Tres organizaciones presentaron ante la Comisión de la Verdad una serie de informes que relatan las violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas durante la guerra. Víctimas de esterilizaciones, abortos y maternidades forzadas, dentro y fuera de las filas de grupos armados ilegales, dieron a conocer su historia.

Por medio de pastillas Cytotec, inyecciones o cesáreas, algunas mujeres fueron forzadas a abortar en medio de la guerra. Otras narran que, desde los 12 años eran obligadas a tomar anticonceptivos para evitar quedar embarazadas. “¡Qué tal! En combate o algo y con esa barriga”, les decían sus compañeros de filas. “Ese niño no nace”, las sentenciaban.

Casi dos centenares de este tipo de relatos fueron recopilados en los informes entregados este jueves a la Comisión de la Verdad, realizados por tres organizaciones encargadas de la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia. Women’s Link Worldwide; la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, y el Centro de Derechos Reproductivos. En estas investigaciones presentaron cómo en el marco del conflicto armado se ejercieron diversas modalidades de violencias sobre los cuerpos de mujeres excombatientes y civiles.

La violencia reproductiva hace referencia a las “prácticas que directa o indirectamente violan la autonomía reproductiva de las mujeres”, explica uno de los informes. Este tipo de violencia incluye la anticoncepción, esterilización, embarazo o abortos forzados, así como también maternidades forzadas o coaccionadas.

“Algunos de los ejemplos mundialmente conocidos incluyen la política de esterilización forzada en mujeres judías y gitanas en la Alemania nazi y las actuales prácticas de violencias reproductivas del denominado Estado Islámico (ISIS) sobre los cuerpos de las mujeres y niñas yazidíes. En Colombia esto no ha sido la excepción.”, asegura Juliana Laguna, abogada de Women’s Link Worldwide. A pesar de la afectación de este tipo de violencias a mujeres y niñas, Laguna indica que el acceso a la verdad, la justicia y la reparación han sido extremadamente limitados a nivel nacional y que de hecho, en Colombia solo existen cuatro condenas en el marco del conflicto armado de violencias que vulneraron la autonomía reproductiva de las mujeres.

Por su parte, en el informe “Violencia reproductiva en el conflicto armado colombiano”, presentado por el Centro de Derechos Reproductivos, se expone un análisis de 68 reportes públicos que rastrea distintos casos de violencia reproductivas a mujeres excombatientes, mujeres civiles, niñas y personas LGBT. Algunos de los casos incluye los abortos cometidos para borrar las huellas de violaciones sexuales realizados por grupos paramilitares como el Bloque Norte de las Auc de Córdoba y Magdalena; así como, abortos involuntarios resultados de las aspersiones del gobierno colombiano con glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos en zonas rurales. En este último grupo se incluyó la historia de Yaneth Valderrama, quien perdió a su bebé tras ser alcanzada por las aspersiones en septiembre de 1998 en Caquetá. Su caso fue presentado ante la CIDH y declarado admisible el 21 de junio de 2018.

El informe “El aborto y la anticoncepción forzada a mujeres combatientes en el marco del conflicto armado” de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres recoge 50 relatos que contienen las vivencias de 32 mujeres excombatientes de tres grupos armados ilegales: la extinta guerrilla de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). Una de las voces presentadas a la Comisión corresponde a Bibiana Suárez conocida en la guerra como “Mónica”. A sus 19 años, cuando se enteraron que estaba en embarazo y no había pastillas en su campamento, fue enviada a Pereira para que le practicaran un aborto. “No podíamos tener hijos y si alguna estaba embarazada tenía que obligatoriamente abortar. Yo aborté en una casa o salón grande (…) allá me aplicaron una inyección y el médico me hizo abrir las piernas y me metió algo que me chupó el bebé, me dolió muchísimo”, relata.

Las peticiones de las mujeres y de las organizaciones incluyen que se reforme la Ley de Víctimas para que se integre a todas las víctimas de violencia sexual y reproductiva intrafilas, sin importar que se hayan desmovilizado siendo mayores de edad. También que el Estado garantice el acceso a información y educación sobre los derechos reproductivos de todas las mujeres y por último, recomienda “eliminar leyes discriminatorias para el ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres como lo es la persistencia del aborto como delito en el Código Penal”.

Tras la presentación de estos informes y testimonios, Alejandra Miller, comisionada de la Verdad y encargada de la línea de género, aseguró que desde dicho grupo de la entidad se han recogido cerca de 800 testimonios de violencias sexuales ejercidas en el marco del conflicto armado. Además, aclaró que violencias sexuales “no se reduce al acceso carnal violento sino de hecho, en un sentido amplio, está distribuido en 13 categorías de análisis incluidas las violaciones a los derechos reproductivos”.

De igual forma, Miller agregó que están avanzando en una contraposición con los comandantes y combatientes responsables de estos hechos; esto con el fin de contrastar y superar el negacionismo y la normalización la violencia contra las mujeres dentro de las filas y fuera de ellas. “Entendemos, y queremos que la sociedad entienda, que el cuerpo es el primer territorio de paz y de autonomía, ese cuerpo debe ser inviolable en todo sentido” añadió.

A continuación, los resúmenes de los informes presentados:

Conozca la historia de Helena*, víctima de violencias sexuales y reproductivas durante su tiempo dentro de las filas de las Farc.

FUENTE: EL ESPECTADOR