El aislamiento no puede ser un obstáculo en el derecho que les asiste de decidir sobre su cuerpo.

Para muchas mujeres, la cuarentena ha significado un aumento del tiempo destinado a las labores del hogar y a los roles de cuidado en la convivencia con sus parejas. Este hecho puede derivar, como se ha demostrado, en un aumento de las violencias de género, incluida la sexual. En efecto, en este contexto de violencias intrafamiliares, sabemos que muchas mujeres son víctimas de relaciones no consentidas durante este aislamiento preventivo.

Para nadie es un secreto que obtener en Colombia anticonceptivos como preservativos y métodos de emergencia resulta difícil y que si antes del covid-19 ya existían muchas barreras en condiciones ‘normales’ para la interrupción voluntaria de un embarazo, ahora la situación es mucho más compleja.

Se vuelve difícil cuando se desconoce que el servicio de aborto sigue siendo una urgencia médica durante la emergencia sanitaria. Se agudiza cuando las EPS o IPS se excusan en la priorización de los servicios de salud relacionados con el coronavirus para no atender las solicitudes de IVE, dilatando la atención e incumpliendo los términos legales para dar respuesta (5 días). Hoy, todos los pretextos son buenos.

Sin olvidar que en estos días de conmoción mundial, muchas mujeres que quieren interrumpir su embarazo deben movilizarse hacia instituciones de salud que se encuentran fuera del municipio que habitan para realizarse el procedimiento, y que las EPS no están garantizando, como es su deber legal, su traslado oportuno, lo que, aunado al cierre de las terminales de transporte intermunicipal, constituye una barrera casi imposible de superar. También están las mujeres que no pueden acudir a los servicios de salud para iniciar la ruta del IVE porque no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas, una realidad abrumadora para las madres solteras. En cuanto a la virtualidad de los trámites, es bien sabido que muchas mujeres no tienen esta posibilidad.

Sumado a esto, resulta paradójico que en una época de sobreinformación, algunas mujeres en el contexto de confinamiento no obtengan información veraz sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos, que les permita tomar decisiones libres sobre su cuerpo.

Al respecto, el último comunicado (190 del 2020) del Ministerio de Salud y Protección Social indica que las instituciones prestadoras de salud deben orientar y dar información sobre IVE, que hace parte del plan de beneficios de salud para todos los regímenes de afiliación; y que el servicio de telemedicina, que por esta época ha generado tanta polémica, es vital para la asesoría durante la pandemia, pues propone el acompañamiento oportuno y personalizado de un profesional de la salud a las mujeres que no tienen la maternidad en su proyecto de vida.

El servicio de IVE, por tanto, es esencial, inaplazable y urgente. En el contexto del aislamiento preventivo, es de vital importancia que las mujeres no se vean en la necesidad de acudir a métodos de aborto clandestinos que pongan en riesgo su vida o se expongan a una maternidad forzada producto de las medidas selectivas de las entidades e instituciones prestadoras de servicios de salud, en conjunto con la falta de control del Estado sobre estas.

Ya suficiente presión tienen muchas mujeres en estos tiempos de cuarentena. Por eso, el aislamiento preventivo no puede de ninguna manera constituir un obstáculo en el derecho que les asiste de decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su intimidad. Para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ni un paso atrás.

FUENTE: EL TIEMPO