enero de 2008 los cuerpos de los jóvenes aparecieron en una carretera destapada que lleva a la vereda El Reposo, en zona rural de El Copey. En el acta de levantamiento de los cuerpos quedó inscrito como homicidio por arma de fuego en presunto enfrentamiento con el Ejército”, sostiene la CCJ.

Sin embargo, según los familiares que representan, los jóvenes desaparecieron después de acudir a ofertas de empleo. Aunque han hecho pruebas de identificación con algunos cuerpos en el lote, todavía no han sido identificados y encontrados, de ahí el interés de la CCJ y las familias en que se protejan los restos allí enterrados.

Sus casos hacen parte del informe “¿Qué futuro nos espera?” entregada a la Sala de Reconocimiento el 7 de marzo de 2019, en el que documentan 23 hechos de ejecuciones extrajudiciales relacionados con el Batallón La Popa. En la entrega también se hizo la solicitud de protección del cementerio alterno del Copey.

FUENTE: EL ESPECTADOR