El acceso a la tierra está íntimamente relacionado con las principales necesidades básicas de los humanos: la alimentación, la vivienda y el trabajo/ingreso, recuerda el Padre Javier Giraldo. Por ello, insistir en la construcción de paz que ponga fin a la violencia en las zonas rurales, que cumpla con la tierra prometida y que permita mejores condiciones de vida para las comunidades campesinas e indígenas es un clamor permanente en nuestro país, ya que sin tierra no habrá dónde construir la paz.

De los doce ensayos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, ocho confirman que el conflicto armado en Colombia surgió a causa de la disputa por la tierra, esto es, a su inequitativa distribución, a las demandas campesinas de tierra insatisfechas, a la negligencia del Estado en cumplir con la reforma agraria y al despojo violento y sanguinario de tierras para profundizar el acaparamiento y consolidar agendas económicas, como las extractivas, respecto a las cuales la presencia de comunidades campesinas y étnicas representa un obstáculo.

La conflictividad sobre las tierras tiene dimensiones mayores: Más de 6 millones de hectáreas despojadas violentamente a 7,5 millones de víctimas de desplazamiento forzado, esto es como si le hubieran despojado lo equivalente al departamento de Antioquia a la población de Bogotá; una desigualdad en la tenencia de la tierra en la cual el 77% del área agropecuaria productiva del país está en manos del 0,4% de los propietarios, mientras más del 70% de las fincas productivas están en menos del 2% del área cultivada; una inseguridad jurídica en torno a titularidad de la tenencia de la tierra que parte de tener más del 90% de la información catastral sin actualizar o inclusive sin formar y más del 60% de los predios en informalidad.

Por ello el primer punto del Acuerdo Final de Paz fue el de la reforma rural integral que prometió redistribuir 3 millones de hectáreas y formalizar 7 millones de hectáreas más, así como establecer mecanismos que permitieran superar la conflictividad sobre las tierras que constituyen causas de persistencia del conflicto armado. Tras tres años de implementarse el acuerdo, lamentablemente la paz no tiene tierra a la vista.

La falta de voluntad con el acuerdo agrario de paz se vio en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque que no previó el cumplimiento del fondo de tierras para la paz, no garantizó el acceso progresivo a la tierra por parte de comunidades rurales, no viabilizó el cumplimiento del Plan Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Redujo lo pactado a un mínimo esfuerzo consistente en titular propiedad mediante procesos de formalización y promover la actualización del catastro que más obedecen al afán por brindar seguridad jurídica al mercado de tierras necesario para la operación de las inversiones agroindustriales y extractivas que se quieren implementar, que a generar un verdadero mecanismo de redistribución de la propiedad de la tierra.

No han sido cumplidas las promesas de dotación de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afros, ni a ex combatientes en proceso de reinserción, en su mayoría de origen campesino. Es tal la incapacidad de la Agencia Nacional de Tierras, entidad con mayor responsabilidad en el cumplimiento del componente territorial del acuerdo de paz que hasta su misma directora así lo reconoce (Todavía tengo 40 mil cajas sin abrir llenas de solicitudes: directora de ANT en la W Radio 05/03/2020).

Es importante que el Gobierno nos aclarara de ese millón de hectáreas que dice tener en el fondo de tierras respecto a cuántas tiene en realidad capacidad de disposición, ya que me temo que se trate de cuentas alegres típicas de los anuncios de prensa. De esa cifra casi el 70% corresponde a baldíos que no se sabe cómo logró recuperarlos el Estado y si en realidad puede disponer de ellos, cuando ni siquiera ha podido dar cumplimiento al plan ordenado por la Corte Constitucional en sentencia T-488 de 2014 para hacer el censo de baldíos; el restante, corresponde a predios fiscales de patrimonio público que no son disponibles para su distribución, por estar ocupados o tener múltiples complejidades encima, más que tierras son problemas.

La apuesta única de tierras del Gobierno ha sido la compra mediante el otorgamiento de subsidios; alrededor de 51 millones de pesos se destinan a cada familia. A ese ritmo dice haber invertido más de 16 mil millones de pesos en 320 familias, lo cual es un impacto inocuo a un costo muy alto.

Pero Colombia necesita la paz, y el campo con mayor razón. Por ello, faltando siete años para que se cumpla el tiempo proyectado para el cumplimiento del Acuerdo de Paz, es buen momento para rectificar el camino, potencializar ideas que permitan darle cumplimiento y mostrar actos de verdadera voluntad política.

Debiera el gobierno priorizar una gestión seria de sus entidades agrarias para promover la recuperación de tierras mal habidas o de baldíos indebidamente apropiados que hoy gozan particulares que no tienen derecho a ostentarlos o que se hicieron a ellos por la violencia; para ello, crear los jueces agrarios, mejorar la capacidad de la ANT y de la Unidad de Restitución de Tierras para que logren su misión.

Generar un catastro fiable es esencial para toda política de tierras, pero además del crédito del banco mundial se requiere una importante inversión de recursos públicos para lograrlo. Tenemos más de 30 años intentando esto y un previo crédito en 1997 que fue insuficiente porque se desfinanció el ejercicio de formación y actualización catastral. Es hora de ver esto como una fuente de recursos importantes, ya que no sólo se clarifica la tenencia de las tierras en el país, sino su también su valor y el impuesto predial que constituye fuente de financiación pública.

Atender las demandas territoriales campesinas y étnicas. Al menos hay 3 proyectos de constitución de zonas de reserva campesina en los que sólo falta la aprobación de parte del Consejo Directivo de la ANT que podrían dar lugar al inicio de la implementación íntegra del acuerdo agrario de paz en ellos, se trata de las zonas de Sumapaz (Cundinamarca), Güejar-Cafre y Losada-Guayabero (Meta y Caquetá). En cuanto a demandas indígenas y afros hay un alto número de solicitudes represadas de titulación de sus territorios que requieren de un plan de cumplimiento en el corto y mediano plazo.

Desde las comunidades y organizaciones campesinas y étnicas hay una total voluntad de construir la paz, vale la pena que el Gobierno nacional las escuche, se deje guiar y se apoye en ellas para seguir en este camino de esperanza.

Posdata de cuarentena. En medio de la crisis causada por el COVID-19 se ha vuelto común llamar “héroes” a los campesinos y campesinas que cultivan los alimentos que nos abastecen a diario. Además de aplausos, se necesitan políticas que les garanticen sus territorios, medios de producción y agricultura familiar; por mal camino va el gobierno permitiendo la importación de grandes cantidades de cereales (Decreto 523 del 7 de abril del 2020) que pueden quebrar a un sector importante de la agricultura, y flexibilizando casi hasta su extinción el derecho a la consulta previa que ahora quiere hacer a comunidades indígenas y afros de manera virtual, lo cual en el estado de pobreza extrema y necesidades básicas insatisfechas en que viven estas comunidades resulta además de ridícula, una medida que los expone a un mayor riesgo de despojo por los intereses económicos que se gestan en sus territorios.

FUENTE: EL ESPECTADOR