Desde la firma del pacto de paz, 195 excombatientes han sido asesinados, otros 178 están amenazados, cerca de 200 tienen escoltas, mientras que 506 líderes sociales que defienden dicho acuerdo, también han muerto por balas de sicarios. La comisión creada para la seguridad no arranca con vigor.

El silencio de los fusiles

Es reveladora la cifra que registra la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre el último proceso de paz de Colombia: de los 13.360 integrantes de la guerrilla que se acogieron al pacto de La Habana, 12.642 continúan en el proceso de reincorporación a la vida civil. De los más de 700 que ya no están en los registros del Gobierno, 195 de ellos han sido asesinados, otros han desaparecido por muerte natural y del resto la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN) no tiene rastro de su paradero.

Este año se cumplirán cuatro años desde que se silenciaron los fusiles y, muy a pesar de que la violencia contra los firmantes de la paz continúa, este proceso sigue siendo un ejemplo para muchas naciones del mundo en donde los conflictos armados siguen dejando miles de víctimas todos los días.

En la práctica, que los excombatientes hayan dejado más de 7 mil armas, significa que hay menos violencia y que, el discurso del enemigo interno poco a poco se ha ido diluyendo mientras toma más fuerza el de la paz. Así, por ejemplo, el fin de la confrontación armada ha permitido ingresar a algunos territorios sembrados con minas antipersonas y despejarlos de estos artefactos explosivos que, entre 1999 y 2018, dejó cerca de 11.000 víctimas, dejando a Colombia en el deshonroso segundo lugar solo superado por Afganistán. Entre 2000 y 2010, en plena guerra con las Farc, 10.500 fueron víctimas. Mientras tanto, desde la firma del Acuerdo de Paz hasta la fecha, es decir, casi cuatro años después, dicha cifra tan solo alcanzó las 383 personas impactadas por estas minas.

Según datos oficiales, en 2016, cuando se firmó el pacto de La Habana, en Colombia se estimaba que 715 municipios estaban afectados por minas antipersonas, por lo que esta fue una prioridad. A la fecha, se ha logrado la liberación de 391 municipios (212 municipios declarados libres de sospecha y 179 libres de reporte de minas antipersonas). “Hay 165 que aún no pueden ser intervenidos por la presencia de grupos armados como el ELN, el Clan del Golfo (Autodenomidas AGC), las disidencias de las Farc, tanto las de Iván Márquez como las de Gentil Duarte y grupos como Los Pelusos y Los Caparros”, dijo recientemente a este diario el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos.

Una guerra silenciosa

Sobre las investigaciones de los homicidios, hay que señalar que la Unidad Especial de Investigación, que se creó en la Fiscalía para combatir este flagelo y desarticular las bandas criminales, no ha querido responder un cuestionario que le hizo este diario frente a esas dos tareas. Por esa razón, tomamos las cifras que a cierre de 2019 tenía el ente investigador: hay 45 % de avance en el esclarecimiento de los 169 homicidios contra exguerrilleros. Por su parte, el departamento de derechos humanos del naciente partido de la exguerrilla Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) no comparte dicho balance, pues solo 15 casos están en juicio y existen 10 condenas. Esto, sumado a que no se conoce un plan para el desmantelamiento de las bandas criminales que, en muchos casos, son los sicarios a sueldo o los determinadores de estos crímenes.

Según el Partido Farc, desde la firma del Acuerdo y hasta la fecha, van 195 exguerrilleros asesinados a manos de sicarios, mientras que, la Defensoría del Pueblo, en el mismo período, registró el homicidio de 506 defensores comunitarios de derechos humanos. Varios de ellos por impulsar la implementación del pacto de paz. “Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden los derechos humanos. El aumento de los ataques a la vida contra defensores y defensoras es alarmante. Desde el año 2012, hasta la fecha, se ha registrado un promedio mensual de 33,5 amenazas, 3,5 atentados, 7 personas defensoras asesinadas y 3 judicializadas”, escribió en su más reciente informe de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos (CCEE).

