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junio 10, 2020

El alto costo de denunciar el abuso sexual en tiempos de Trump


En plena pandemia del coronavirus, la secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos, emitió una regla que limita la protección contra el acoso sexual en jardines, escuelas y universidades. No implementarla significa perder millones de dólares en fondos.

Cuando Betsy DeVos se convirtió en la Secretaria de Educación del gobierno de Donald Trump, en 2017, muchos anticiparon lo peor. Esta mujer, la más rica del gabinete del actual mandatario, no sólo no tenía experiencia para ocupar el cargo, sino que había manifestado muchos reparos a la idea de que todas las personas tienen el mismo derecho a la educación.

DeVos, heredera de una millonaria fortuna y hermana del fundador de la empresa de mercenarios Blackwater (hoy, Academi) ha dejado clara su ortodoxia en el tema educativo. DeVos fue muy crítica con una directriz que dejó Barack Obama, llamada “Dear colleague” sobre los casos de abuso sexual en los centros educativos del país y amenazó con anularla.

Lo hizo el año pasado, pero el pasado 7 de mayo anunció la anulación oficial de la medida, que había sido reconocida por asociaciones de víctimas y otras organizaciones pues hizo más eficientes y rápidos los procesos para denunciar abuso sexual. DeVos, justificó su decisión, diciendo que la medida de Obama “creó un sistema que no garantiza la imparcialidad fundamental”.

“Washington ha obligado a las escuelas a investigar los casos con definiciones ambiguas e increíblemente amplias de abuso y acoso. Cualquier ofensa percibida puede convertirse en una investigación avanzada del título IX”, dijo DeVos, en referencia a la norma y que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las instituciones educativas con ayuda federal.

Y añadió: “Si todo es acoso, entonces nada lo es”.

Dos meses de plazo

Lo que preocupa a colegios y universidades que implementaron “Querido colega” (Se llamó así porque era como comenzaba la carta que envió Obama en 2011 a todas las escuelas que reciben ayuda federal) es que DeVos estableció que la regla comenzará a limitar la protección par cerca de 50 millones de estudiantes de jardín, colegio y universidades a partir de agosto.PUBLICIDAD

Las escuelas deben implementar estos cambios en un periodo de dos meses o se arriesgan a perder millones de dólares en fondos federales.

Según las estadísticas del Departamento de Justicia, sólo el 20 por ciento de las estudiantes de 18 a 24 años de edad que han sufrido violencia sexual han reportado alguna vez esta conducta.

Para intentar frenar la normal, la Fiscalía general de Nueva York presentó el pasado viernes una demanda contra el Departamento de Educación federal y su secretaria, Betsy DeVos, para detener la puesta en marcha en agosto dichos cambios en la ley federal que ha protegido a sobrevivientes de asaltos sexuales en los campos universitarios.

La demanda, en la corte federal para el distrito sur de Nueva York presentada por la fiscal Letitia James, busca detener una regla nueva de la Administración del presidente Donad Trump “que obstaculizará la forma en que las escuelas investigan, abordan y remedian el acoso sexual en las escuelas, colegios y universidades”, de acuerdo con un comunicado.PUBLICIDAD

La acción legal busca que entren en vigor cambios en las protecciones el Título IX de la Ley de Enmiendas a la Educación de 1972, que de acuerdo con James ha sido una herramienta esencial para abordar y erradicar la discriminación por motivos de sexo para todos los estudiantes en los programas y actividades educativas financiadas por el gobierno federal durante casi 50 años.

Destacó además que ha protegido a las poblaciones más vulnerables del sistema escolar, incluidas las mujeres, los estudiantes de color, los estudiantes LGBTQ y los estudiantes con discapacidades.

“El presidente ha demostrado repetidamente que no cree que el acoso sexual sea un asunto serio, pero su insensibilidad ahora amenaza a los más jóvenes y vulnerables y podría aumentar la probabilidad de acoso sexual y abuso de estudiantes en las escuelas”, afirmó JamesPUBLICIDAD

“En medio de la pandemia del coronavirus, la secretaría DeVos y la Administración de Trump están haciendo todo lo posible para poner en peligro y silenciar a los sobrevivientes del acoso y la agresión sexual”, aseguró.

Explicó que los cambios redefinen de forma estricta el acoso sexual; limita drásticamente y, en muchos casos, prohíbe que las instituciones investiguen y aborden el acoso; destruye las protecciones del Título IX para los supervivientes de acoso y agresión sexual; y abdica la función central del Departamento de Educación para hacer cumplir a las escuelas las prohibiciones del Título IX contra el acoso sexual.

De acuerdo con James, Nueva York está luchando contra de los cambios porque los sobrevivientes de acoso sexual “merecen que se les crea, que se les respete y que tengan la oportunidad de contar sus historias”.

Todas las instituciones educativas – incluidas las públicas y privadas – que reciben fondos federales están obligadas a cumplir con la ley, lo que significa que casi todos los colegios y universidades públicas y privadas deben cumplir con sus regulaciones.

FUENTE: EL ESPECTADOR


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