Con apenas 12 años fue abusada por seis hombres. Para ayudarla, su padre debió romper las barreras que surgieron en su propia comunidad. Fiscalía busca a los victimarios.

La semana pasada, el país conoció una nueva historia de abuso sexual en contra de una niña indígena. El caso tenía un agravante: la pequeña, de apenas 12 años, perteneciente a la etnia kankuama, localizada en la Sierra Nevada de Santa Marta, estaba embarazada. Ella misma les narró a sus familiares detalles de su traumática vivencia. Para empezar, que fueron seis sus agresores, que la violaban cada vez que tenían oportunidad y que, además, la amenazaban con matarla a ella o a su familia si se atrevía a contar.

Según el relato de la víctima, las violaciones fueron sistemáticas durante dos años. Es decir, desde que ella tenía 10 años. La niña por miedo no dijo nada, pero el embarazo dejó en evidencia los horrores a los que era sometida. Su caso, sin embargo, no derivó en alguna de las 14 barreras que ha identificado la Corte Constitucional para la realización de abortos legales. Recibió ayuda, asesoría, acompañamiento y logró acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) de forma segura y oportuna.

La ruta de atención que recibió funcionó como debe funcionar para las mujeres que quieran abortar tras haber sido víctimas de violencia sexual: rápido, sin obstáculos y priorizando las necesidades y los derechos de la víctima sobre cualquier circunstancia. Esta vez tuvo éxito un caso que tenía todos los pronósticos en contra, ya que se trataba de una indígena (población vulnerable), con padres de escasos recursos y que vivía en zona rural de difícil acceso, donde la justicia está en manos de un cabildo que, al parecer, no hizo lo suficiente. 

Aun así no fue sencillo. Los obstáculos no estuvieron en la red de salud, sino en su propia idiosincrasia. Para que la niña recibiera ayuda fue necesaria la intervención de muchas personas. El padre de la pequeña indígena, Jhonny Ariza, aseguró a El Espectador que desconocía lo que le estaba pasando a su hija, porque se dedicaba a trabajar durante largas jornadas para velar por el bienestar de sus cinco hijos y de su esposa, quien, asegura, tiene problemas mentales y no está facultada para trabajar o cuidar de los menores. 

“Me di cuenta de lo que pasaba por el embarazo. Ella ya tenía tres meses y todo el pueblo sabía menos yo. Cuando me enteré, puse la demanda con una organización indígena, pero no me pararon bolas, querían tener eso tapado, no querían que el tema saliera de El Mojao (vereda), no sentí apoyo del cabildo. Tuve que tomar la decisión de denunciar afuera porque es mi hija, si la dejaba parir y se hubiera muerto, había perdido yo”, dice Ariza. 

Por eso buscó la ayuda de la Asociación Indígena Kankuamos Unidos de la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual aceptó acompañar y asesorar a esta familia que no tenía idea de qué hacer. De hecho, Jhonny Ariza, como tantos otros miembros de su pueblo, ni siquiera sabe leer. Las salidas del corregimiento estaban (y están) vigiladas por hombres del cabildo, especialmente ahora por la pandemia. Entonces, cuenta Ariza, para salir del territorio tuvieron que inventarse que la niña estaba muy enferma.

“Nos tocó hacer uso de artimañas para sacar al papá y a la niña. El 13 de julio, a las 5:00 de la madrugada, una persona los llevó hasta Valledupar (Cesar). Habíamos hablado previamente con la directora de la Casa de Justicia del barrio Nevada, quien nos estaba esperando. El comisario de familia fue muy ágil, enseguida llamó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y a la Fiscalía, que vía telefónica tomó la declaración al padre”, contó Sabas Álvarez, abogado de la Asociación.

Luego fueron al Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) del ICBF. Inmediatamente la defensora de familia Diana Karolina Oviedo entregó la orden para la interrupción voluntaria del embarazo de la niña. “La IVE cuenta con garantía constitucional en los tres casos permitidos por la ley, y en el caso de las menores de 14 años no se requiere ninguna exigencia, más allá del consentimiento de la niña o adolescente gestante, a quien debe garantizársele el acceso a este procedimiento”, se lee en la orden.

Ese mismo día se dirigieron con la niña al hospital Rosario Pumarejo de López -entidad sumida en una profunda crisis económica porque el Estado le debe más de $120.000 millones-, donde le practicaron el procedimiento y la tuvieron bajo cuidado hasta el miércoles 15 de julio. Cuando fue dada de alta, tal como lo ordenó la defensora de familia, fue remitida a un hogar sustituto del ICBF para protegerla mientras avanzan las pesquisas judiciales por las violaciones de las cuales fue víctima.

