Cientos de miles de mujeres desplazadas en Irak en el conflicto contra Estado Islámico aún no han podido volver a sus casas debido a las injusticias sistemáticas de las que son objeto a la hora de demostrar o de reivindicar la posesión de sus propiedades. Y todo, a pesar de que la legislación iraquí las avala.

Según desvela una nueva investigación del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), las mujeres desplazadas tienen un 11 por ciento más de probabilidades de toparse con barreras que les impidan recuperar su casa tras años desplazadas y pese a que la guerra contra Estado Islámico acabó hace tiempo. Para aquellas en que tuvieron algo que ver con el grupo terrorista, la tarea es casi una misión imposible.

Aunque la legislación iraquí garantiza derechos de propiedad a las mujeres, las tradiciones familiares y las costumbres tribales hacen que muchas de ellas tengan que superar terribles obstáculos para hacer valer dichos derechos. Es más, muchas de ellas ni siquiera saben que los tienen.

De las 1.000 mujeres encuestadas, el 43 por ciento rechazaron la afirmación de que la mujer tiene derecho a poseer cualquier tipo de propiedad, mientras que una de cada cinco aseguraron que la legislación iraquí no les confiere ningún derecho después del divorcio y el 18 por ciento afirmaron no tener ningún derecho de heredar.

Además, una de cada tres afirmaron que en realidad las mujeres no reciben nada cuando se divorcian y el 23 por ciento indicaron que en la práctica no tenían derecho a heredar.

El nueve por ciento de las mujeres entrevistadas por el NRC en Dohuk, Nínive, Kirkuk y Anbar han contado que sus propiedades habían sido ocupadas por la comunidad o líderes tribales, milicias y las fuerzas de seguridad, lo que les impedía su regreso.

A LAS MUJERES SE LES IMPIDE REHACER SUS VIDAS
«Las injusticias sistemáticas a las que cientos de miles de mujeres desplazadas se enfrentan significan que las heridas de guerra seguirán enconándose», advierte la directora del NRC en Irak, Rishana Hanifa. «A las mujeres se les impide rehacer sus vidas después del conflicto», denuncia, criticando que «los esfuerzos de reconstrucción centrados solo en las infraestructuras y que ignoran los derechos de las mujeres están abocados al fracaso».

Jamael, de 35 años, es una de esas mujeres privadas de su derecho. Originaria de Mosul, segunda ciudad del país y durante más de dos años bajo el yugo de Estado Islámico, vive ahora en el campo de desplazados de Hamman al Alil.

«Nuestra propiedad está en buen estado pero ha sido tomada por otros miembros de la familia de mi marido, después de que él desapareciera, y no me han dado la parte que me corresponde», se queja. «Solo los líderes tribales pueden decidir si podemos volver o no, si podemos tener nuestra propiedad de vuelta o no. Los documentos oficiales no cambiarán nada», lamenta.

Kutayba, de 39 años, vive en un campo de desplazados desde 2018 tras huir de Mosul, donde su marido murió durante la reconquista de la ciudad. Su marido había comprado la casa en la que vivían a su padre sin un contrato, así que ahora ella no puede demostrar que le pertenece.

«Incluso aunque la casa estuviera registrada a mi nombre no cambiaría nada mi situación. Los líderes tribales tienen la última palabra en nuestra zona», subraya, asegurando que la tribu a la que pertenece no la dejará volver «nunca».

LAS MUJERES VINCULADAS CON ESTADO ISLÁMICO LO TIENEN MÁS DIFÍCIL
Para aquellas mujeres sobre las que existe la más mínima sospecha de alguna relación con Estado Islámico, la situación es aún mucho más complicada, incluso aunque posean documentos oficiales acreditativos. «Tenemos papeles que demuestran que la casa nos pertenece pero cuando huimos dejamos todo en la casa», explica Rabiya.

«Nadie en el Gobierno me ayudará a demostrar que la casa nos pertenece, ya que mi marido ha sido acusado de unirse a Estado Islámico», reconoce esta mujer de 47 años y con siete hijos que vive en un campo de desplazados desde 2017.

Según el NRC, las medidas adoptadas para contener la pandemia de coronavirus en el país, que incluyen el cierre de tribunales y los servicios de resolución de disputas legales, así como la pérdida de medios de vida están haciendo a estas mujeres aún más vulnerables.

Una reciente evaluación realizada por la ONG detectó que el 64 por ciento de los consultados en casas alquiladas preveían que no serían capaces de pagar la renta en los tres siguientes meses, mientras que el 42 por ciento esperaban ser desalojados como resultado de ello.

Por ello, el NRC hace un llamamiento al Gobierno iraquí a que ponga los derechos de las mujeres en el centro de su proceso de reconstrucción y que acelere la resolución de disputas mediante procedimientos especiales que resuelvan el retraso de casos creado por las medidas adoptadas durante la pandemia. Además, pide a los donantes que condicionen la financiación de la reconstrucción a que se cumpla con políticas buenas con las mujeres.

FUENTE: TRIBUNA FEMINISTA