En una audiencia reservada, los reincorporados le explicaron a los magistrados de esta justicia cuáles han sido los incumplimientos y por qué eso afecta su seguridad. La Comisión Nacional de Garantías y el enfoque de género fueron temas prioritarios en la diligencia.

Parece una afirmación obvia o sencilla, pero está lejos de serlo. Los excombatientes de las extintas Farc, una vez más, aseguraron que su seguridad depende de la implementación del Acuerdo Final de Paz. Pero esta vez se lo expresaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que recientemente aceptó estudiar la posibilidad de decretar unas medidas cautelares que logren disminuir los asesinatos de los exguerrilleros, que a julio ya está en 219.

La audiencia virtual, de carácter reservada, fue realizada por la JEP para escuchar a los excombatientes que estaban en el antiguo Espacio Territorial de la Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Santa Lucía, en Ituango (Antioquia), y que fueron obligados a desplazarse hasta Mutatá, principalmente, por cuestiones de seguridad. El espacio fue aprovechado para explicarles a los magistrados por qué creen que han aumentado la violencia y los riesgos en su contra.

El primero en tomar la palabra fue el exjefe guerrillero Pastor Alape, quien explicó las estadísticas de los homicidios. De acuerdo con Alape, un firmante de paz es asesinado cada semana. Desde que inició la pandemia, se han registrado 19 víctimas. “Es el Gobierno y las instituciones los responsables de este genocidio que empieza a configurarse contra los ciudadanos y ciudadanas que dejaron las armas para reconocer y asumir el régimen constitucional colombiano. Con incertidumbre y zozobra, nos preguntamos: ¿cuál será la cifra final de firmantes asesinados cuando culmine este proceso judicial?”, expresó ante el Tribunal de Paz.

Alape resaltó que la estigmatización es uno de los grandes problemas. A pesar de que recientemente se aprobó, en el marco del Consejo de Reincorporación, la estrategia para la prevención temprana y superación de la estigmatización dirigida a los exintergantes de la guerrilla, sus familias y la comunidad, no ha habido una buena implementación: “Resulta insuficiente, sin la existencia de voluntad política y el establecimiento de una política pública, restablecer una cultura de paz, la cual va más allá de la financiación y la puesta en marcha de la estrategia para fortalecer medidas”.

Mencionó que los señalamientos y la deslegitimación del Acuerdo Final de Paz, promovidos al interior de las instituciones que componen cada una de las ramas del poder públicos, y los enjuiciamientos permanentes a las Farc sobre un supuesto incumplimiento de sus compromisos son ejemplos claros y recurrentes de ello.

Otros excombatientes también tomaron la palabra. Aunque por seguridad no se revelaran sus nombres, estas personas le dijeron a los magistrados que existe una desconexión profunda entre el centro del país y las regiones, cuyas necesidades y propuestas son desconocidas. A eso hay que sumarle, según ellos, el abandono estatal y el incremento de la inseguridad en los territorios, debido a la falta de implementación de los acuerdos, en el que se pactó el desmonte de grupos paramilitares, a través del Sistema integral Para el Ejercicio Integral de la Política (Sisep).

“¿Qué queremos? Que se ordene el funcionamiento pleno del Sistema integral Para el Ejercicio Integral de la Política, dentro del cual hay una serie de instancias, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, programas de protección, el Sistema de Protección y Alerta para la Reacción Rápida”, afirmó uno de los exguerrilleros.

Con la puesta en marcha del Sisep y de la Comisión Nacional de Garantías “se esperaba avanzar en la consolidación de la política de desmantelamiento de las organizaciones criminales, responsables de los hechos violentos contra miembros del movimiento político, incluyendo las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”.

Por eso, en vocería de los reincorporados, le pidió a la JEP que dentro del trámite de las medidas cuatelares se llame Miguel Ceballos, alto comisionado para La Paz, “en razón de su designación como delegado presidencial en la instancia de alto nivel del Sisep”. Además, solicitaron con urgencia la elaboración y la puesta en marcha, cuanto antes, de los programas de protección.

Sobre su desplazamiento a Mutatá, los magistrados preguntaron si el municipio es seguro. Los exguerilleros respondieron que para ellos en este momento no existe un espacio seguro, pero, al menos, allí cuentan con el apoyo de la comunidad y las autoridades locales, que se han comprometido a protegerlos.

Las peticiones las respaldaron organizaciones de la sociedad civil. Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), señaló que “lamentablemente la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad no está funcionando, de acuerdo a lo que se necesita, es decir, definir y supervisar una política pública y criminal del desmantelamiento de organizaciones criminales”. Y no está funcionando, según Gallón, porque la Comisión no está discutiendo esa política: “Se reúne muy poco y ha realizado otras actividades que no van exactamente a esta dirección”.

Según el decreto que la reglamentó, se debe reunir cada mes y estar encabezada por el presidente de la república con ministros, comandantes de la policía y de las fuerzas militares, jefes de los organismos de control, funcionarios de la Fiscalía, miembros de la sociedad civil y delegados de organizaciones de derechos humanos. Pero hasta el momento solo se ha congregado tres veces: el 30 de enero de 2019, el 12 de agosto de 2019 y el 8 de enero de 2020.

“Esas reuniones, además, se han presentado algunos balances de las entidades del Estado relacionados con los avances de las investigaciones judiciales, de los homicidios. Pero ha sido ausente el carácter proyectivo, que permita abordar las 16 funciones que tiene la Comisión y proyectar mecanismos de respuestas a las situaciones de riesgos que han sido conocidas”, advirtió el jurista. Y cuando se convoca, no llegan todos los funcionarios y los que asisten tampoco tienen poder decisión.

