Este viernes sale un vuelo humanitario desde México a Colombia, pero en ese tampoco dejaron subir a Paula. Ella, por su parte, ya interpuso una tutela y pidió medidas cautelares en la CIDH.

Paula* es una psicóloga, madre cabeza de familia, de la comunidad indígena Nasa. Nació y creció en el Cauca en medio de la guerra y, según cuenta, “a raíz de este encuentro con los ninguneados, me inspiré a profundizar mi educación superior”. Aunque intentó acceder a un posgrado en Colombia, “los costos son muy elevados”, entonces prefirió buscar una beca y la encontró en México, a donde llegó hace dos años. Tenía pensado culminar sus estudios en junio, pero se le atravesó la pandemia del coronavirus, que la dejó sola, sin dinero y en un país que no conoce. Pero, no se rindió: emprendió una batalla legal.

“Me dediqué a hacer acompañamiento psicosocial de las víctimas del conflicto armado”, cuenta Paula. Asegura que luego de que llegara a la presidencia Iván Duque la guerra en el Cauca se agudizó y ella se puso manos a la obra para agilizar los trámites de su posgrado y salir tan pronto como pudiera de Santander de Quilichao. En cuestión de semanas la admitieron en cuatro universidades de México y le otorgaron una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en ese país. “Opté por la maestría en defensa de los derechos humanos en la Universidad Autónoma de Chiapas, donde me admitieron sin mayores filtros”, le dijo a El Espectador.

Sin embargo, parte de su corazón se había quedado en Colombia, donde había dejado su territorio y a su hija de cinco años. Visitaba cada vez que podía. “Aunque el dinero de la beca no era mucho, contrario a mis compañeros de maestría que ahorraban para viajar por México, yo decidí ahorrar para viajar todo lo que pudiera a Colombia”. Así hizo durante el último año y medio, hasta que en enero de este año la transfirieron a la Ciudad de México para hacer su estancia profesional en una institución oficial del país azteca. No llevaba allí ni dos meses, cuando estalló la pandemia.

De hecho, ella asegura que “todo estaba preparado para titularme en junio y regresar a Colombia, pero se cruzó el COVID-19”. Pronto, alrededor del mundo comenzaron las medidas restrictivas de movilidad: el cierre paulatino de fronteras, las cuarentenas, el teletrabajo. En México, al comienzo, se tomaron el coronavirus a la ligera y la entidad en la que Paula estaba haciendo su práctica no fue la excepción. Al comienzo el trabajo en casa fue opcional. “Estuve hasta el último día en que se podía trabajar de manera presencial, pero seguí trabajando desde casa”, cuenta.

A comienzos de marzo, cuando ya la enviaron a su casa, su jefe le sugirió regresar a Colombia, pero Paula se negó: Quería terminar sus estudios. Poco a poco, la pandemia fue agravando su situación: “Yo vivía con más estudiantes, pero a raíz de la emergencia todos se fueron a sus estados y me quedé sola. Empecé a vivir profundos episodios de depresión. Y no me lo estoy inventando. Soy psicóloga y sé detectar una depresión. Mi hija vive en el resguardo del que somos y como allá no es muy buena la señal, el no poder ver cómo está ella me ponía peor”.

A través de la entidad en la que trabaja en México, dice que comenzó a pedirle auxilio a la Cancillería colombiana desde el 17 de marzo. Con otro defensor de derechos humanos de Colombia que estaba en una situación similar en el país azteca comenzaron a documentar su caso para acudir a todas las instancias. Como no obtenía ninguna respuesta, acudió a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “Me acerqué a la ONIC a pedirles auxilio para que hicieran visible mi caso, pero como la situación en Colombia está tan compleja yo les dije: ‘yo me encargo de elaborar un documento con todo lo que me está pasando y necesito que ustedes le pongan sus sellos’”.

Y así fue. Su carta la recibió la Defensoría del Pueblo, los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, entre muchas otras entidades de Colombia. “Días después de la carta, recibí una llamada del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, diciéndome que ya había recibido una llamada de su homólogo en Colombia, el defensor del pueblo, Carlos Negret. Que iba a estar pendiente de mí para lo que necesitara”. Así obtuvo el apoyo psicológico que estaba requiriendo de manera urgente, pero todavía no le daban respuesta de cómo sería su regreso a su territorio.

