También pide atender la situación humanitaria de comunidades étnicas, especialmente en el Amazonas, e insiste en que los actores armados cesen al fuego.

Mientras la pandemia por COVID-19 avanza y todas las medidas estatales están volcadas a atenderla, los grupos armados ilegales siguen operando en los territorios más alejados y siguen asesinando líderes sociales. En estos lugares siguen desprotegidos los pueblos étnicos y el campesinado. Por esta razón la Comisión de la Verdad hizo un llamo al Estado y a toda la sociedad sobre la necesidad de atender esta situación humanitaria.

“Hasta ahora, 11 excombatientes de las Farc y 32 líderes sociales han sido asesinados durante la emergencia. Algunas comunidades, en especial en el norte del Cauca, el Catatumbo, el Pacífico, el Bajo Cauca Antioqueño y Arauca han estado bajo amenazas, viven el confinamiento sanitario bajo el miedo de ser víctimas de actos violentos, o han tenido que huir de sus territorios y recluirse en condiciones de hacinamiento y lejos de servicios de salud, lo que las hace más vulnerables al COVID-19”, dijeron los comisionados Saúl Franco y el padre Francisco de Roux en un comunicado este 13 de mayo.

Además, llamaron a los actores armados a atender la necesidad de cesar el fuego durante la emergencia, así como de buscar una salida negociada al conflicto.

“La Comisión vuelve a hacer un llamado urgente a todos los actores armados para que, por razones estrictamente humanitarias, detengan temporalmente su accionar y permitan que la sociedad concentre su atención y sus recursos en prevenir y cuidarse de la enfermedad, sin los apremios y riesgos de la confrontación armada”.

Finalmente, la entidad hizo énfasis en la situación del departamento de Amazonas, donde hasta el 12 de mayo se reportaban 743 casos y 30 fallecidos, entre ellos algunos taitas y el diputado Camilo Suárez. “En la amazonia colombiana vive el 76% de los pueblos indígenas del país y allí, sin un solo hospital con capacidad de respuesta y con enormes dificultades de acceso a servicios básicos, la pandemia tiene una incidencia once veces mayor al promedio del país, un número de casos y una mortalidad desproporcionadamente altas, con un impacto devastador sobre la población, la cultura y el entorno”.

Para la Comisión, la atención debe centrarse en “acceso a servicios asistenciales de diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado y la dotación del personal de salud y de la red hospitalaria, en especial los hospitales públicos y universitarios, como el suministro básico de agua potable, alimentación y condiciones de vivienda, movilidad y comunicación”.

“Ni la emergencia sanitaria puede opacar la emergencia humanitaria, ni la atención directa a la enfermedad puede desviar la atención de los demás problemas y del empeño en la construcción de la paz que el país viene buscando”, dijeron los comisionados.

FUENTE: EL ESPECTADOR