Por falta de recursos económicos y logísticos, así como problemas de seguridad en sus territorios, la Jurisdicción Especial Indígena está en desventaja para acreditarse como víctima y aportar sus versiones.

La justicia de los indígenas es muy diferente a la del resto de poblaciones. Para ellos, lo más importante cuando una persona comete un delito o falta es la armonización, es decir, el verdadero arrepentimiento y la reparación simbólica a sus víctimas. Saldar las deudas en la tierra por convicción más que por imposición: esa es su cosmovisión. Y si hubiera que asemejar el significado de justicia de los pueblos étnicos con alguna entidad del país, seguramente la única que comparte varios de sus conceptos es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En esta justicia transicional, que a la fecha ha abierto siete macrocasos para investigar lo ocurrido en el conflicto armado del país, el papel de las comunidades indígenas ha sido fundamental en el objetivo de escuchar sus versiones y voces. De hecho, de los siete casos que tiene la JEP en marcha, en tres la representación indígena es considerable: caso 002 (situación territorial en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas), 004 (situación territorial del Urabá) y 005 (situación en el sur del Valle del Cauca y norte del Cauca). En estos tres hay más de 200 mil indígenas acreditados que se han reconocido como víctimas del conflicto armado.

Sin embargo, para participar activamente de la JEP entregando sus verdades, dando informes a esta jurisdicción sobre lo ocurrido en el conflicto armado y escuchando las versiones de sus victimarios, hay varios procesos con los que deben cumplir y que, por la pandemia y la situación propia de los pueblos étnicos, se ha complejizado. De hecho, la JEP anunció el pasado 9 de julio que extendería hasta el 15 de marzo de 2021 el plazo para recibir informes de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI).

Los informes en este sistema de justicia son fundamentales porque son el primer paso para acreditarse como víctimas. A través de estos documentos, donde se narran las violencias vividas por las comunidades, es que la JEP conoce otros episodios del conflicto, prioriza algunos de los casos que considere y les abre la puerta a nuevas personas. Pero lograr documentar y relatar la violencia es una labor que requiere recursos humanos, económicos y logísticos con el fin de hacer una entrega con hechos concretos y que dé cuenta, de manera detallada, de lo que han vivido tantas personas en el conflicto armado.

Por eso, según la magistrada Belkis Izquierdo, el diagnóstico de la Jurisdicción Especial sobre la JEI fue que “ellos actualmente no cuentan con las garantías y recursos para hacer un trabajo de manera operativa y logística, entonces sabemos que requieren mayor tiempo y otras herramientas para entregarnos los informes, y por eso creemos que es fundamental fortalecer el trabajo con los pueblos indígenas y las organizaciones”.

Joe Sauca, coordinador del área de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), explica que aunque la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) está conformada por las autoridades étnicas de los territorios, que son quienes hacen las veces de gobernadores o jueces en sus comunidades, el asunto no es tan sencillo porque no hay unanimidad sobre las normas que se aplican. “A diferencia de la justicia ordinaria donde todas las normas rigen a todos los ciudadanos por igual, cada uno de los 115 pueblos indígenas en el país tienen autonomía para crear sus propias reglas y sanciones, entonces la JEI debe recogerlas todas y respetarlas de acuerdo a lo que establezca la comunidad”, señaló.

De hecho la JEI, es tan importante que en Colombia, solo hay tres jurisdicciones: la ordinaria, la JEP y la indígena, que son las que, por mandato constitucional, deberían tener las mismas condiciones y capacidad para operar. Pero la realidad es otra. En los casi 30 años que lleva la Constitución Política de Colombia, el Gobierno nunca ha destinado un rubro monetario para que los indígenas puedan trabajar como cualquier otra entidad estatal, sino que deben autogestionar sus recursos para cumplir con su deber.

Eso, sumado a las condiciones de seguridad y abandono Estatal histórico que han vivido y denunciado las comunidades, pone en una situación de desventaja a los pueblos indígenas que quieren aportar al sistema de justicia transicional. Aldemar Bolaños, coordinador del área jurídica y representante ante la JEP del Cric, mencionó que aunque hay una gran voluntad por parte de la gente para avanzar, en el caso 004 de la JEP, “estamos luchando todo el tiempo contra el miedo y contra el conflicto que persiste en los territorios”.