Las llamadas continuaron: “A raíz de la carta, se comunicó conmigo un congresista de Colombia, y me dijo que se pondría en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores”. En paralelo, como no obtenía respuesta, volvió a tocar las puestas de la ONIC. “Les pedí apoyo para solicitar medidas cautelares en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, documentamos el caso con todas las pruebas y la primera semana de mayo radicamos la solicitud. Aún estamos a la espera de respuestas”, asegura la psicóloga colombiana.

Ya para ese momento la habían contactado de la oficina de la canciller Claudia Blum. La persona que la llamó la remitió a otra persona y esa persona al vicecónsul de Colombia en México, Andrés Garrido. Para Paula ese nombre no era extraño, pues desde el comienzo de su odisea le habían dado el número del funcionario y, a pesar de que ella le enviaba copia de cada documento desde el 17 de marzo, solo hasta el 28 de abril, al parecer por orden de Colombia, él le contestó. “El 29 de abril le conté que mis recursos se estaban agotando y me respondió que me podrían ayudar con algo de dinero para comprar comida, para que yo ahorrara para comprar un vuelo comercial hasta después de junio”, dice Paula.

La respuesta la dejó fría. “Yo le pregunté: ¿usted me está diciendo que no hay más vuelos humanitarios?”, recuerda ahora. Dice que él le contestó que probablemente no los habría o, de haberlos, ella no estaría en uno, pues estaban dando prioridad a los colombianos que se quedaron varados en otros países haciendo turismo. “Yo les dije que claro que entendía, pero que soy sujeto de especial protección constitucional en mi calidad de indígena, de mujer y de madre cabeza de familia; y que si mis pedidos son escuchados, se facilitaría no solo mi regreso, sino el de otros 149 colombianos que quieren volver con sus familias”, agrega Paula.

Otra funcionaria del consulado se encargó personalmente de su caso y le arrebató otro poco de la esperanza que le quedaba: además de a los turistas, estaban priorizando los casos por orden de solicitud. Paula era el número 410 en la lista. Lo último que le dijeron es que, si entraba en el próximo vuelo humanitario, sería contactada por la aerolínea que lo opere. Sus ahorros, mientras tanto, se le han ido yendo: “no tengo dinero para alimentarme, porque el poco que tengo lo estoy ahorrando para este vuelo”. De la Cancillería colombiana le dieron $480 pesos mexicanos ($79.000 pesos colombianos) el pasado 12 de mayo para que comprara comida, pero no le han dado más respuesta.

Este viernes saldrá otro vuelo humanitario de México a Colombia. Sin embargo, en ese tampoco podrá montarse Paula. Avianca, aerolínea que opera el vuelo, le pidió llenar un formulario y, aunque, “no me dieron garantías de que fuera a ser incluida” ella sí que estaba llena de ilusión. Hasta habló con el Centro de Atención Psicosocial (Caps) de Bogotá para pasar allí su aislamiento obligatorio antes de regresar hasta su territorio nasa. No obstante, en la noche del jueves 14 de mayo su nombre no apareció en la lista de los beneficiarios del vuelo y ahora no sabe cuánto más podrá estar en México.  

Por todo este trámite, Paula también interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada de Colombia en México, Migración Colombia y el Consulado de Colombia en México. En la demanda asegura que todas estas entidades le han vulnerado derechos fundamentales a su hija; así como el suyo a la libre circulación y residencia, la unidad familiar, la salud y la vida en igualdad y no discriminación. El recurso fue admitido el pasado miércoles y la magistrada que estudia el caso también vinculó al proceso a la Aeronáutica Civil, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Del Interior y al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF).

Paula dice que solo quiere regresar a casa, sentir la tierra de su resguardo y abrazar a su hija. Pero además del coronavirus, se lo han impedido una decena de escritorios.

FUENTE: EL ESPECTADOR