Así como se ha dicho que no existe suficiente apoyo para impulsar el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), “tampoco existe un plan coordinado desde el Estado para proteger, especialmente, a los líderes que impulsan dicho programa en los territorios y que, según las mismas autoridades, están siendo asesinados por los narcotraficantes y sus sicarios”, expresaron a este diario varios líderes del sur del país, en donde en la última semana han asesinado a tres de ellos. También solicitan al presidente Iván Duque poner a funcionar con vigor la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (creada por el Acuerdo de Paz) en la que el presidente tiene asiento principal.

Dicha comisión, según el punto tres del Acuerdo de Paz, fue creada para el desmantelamiento de las organizaciones criminales que quedarían en los territorios tras la salida de las Farc del conflicto armado. Igualmente, para poner punto final a las amenazas y homicidios contra quienes atentan contra los defensores de derechos humanos, movimientos sociales y contra quienes impulsan la implementación del acuerdo. Durante el Gobierno de Duque, la Comisión solo ha sido convocada en tres ocasiones, a pesar de que debería reunirse una vez al mes.

“Una comisión que no tiene ni reglamento ni plan de trabajo después de 19 meses de gobierno, y tampoco hay un avance frente a su misión principal que es diseñar una política pública para el desmantelamiento de bandas criminales. Para la sociedad civil dicha Comisión no está operando como lo manda el decreto que la creó”, dijo Franklin Castañeda, vocero de la CCEE ante dicha instancia.

La última sesión

Fue el pasado 8 de enero, en la cual hubo un enfrentamiento fuerte entre el vocero de la sociedad civil y el Gobierno, pues, a pesar de que en agosto de 2019 presentaron ante esa Comisión una propuesta de política pública para acabar con las organizaciones criminales, a esa fecha aún no había una respuesta. De hecho, hasta el cierre de este artículo, dicha propuesta seguía engavetada. Sobre el tema, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, contradijo lo que argumentó Castañeda: “Existe la idea errónea de que la comisión no es convocada y eso es injusto. Estamos trabajando muy activamente con la Comisión y sus miembros”, expresó Ceballos, incluyendo un documento en el que detalló las seis sesiones a las que han sido convocados miembros de esta Comisión a los consejos territoriales de paz de municipios como Apartadó, Planadas y Cúcuta. Sin embargo, para Castañeda esas no son sesiones de la Comisión y el Gobierno, con esto, está desconociendo el Acuerdo de Paz.

Frente a esta controversia, el último informe trimestral de la Misión de la ONU en Colombia, hizo un llamado “para que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se reúna con regularidad y avance en la adopción de una política pública para desmantelar, efectivamente, las organizaciones criminales, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por las organizaciones”, dice el documento.

Hacia una paz estable y duradera

Varios compromisos, individuales y colectivos, asumieron tanto la guerrilla como el Gobierno para ponerle fin a la confrontación armada. Uno de ellos fue la reincorporación económica de los exguerrilleros para reincorporarse a la vida civil. Según las cifras del Gobierno, cerca de $172.000 millones se invirtieron en las asignaciones económicas individuales. Aún hay incertidumbre con los Espacios Territoriales de Reincorporación, cuya figura jurídica cesará en agosto próximo. En el último informe trimestral, la Misión de Verificación de la ONU, afirmó que “la inclusión de plazos claros y recursos adecuados debería contribuir a disipar las dudas de los residentes de los antiguos espacios, pues su participación en este proceso es fundamental”.

Igualmente, dio detalles de cómo avanza la reincorporación económica de largo plazo, que es con la que pretenden avanzar hacia una paz estable y duradera. Por ahora, ya son 49 los proyectos productivos colectivos aprobados, que benefician a 2.156 excombatientes (incluidas 695 mujeres). De esos, 43 ya tienen los fondos económicos para iniciar las labores. Mientras tanto, el número de proyectos individuales aprobados, y con financiación, pasó de 705 a 1.225, que benefician a 1.440 excombatientes (incluidas 301 mujeres). “Aproximadamente el 27 % de los excombatientes acreditados han recibido apoyo económico para proyectos productivos a través de estos mecanismos”, describió dicho informe e hizo énfasis en algo clave para materializar este cometido: “el acceso a la tierra para excombatientes está atrancado en obstáculos jurídicos”.

Vea la segunda entrega: 

FUENTE: EL ESPECTADOR