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julio 22, 2020

Las razones por las que Sandra Ramírez puede ser vicepresidenta del Congreso sin pasar por la JEP


La senadora por el partido FARC, que militó durante 35 años en la antigua guerrilla, fue amnistiada por el delito de rebelión con la firma del acuerdo de paz. A pesar de que no se ha encontrado máxima responsable de ningún delito, está a disposición de la JEP.

Este 20 de julio, con la instalación del Congreso de la República, Griselda Lobo, también conocida por su nombre de guerra Sandra Ramírez, fue elegida segunda vicepresidenta del parlamento. Un hecho histórico, pues la senadora fue miembro de la antigua guerrilla de las Farc durante 35 años, desde que tenía 17, y participó en la fase secreta de las negociaciones de paz que desembocaron en la firma del Acuerdo Final, en 2016, y la desmovilización de la guerrilla.

La decisión, como suele suceder con los temas de paz, dividió el país. Muchos estuvieron de acuerdo y consideran que es una acción que consolida los acuerdos pactados en La Habana (Cuba). Pero otros expresaron su molestia: no quieren que los antiguos miembros de la guerrilla ocupen estos altos puestos en el Capitolio sin antes haber contado la verdad sobre hechos atroces que cometieron, como el secuestro, el reclutamiento de menores, la violencia sexual o el desplazamiento. Y detrás de esas discusiones queda el interrogante: ¿Por qué los exguerrilleros pueden estar en el Congreso si no han pasado primero por la justicia?

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Para responder esta pregunta, cabe recordarles que cuando se firmó el acuerdo de paz también se crearon entidades de justicia transicional para conocer la verdad de lo que pasó en más de 50 años de guerra y para sancionar a los máximos responsables de los graves delitos. Una de ellas fue la tan sonada Jurisdicción Especial para la Paz o JEP. Pero ¿quiénes deben ir a esta justicia? Como les hemos contado (puede volver a ver en este video) deben ir obligados los exguerrilleros y los militares y, voluntariamente, los civiles.

Obviamente, la mayoría de las personas que va a juzgar la JEP son los exguerrilleros de las Farc. La razón es sencilla: hacían parte de un grupo ilegal y, para reincorporarse, deben saldar sus líos con la justicia. No en vano hoy hay 9.730 exmiembros de este grupo armado que rinden cuentas allí.

Muchos de ellos ya están libres. Esta justicia les concedió la amnistía o el indulto, que, en palabras sencillas, son perdones y olvidos que les da el Estado por no haber cometido hechos atroces, pero sí haberse ido en su contra. Los delitos que se les achacan a estas personas son políticos, como la rebelión (también puede ver este video donde le explicamos qué es eso en detalle).

Ese es el caso de Sandra Ramírez. Ella nunca fue comandante y tampoco hizo parte del Secretariado de las Farc, es decir, la dirigencia de la guerrilla que tomaba las decisiones. De hecho, hasta hace algunos años, no había sido condenada por la justicia ordinaria. Aun así, Ramírez ha dicho que está a disposición de la JEP para esclarecer lo sucedido en el conflicto armado.

Pero sigamos porque el cuento es largo. Aunque muchos tienen esos perdones, hay otros tantos que deben responder por haber dado órdenes o cometido delitos graves que, bajo ninguna circunstancia, pueden olvidarse ni perdonarse sin antes haber pagado una sanción, como el desplazamiento, la violencia sexual, el secuestro, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, entre otros. A esas personas se les conoce como “máximos responsables”. En el caso de la guerrilla, pueden ser comandantes de los frentes o quienes integraron el secretariado de las Farc.

En la JEP sólo se van a juzgar a los máximos responsables. Y no se mira caso por caso, ni víctima por víctima, sino que se agrupan para dar una explicación general sobre qué fue lo que pasó, por qué se cometieron esos delitos que le hicieron tanto daño al país y quiénes estuvieron detrás. Todo esto para evitar el colapso de la justicia. Son taaantos hechos, que si se investigaran individualmente, los jueces de la JEP no acabarían nunca.

Ahora bien, aunque los exintegrantes de la guerrilla se comprometieron con las víctimas y el Gobierno con que responderían por sus delitos ante la JEP, en La Habana (Cuba), donde se negoció el acuerdo de paz, dejaron claro que al mismo tiempo querían estar en el Congreso. El debate por el punto dos, conocido como participación política, fue arduo. Por un lado, varios sectores políticos y de víctimas advirtieron que ningún grupo armado había llegado al capitolio sin antes haber pagado sus penas. Y, por el otro, las Farc señaló que una guerrilla no se desmoviliza para ir a la cárcel. Que si era así, muchas gracias, pero no firmaban nada.

Al final, después de cuatro años de un tire y afloje, acordaron otorgarles diez curules en el Congreso, cinco en senado y cinco en cámara, bajo el argumento de que la consolidación de la paz también dependía de que aquellas personas que estuvieran en armas hoy pudieran entrar a la democracia y debatir sus ideas, contrarias al establecimiento, en el parlamento. Luego se conformó el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).

Por eso ahora ustedes pueden ver, por ejemplo, a Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, unos días en el senado y otros en la JEP. Una cosa no quita la otra: por muy congresista que sea, debe contar qué sucedió, reparar a sus víctimas y al final pagar una sanción como máximo responsable. De lo contrario, podría pagar entre cinco y 20 años de cárcel.

No olviden que si tienen alguna duda sobre la justicia transicional nos pueden escribir a nuestras redes sociales: en Instagram y Twitter como @EEColombia 2020 y en Facebook como @Colombia2020.

FUENTE: EL ESPECTADOR


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