El asunto no es nuevo. En varios medios de comunicación se ha expuesto el problema y, de hecho, añadió Franklin Castañeda, presidente de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), se han enviado numerosas comunicaciones al Gobierno Nacional. Incluso, el 12 de agosto del año pasado se presentó una propuesta de lineamientos de política pública para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y en marzo de este año se entregó un plan de trabajo. La respuesta, manifestaron ambos representantes, ha sido el silencio.

“La Comisión solo ha trabajado en una de sus 16 funciones. Se han rendido cuentas particularmente del cuerpo élite de la Policía y unidades de investigación, pero eso no ha sido acompañado con un proceso de retroalimentación o que nos permita impulsar modificaciones o propuestas para que estos entes puedan mejorar en el desarrollo de sus funciones. O peor, en algunas de ellas el Estado ha decidido dar la espalda a la Comisión Nacional de Garantías. No se han brindado espacios para discutir propuestas”, insistió Castañeda.

La audiencia también tuvo un espacio para las violencias basadas en género. Una vocera de las excombatientes explicó que de los 130 compromisos que se relacionan con el enfoque de género del Acuerdo Final “el 46% no inicia su implementación, el 38% ha tenido un avance mínimo, el 10% solo tiene un avance intermedio y solo el 5% ha culminado su implementación”.

Hoy, puntualizó la exguerrillera, en el diseño y planeación de políticas, así como también programas y proyectos “no se consideran las experiencias diferenciadas ni las desigualdades históricas existentes entre hombres y mujeres. Y mucho menos se tienen en cuenta sus voces, necesidades, experiencias e intereses ni la población diversa”. Esto ha hecho que existan barreras que dificultan su acceso a derechos y oportunidades.

Aseguró, por ejemplo, que muchas mujeres han sido estigmatizadas por las comunidades por haberse ido a la insurgencia y “no cumplir con el rol tradicional de cuidadoras, madres y esposas, que la sociedad ha dispuesto para las mujeres históricamente”. Y ahora, en medio de la reincorporación han quedado “relegadas al trabajo doméstico y al cuidado de los hijos e hijas”. Por eso consideran que están “más expuestas en violencias basadas en género al no tener independencia económica”.

También habló de la falta de acondicionamiento institucional para los procesos de reunificación familiar: “Las entidades han impedido el proceso bajo la lógica o el pretexto de afectar la seguridad jurídica de las exguerrilleras o campesinas, amenazando con arrancar investigaciones penales por el delito de abandono familiar y con la investigación a quienes fueron cuidadores, y para garantizar el acceso mínimo a derechos, hicieron los respectivos registros bajo el delito de falsedad en documento público”.

Después de las intervenciones de los exguerrilleros, llegó el turno de la Fiscalía General de la Nación. Su representante dijo que se están armonizando todos los trabajos, no solamente en la institucionalidad de resolver los casos, sino también de resolver la situación en los territorios. El ente investigador reconoció que en los territorios donde hay excombatientes también existe una fuerte presencia de estructuras criminales que están afectando a los reincorporados y los defensores de derechos humanos.

“Recordemos que en las estructuras criminales hay tres dimensiones: la militar, la política y la financiera. Uno de los objetivos que empezamos en 2020, precisamente con el fortalecimiento del fiscal Francisco Barbosa a la Unidad, es poder estratégicamente disminuir las riquezas de quienes se están haciendo más visibles de las estructuras criminales en los territorios. Es disminuirles la capacidad de dinero para poder parar su expansión o el fortalecimiento de la línea de lo militar, para que en algún momento se logre desarticularlas. Estamos atentos a las sugerencias de la JEP, que sabemos que está haciendo unos contextos que retomaremos para el punto de no repetición”, explicó la vocera.

Además, la Fiscalía afirmó que dentro de la entidad existen equipos exclusivos para atender las victimizaciones de los reincorporados y ahora está entrando a una segunda fase que llamaron sostenibilidad: “A partir de la caracterización de los criterios de una política de priorización podemos abarcar no solo lo que está pasando con los reincorporados, los defensores de derechos humanos a nivel comunitario y, al mismo tiempo, en contra de la población civil. En esa medida hemos construido los proyectos de investigación, en los cuales identificamos las organizaciones criminales responsables de estas afectaciones y buscamos en una tercera fase lograr la consolidación de la información”, y así atacar estos grupos.

Según las fuentes que asistieron a la audiencia, la Unidad Nacional de Protección (UNP) reconoció su incapacidad para llegar a los territorios, sobre todo donde hay problemas de orden público, y brindarles esquemas a los exguerrilleros. Por eso la solución, desde el Gobierno, ha sido trasladar los antiguos ETCR a espacios más seguros, como sucedió con los integrantes del ETCR de Ituango.

Por su parte, la Procuraduría expresó que está haciendo un seguimiento juicioso de los hechos y, constantemente, advierte a las entidades que deben atender a la reincorporación para que se sigan cumpliendo los acuerdos y, a través de una pedagogía cotidiana, se reitere que no se ha abandonado el compromiso de parte del Estado.

Los magistrados, por el momento, seguirán recaudando más información. La próxima audiencia se celebrará, virtualmente, con los exguerrilleros del ETCR Mariana Páez, ubicado en Mesetas (Meta), el 12 de agosto. También se realizarán otras audiencias en los ETCR Carlos Patiño Caliche, en Buenos Aires (Cauca), y Geiler Mosquera, en Puerto Asís (Putumayo), pero hasta ahora no se han confirmado las fechas.