Desde el 25 de junio, un grupo de líderes indígenas, afrodescendientes, campesinos y excombatientes partió desde Popayán con destino a la capital del país para denunciar la grave situación de seguridad del Cauca, donde han sido asesinados 57 defensores de DD.HH. y 37 excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz.

La marcha para Domingo Vásquez no empezó el 25 de junio, día en que la denominada Marcha por la Dignidad arrancó de Popayán a Bogotá. Dos meses antes, este líder afro ya había tenido que salir de su territorio en el consejo comunitario Afro Renacer del Micay, en El Tambo (Cauca). El 20 de abril, un helicóptero del Ejército tuvo que aterrizar en las montañas del cañón del río Micay y rescatarlos a él, a su hijo y a otros líderes del consejo comunitario luego de que miembros del frente Carlos Patiño, disidente de las antiguas Farc, buscaran casa por casa a los dirigentes de esa colectividad para asesinarlos. Desde entonces ya venía reclamando garantías para su vida y la de su comunidad en el Micay.

Pero como sostiene María Leonor Yonda, quien camina con él en la marcha y es también integrante del consejo Afro Renacer, sus denuncias no han sido suficientes. “Nosotros dijimos ‘este es el momento, no podemos seguir solamente denunciando, porque esas denuncias realmente no han trascendido”. Por eso decidieron coordinar con otras organizaciones indígenas, campesinas y sindicales del Cauca, y sumarse a la idea de caminar los más de 600 kilómetros que separan a Popayán de la capital del país con una consigna clara: “Nos están matando”.

Junto con los representantes del consejo Afro Renacer arrancaron ese 25 de junio integrantes del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), del Coordinador Nacional Agrario (CNA), de la Universidad del Cauca y el defensor de Derechos Humanos, José Milciades Sánchez, promotor de la iniciativa. Ellos conformaron el grupo inicial de la marcha, compuesto por 12 marchantes, incluido el hijo de Domingo Vásquez, de apenas 13 años. Su objetivo era poner en la agenda pública nacional la situación de ese departamento, que tiene la mayor cifra de líderes sociales asesinados en el país, con 57 casos desde 2016, según la Fiscalía.

En el caso del Micay, solo desde que se decretó la cuarentena por el COVID-19 en marzo, han sido asesinados ocho integrantes del consejo comunitario. Los primeros, Teodomiro Sotelo y Andrés Cancimance, el 17 de abril; y los últimos, Paola del Carmen Mena y Armando Suárez Rodríguez, asesinados el pasado 5 de julio, cuando ya la marcha arribaba a Ibagué. Igualmente, dicen los representantes del consejo que van caminando, supieron que integrantes del frente Carlos Patiño están presionando a los pobladores para que salgan a expulsar al Ejército del territorio. Por eso los integrantes de Afro Renacer que salieron desde Popayán, el 25 de junio, en realidad van desplazados de su territorio.

Apenas en los primeros días de marcha, el grupo inicial se fue engrosando y en Santander de Quilichao se unió Duverney Marín, miembro del consejo departamental del partido FARC en el Cauca, quien además tiene sus propias razones para marchar. Lo hace por los 215 excombatientes asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz y en particular por los 37 que han asesinado en el Cauca, departamento con mayor número de homicidios contra exguerrilleros. Igualmente, habló de los casos de dos espacios de reincorporación en ese departamento donde sus integrantes han tenido que salir desplazados. Uno, el de Buenos Aires, que ha ido quedando vacío luego de que muchos salieran por amenazas, y el otro, el de Miranda, donde la junta de acción comunal de la zona fue amenazada por un grupo armado para que expulsen a los excombatientes que habitan allí.

Solo desde que salió la marcha el 25 de junio, han sido asesinados cuatro excombatientes en todo el país; el colectivo de exguerrilleros que habitaba El Diamante en La Uribe (Meta) salió desplazado por amenazas contra su vida y los exguerrilleros que se reincorporaban en Ituango (Antioquia) anunciaron su desplazamiento definitivo a Mutatá luego de varios asesinatos y amenazas a sus integrantes.Sin embargo, dicen quienes van en la marcha, no solo llegan a Bogotá con sus reclamos y los del Cauca, sino con los que han recogido en el camino. Por medidas de bioseguridad limitaron el número de manifestantes a 25, pero en cada municipio organizaciones y líderes sociales se les sumaron al trayecto y les entregaron sus reclamos para que los traigan a la capital.

Cuando llegaron a Cali, luego de pasar varios municipios del Cauca y por Jamundí, organizaciones sociales los llevaron al sector de Pance, donde en las últimas semanas se han venido haciendo desalojos de asentamientos informales, caso que tomó relevancia en el país cuando uno de los policías que ejecutaban el desalojo decidió oponerse a esos operativos. En la Universidad del Valle, igualmente, hubo un encuentro con estudiantes en protesta que exigen “matrícula 0” y en Palmira fueron recibidos por organizaciones de mujeres que le entregaron en un acto simbólico a Katerine Tencue, mujer indígena del CRIC, las banderas de sus luchas. “Nos pidieron que las trajéramos y por eso es que no solamente traemos las banderas del Cauca, sino de todos los procesos que se nos han unido en el camino”, dijo la lideresa indígena.

Pero en el recorrido los marchantes denunciaron varias veces hostigamientos de la Fuerza Pública y exigieron garantías para la movilización. Para empezar, no fue autorizado el acompañamiento de los esquemas de seguridad del defensor de derechos humanos José Milciades Sánchez ni del excombatiente Duverney Marín, por lo cual ambos hicieron el recorrido sin sus hombres de protección.

Según las denuncias, en Cartago (Valle del Cauca) y en Pereira (Risaralda) se registraron varios hechos contra la marcha, que incluyeron toma de fotografías a los manifestantes por parte de agentes de la Fuerza Pública, que además se habrían involucrado en ella vestidos de civil. “Los policías se entraron a la movilización como si ellos fueran los marchantes, nos ponen camionetas por delante, por detrás. Nosotros sí pedimos garantías al Gobierno para la seguridad de la marcha, pero eso no significa que estén en la protesta con nosotros, ellos deben respetar el espacio. También denunciamos que hubo policías infiltrados, de civil, que constantemente nos preguntaban por los nombres de los líderes de la marcha”, denunció Katerine Tencue. Igual documentaron que una motocicleta de placas NIA14C siguió la marcha desde Cartago hasta Pereira, y por varias calles de esta última ciudad.

En Pereira la marcha acompañó un plantón frente al Batallón San Mateo de la VIII Brigada del Ejército, al que están adscritos los siete militares que aceptaron haber violado a una niña embera de 13 años el pasado 22 de junio. En el recorrido atravesaron Armenia, Ibagué y Fusagasugá, hasta llegar este jueves al municipio de Soacha, donde se reunieron con las Madres de los Falsos Positivos para, finalmente, después de 16 días de caminata y de cruzar seis departamentos, llegar a la capital del país este viernes para hacer oír su reclamo. Hoy se tiene prevista una velatón a las 6:00 p.m. en la Plazoleta frente a Ecopetrol, en la calle 36 con carrera 13.

Para los pobladores del cañón del Micay, una vez concluya la movilización, el futuro es incierto. Dicen que no tienen garantías de seguridad para volver al consejo comunitario y casi toda la dirigencia está desplazada. Algunos regresarán a Popayán o a Cali, donde han tenido que asentarse tras haber salido desplazados. Esperan que la marcha tenga eco nacional y las autoridades pongan la mirada en este cañón, donde sus pobladores están cercados por los grupos armados.

FUENTE: EL ESPECTADOR