Ante la arremetida del Gobierno frente a los informes presentados por dos oficinas de las Naciones Unidas en la última semana, más de mil líderes firmaron una carta para respaldar el papel de esta oficina en el país y descalificar lo que llaman la reacción desproporcionada del presidente Iván Duque.

El próximo miércoles 4 de marzo, el relator para los defensores de derechos humanos, Michel Forst, presentará el informe detallado sobre Colombia en esta materia, cuyo contenido, antes de ser conocido en Ginebra (Suiza) por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ya generó controversia y reacciones en el país. De un lado, el Gobierno ha descalificado parte de la información que evalúa los homicidios contra esta población y los avances de la justicia, y del otro, organizaciones de derechos humanos y más de mil líderes sociales firmaron una carta de respaldo a la labor que viene desempañando esta oficina desde 1997.  

“Sus recomendaciones anuales han sido un instrumento valioso y permanente para la incidencia nacional e internacional, así como un documento útil en escenarios internacionales para una mejor comprensión de nuestra realidad”. Sobre todo, resalta la misiva, en los temas relacionados con la violencia socio-política en el marco del conflicto armado, con asuntos humanitarios, y con la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Esta controversia, tiene su origen en los inicios de la presidencia de Iván Duque, por cuenta de que miembros de su partido de Gobierno han pedido la salida del país de esta oficina. No obstante, esta vez se reactivó por cuenta de la cifras que presentará el relator Forst el próximo miércoles. Según el documento, entre 2016 y el 30 de junio de 2019 en Colombia fueron asesinados 324 líderes sociales, lo cual pone al país como el que tiene el mayor índice de asesinato de defensores de derechos humanos en América Latina. 

Este ha sido un punto de honor para el Gobierno, toda vez que ha descalificado por este tema a su vecino, Venezuela. Por eso, a través de un documento remitido al mismo Consejo de Derechos Humanos cuestionando estas cifras, refirió que no se aporta una fuente confiable que soporte esa cifra y pidió que fuera retirada del documento a no ser que se explique la metodología utilizada y los datos que permiten realizar la comparación entre Colombia y los países de la región. 

La carta de los defensores de derechos humanos, también trae a colación el informe que presentó la semana pasada Alberto Brunori, el representante de la ONU en Colombia para los derechos humanos, y el cual fue cuestionado por funcionarios del Gobierno. Según dicho documento, el año pasado se registraron 36 masacres en las que fueron asesinadas 133 personas, y las regiones más afectadas fueron Antioquia, Cauca y Norte de Santander. “Este reporte coincide con la realidad que a diario registran los medios de comunicación, redes sociales y denuncias interpuestas por las organizaciones sociales en los diferentes territorios del país. La descripción cuantitativa y cualitativa que contiene, da cuenta del deterioro exponencial que viene sufriendo el país en materia de derechos humanos”. 

Frente al informe del relator Forst, que, a parte de ser cuestionado por el Gobierno de Duque, en las últimas horas se conoció que no pudo regresar a Colombia el año pasado para actualizar las cifras, también hay controversia por la actuación de la justicia y la latente impunidad. Según el informe de Forst, solo el 11% de los casos han sido esclarecidos, mientras que el Gobierno dice que el 50%. “Según información de la Fiscalía, en agosto de 2019, de los 302 casos de asesinatos documentados por el ACNUDH desde 2016, 33 cuentan con sentencias firmes, 55 están en etapa de juicio, 45 en investigación (con imputación de cargos), 41 en indagación con orden de captura y 3 han sido precluidos por muerte del indiciado”, dice el informe. 

A lo que el Gobierno respondió que “el planteamiento del Relator sobre el supuesto ambiente de impunidad en Colombia es sesgado, limitado y por demás incompleto. Solo toma como indicador de esclarecimiento el número de sentencias condenatorias”. De otro lado, no cayó muy bien que el relator Forst se refiriera específicamente a la judicialización de defensores de derechos humanos, como una estrategia contra la labor de estas personas a lo largo del país. De hecho, el informe trae a colación un caso que sucedió en el Casanare entre 2016 y 2018, cuando la comunidad de San Luis de Palenque protestó contra la empresa pública canadiense Frontera Energy y luego sus líderes fueron encarcelados. Igualmente, frente a ese caso, cuestionó dos convenios entre esta empresa y el Ministerio de Defensa para que el Ejército protegiera su actividad petrolera. 

Finalmente, la misiva de las organizaciones sociales y de derechos humanos del país instaron al Gobierno Nacional a atender las recomendaciones contenidas en los informes, “pues de esta manera se contribuirá a enfrentar la creciente violencia en el país, y se adoptarán medidas efectivas para garantizar los derechos humanos de la población y, por esta vía, asegura el éxito del Acuerdo de Paz. Por otro lado, respaldamos el trabajo juicioso y documentado del señor Alberto Brunori y sus equipos de trabajo, nacional y regionales, y saludamos su permanencia de esta oficina en el país hasta el 2022”, puntualizaron en la carta. 

FUENTE: EL ESPECTADOR