Seguimos sintiendo los efectos de un pasado esclavista y colonial en nuestras instituciones.

Hace unos días, El Espectador, en asocio con el programa Somos Defensores, publicó los nombres de los 442 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz. Rendir homenaje a la memoria de los líderes es lo mínimo que podemos hacer, pero lo más sensato sería hacer todo lo posible para evitar que estos asesinatos sigan ocurriendo.

Y es evidente que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido insuficiente. En lo personal, estoy convencida de que hay que empezar a escuchar sus voces, pero no una vez cada año, sino todos los días. Nos enteramos de quiénes eran y de qué hacían solo después de haber sido asesinados. ¿Conocerlos no sería entonces el primer paso para protegerlos? Que sepan que sus vidas importan. Porque siempre he creído que el conflicto no hubiera durado tanto tiempo si las muertes nos hubieran importado; si las personas asesinadas no hubieran sido negras, indígenas o campesinas en territorios alejados de los centros de poder.

Sobre esto quisiera hablarles. Quisiera retomar algunas ideas expuestas por la lideresa Francia Márquez y el líder Leyner Palacios en un conversatorio organizado por el ‘Colombian Studies Group’ sobre racismo y violencia en Colombia.

Ellos amplían nuestro marco temporal y nos recuerdan que los problemas en este país no nacieron con los gobiernos de Uribe, ni el proceso de paz del gobierno Santos acabó con el racismo o con la violencia contra los líderes sociales. La historia es mucho más compleja. Seguimos sintiendo los efectos de un pasado esclavista y colonial en nuestras instituciones, efectos que se traducen en políticas de la muerte. Así empezó el proceso de deshumanización de las personas racializadas.

Esta es la razón por la cual ningún gobierno ha invertido en el Chocó, donde los niños mueren por desnutrición y donde la mayoría de sus habitantes aún no tiene acceso al agua potable ni acceso a la salud. Y es lo que explica por qué, en plena pandemia, volvieron las fumigaciones con glifosato sobre las poblaciones del Pacífico.

En Bojayá, 18 años después de la masacre, siguen esperando el hospital de primer nivel. Sus habitantes no solo tuvieron que vivir con el dolor de haber perdido a amigos y familiares, sino que tuvieron que seguir conviviendo con los grupos armados porque el Estado no fue capaz de hacer presencia, ni siquiera después de la masacre. ¿Cómo explicar que, en 50 años de confrontación armada, la violencia se instale en unos territorios y no en otros? “La única explicación es que el Estado permite que esa violencia se ensanche porque allí hay pueblos negros, de lo contrario no se toleraría esa violencia”, responde Leyner Palacios.

El racismo estructural es lo que permite que las muertes de las poblaciones racializadas no valgan nada y que sus territorios sean vistos como botines de guerra. En nombre del progreso, a las poblaciones negras, indígenas y campesinas las han asesinado y las han desplazado. Han vaciado sus territorios para explotar sus recursos naturales. ¿Pero cuál desarrollo? “¿Un desarrollo en el que las propias comunidades no están incluidas? ¿Acaso nosotros no somos parte de la nación?”, se pregunta Francia Márquez.

Las élites no han buscado el bienestar de toda la población. Lo que han buscado es que los grupos guerrilleros entreguen las armas, pero apenas el descontento popular se vuelca a las calles arrecia la guerra. Cuando surge la posibilidad de desarmar a todos los actores del conflicto, las élites reculan. El establecimiento político le tiene miedo a que el pueblo alce su voz, y prefiere seguir sacrificando a las poblaciones racializadas en vez de resolver los problemas estructurales del país.

Tenemos un Estado fallido, un Estado que no ha sido capaz de ponerle fin a la violencia, sino que la ha perpetuado. Tampoco podemos decir que somos una democracia plena cuando, después de haber asistido al genocidio de la Unión Patriótica, asistimos al exterminio de las poblaciones negras, indígenas y campesinas.

Como dijo Leyner Palacios, negociar no es hacerles un favor a los armados, como nos han hecho creer, sino hacerle un favor a los que sufren las consecuencias de las acciones de los grupos armados. Algo tan sencillo se entendería si todos supiéramos qué es vivir en medio del fuego cruzado.

En Colombia los líderes sociales no tendrían que levantar su voz si sus comunidades vivieran en condiciones dignas. Pero el Estado ni mejora las condiciones de vida de las comunidades ni protege la vida de los líderes. Entonces, ¿para qué sirve el Estado?

Francia Márquez y Leyner Palacios, representando a sus comunidades y evocando las últimas palabras de George Floyd antes de ser asesinado, le piden al país: “Por favor, déjennos respirar”.

FUENTE: EL TIEMPO