Afirmó que han denunciado en varias ocasiones que “hay comparecientes activos ante la JEP que han vuelto a delinquir en cercanías a los territorios indígenas y eso hace que las personas se sientan intimidadas de hablar o de aportar, así estén acreditadas”. Sobre ello, aseguró que en los tres años de funcionamiento de la justicia especial han tenido que solicitar y llevar a cabo dos procedimientos de exclusión del régimen de condicionalidad (es decir, exclusión de la JEP) a personas que han vuelto a tomar las armas.

Los problemas son similares en el departamento de Nariño, según comentó Hernando Chindoy, representante legal de la Organización Indígena del Pueblo Inga. “Tenemos conocimiento de que varias comunidades han querido presentar sus informes a la JEP, pero el Gobierno no ha avanzado en las medidas cautelares ni el plan de salvaguarda, entonces no hay garantías de seguridad para poder aportar”. Los riesgos, según Chindoy, se han visto reflejados en las constantes amenazas a líderes sociales e indígenas que se han dado en el territorio y en que los declaran objetivo militar cuando quieren exigir el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

La magistrada Izquierdo, que además es parte de un pueblo indígena, aseguró que a pesar de las dificultades para acceder a las personas y comunidades, la JEP es el único mecanismo de justicia que ha escuchado a los indígenas desde el enfoque étnico. Explicó que gracias a la Comisión Étnica de la JEP, de la que hace parte, las comunidades podrían presentar informes orales o a través de rituales con los que puedan dar cuenta sobre lo vivido en el conflicto pero desde el ámbito simbólico.

El magistrado Raúl Sánchez, de la sección de Ausencia de Reconocimiento y quien adelanta el caso del norte del Cauca y sur del Valle, comentó que estas dificultades, en medio de la pandemia, se suman a la falta de acceso a medios tecnológicos y de conectividad en los territorios ancestrales, a la poca participación de todos los pueblos acreditados por la lejanía de cada uno y a la imposibilidad de recopilar información en los resguardos.

Según el togado, otros de los procesos que se han complicado son las notificaciones judiciales, los traslados de las versiones de los comparecientes (es decir, la historia que cuentan los victimarios sobre lo sucedido) porque “muchos de los actos demandan armonización (actos simbólicos y de ritual) que no puede hacerse como tradicionalmente se adelanta, a pesar de que en el Cauca entidades como el Cric tienen más elementos informáticos que en otras partes del país”. Juan Manuel Torres, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que otros pueblos diferentes a los nasas, como el Wounaan, y que se han asentado en zonas como la costa Pacífica nariñense tampoco han podido participar de la justicia transicional porque no hay organización ni algún caso que se los permita.

“Digamos que los pueblos indígenas del Cauca y el Valle siempre han luchado con mucha organización por lo que tienen y por eso son tan reconocidos, pero hay comunidades del litoral Pacífico que siempre han estado desconocidos”, dijo el analista.

La preocupación general con los informes y versiones, según los togados, es que la situación podría retrasar el trabajo de la Jurisdicción para determinar qué casos priorizar y avanzar en el juzgamiento de los comparecientes.

Pero, ¿qué está haciendo la JEP para fomentar la participación de las víctimas en la pandemia?

Una fuente de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP aseguró que fortalecer el protocolo de comunicación de las comunidades con la entidad ha sido la herramienta de mayor valor para sacar adelante los procesos en medio de la cuarentena.

Algunas de las estrategias de la Fiscalía de la JEP para continuar en contacto con las víctimas en territorios ha sido la interacción con las personas que son enlaces territoriales, además de la destinación de recursos de la Secretaría Ejecutiva para hacer recargas a celulares y facilitar el acceso a dispositivos portátiles para mejorar la comunicación de las víctimas el conflicto en los territorios más alejados.

A los eventos virtuales que realizaron en mayo y junio, por ejemplo, asistieron 210 personas que se conectaron a través de una plataforma tecnológica. “De esa experiencia hay una anécdota que vale la pena recordar y fue cuando una víctima tuvo que subirse a un árbol para tener señal y poder conectarse con nosotros, es algo que valoramos mucho y ahí vemos el interés de la gente por participar”, dijo la fuente.

Sin embargo, hizo énfasis en explicar que con las comunidades étnicas ha habido un malestar generalizado por no querer cambiar la comunicación verbal y personal, por una tecnológica y online. “Somos conscientes que hay muchas comunidades que no están de acuerdo con continuar los procesos así y nos lo han manifestado entonces en esos casos no tenemos muchas más opciones”.

FUENTE: EL ESPECTADOR