La investigación

Mientras tanto, el abogado Álvarez asegura que él mismo se trasladó con funcionarios del CTI de la Fiscalía a realizar las indagaciones del caso, pero solo pudieron llegar hasta el corregimiento La Mina, donde le tomaron declaración a una tía de la menor, quien fue la primera en enterarse del abuso sexual al que era sometida la niña. A la vereda El Mojao, lugar donde ocurrieron los hechos, no tuvieron acceso, pues, afirma el abogado, las autoridades indígenas impidieron la entrada.

“Estamos a la espera de que se produzcan capturas. La Fiscalía está trabajando en la individualización de los presuntos agresores porque son conocidos con apodos, entonces hay dificultad para obtener nombres y números de cédula. No se ha contado con la colaboración de las autoridades indígenas, más bien han entorpecido la investigación. Se sabe que cinco de los hombres son moradores de El Mojao y el otro es del corregimiento Patillal. Tres son menores de edad. La niña dio los nombres, los reconoce a todos”, agregó.

Para el padre de la niña, quien asegura que también conoce a los presuntos agresores de su hija, esta ha sido una tragedia por punta y punta. Permanece en un corregimiento a las afueras de Valledupar abrumado por la incertidumbre de tener lejos a sus  hijos, pues tras conocer el caso de la niña el ICBF visitó su casa y, tal como lo indicó en un comunicado público la propia entidad, encontró a sus hermanos en malas condiciones de salud. Por eso, los cuatro niños están en casa de familiares en Valledupar, bajo supervisión de Instituto. 

“Me da dolor porque he luchando por ellos. No tengo empleo, trabajo del rebusque, limpiando, soy campesino. Buscaba para la comida, los atendía, les cocinaba, hacía todo. Estábamos luchando la vida. La niña ya se iba a graduar de quinto grado y los otros niños también estaban estudiando”, explica Ariza, quien el pasado martes visitó a la defensora de familia para saber de sus hijos. Habló con la niña por videollamada. “Me quiero ir con usted”, le suplicó la pequeña.

Por ahora, a todos ellos no les queda más que esperar. Jhonny Ariza cree que volverá a estar con sus hijos en un par de meses, como le aseguró la funcionaria, quien, además, le entregó un mensaje de las autoridades kankuamas. “Me dijo que se comprometieron a arreglar mi casa, que le iban a poner puertas, piso, baño. Pero que necesitaban que estuviera allá. Le dije a la muchacha del Bienestar que si me prestaban seguridad para ir, y me dijo que no, pero que no me iba a pasar nada malo”.

Ariza dice que tiene toda la intención de ir a arreglar su casa para que le devuelvan a sus hijos, pero la madre de él le suplicó que no lo hiciera porque “allá tiene enemigos”. Por el momento, el único consuelo para este padre es saber que hizo lo que estuvo a su alcance por el bienestar de su hija y que ella está recibiendo la atención profesional que le permitirá seguir adelante y superar los ataques que vivió. 

Para la abogada Catalina Calderón, quien trabaja en la eliminación de barreras para el aborto en Latinoamérica desde la organización Women’s Equality Center, en el buen desarrollo de este caso fue fundamental el acompañamiento que hizo la Asociación a la niña y a su familia. “Las ONG, especialmente territoriales, conocen cómo navegar el sistema, conocen la ruta, alertan al ICBF, a la Defensoría y a todas las entidades pertinentes, y resultan haciendo la diferencia”. 

Lo complejo, agrega Calderón, es que “las niñas y mujeres que cuentan con un respaldo así son muy pocas. La mayoría terminan lidiando con barreras y, por si fuera poco, con el estigma social”. Señala que cualquier mujer que requiera IVE dentro de las causales permitidas debería tener acceso al procedimiento de manera rápida, pues cada día cuenta. “La invitación es a que, especialmente en las EPS, se empiece a hablar de aborto sin tapujo, con términos que las mujeres entiendan”. 

Y, lo más importante, insiste Calderón: “Sin barreras, para evitar casos repletos de trabas impuestas por el sistema”. Barreras que la Corte Constitucional ha documentado a través de las múltiples tutelas que ha tenido que fallar para proteger a mujeres que se estrellaron con un muro cuando quisieron que el sistema de salud les permitiera la interrupción de su embarazo. El alto tribunal habla de por lo menos 14, que incluyen la malinterpretación de las causales, el mal uso de la objeción de conciencia o las exigencias indebidas.

El caso de la niña kankuama contrasta con el reciente debate que despertó un proyecto de ley prometido para esta legislatura por la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra, quien se autodenomina defensora de la vida del no nacido. Su iniciativa, según lo que se ha conocido, es que el concepto del padre sea obligatorio para abortar en casos que no provengan de una violación. Quienes defienden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han indicado desde ya que, simplemente, podría resultar siendo un obstáculo en un proceso que, de por sí, sufre de trabas a diario.

FUENTE: EL ESPECTADOR