A tres años de la firma del acuerdo, el país se encuentra en un contexto de expresión y movilización social sin antecedentes en la historia reciente. Es verdad que la capacidad de movilización y protesta social en Colombia es permanente, pero la dimensión de este paro nacional trasciende las lógicas sectoriales y se viene instalando como la emergencia de una indignación generalizada al sistema político y económico abriendo un horizonte tan amplio como convergente: profundizar la democracia para transformar el país.

Si existe relación entre el paro nacional de hoy y el acuerdo de paz, depende de las diversas lecturas que definen posiciones políticas actuales. Desde mi perspectiva esa relación se expresa en al menos tres sentidos.

1. Los resultados del plebiscito son una huella simbólica sobre la disputa entre la guerra y la paz. Al ganar el No se afincó una idea en la que el país no quería o no estaba preparado para la transición. El saldo del No fue capitalizado por el uribismo para vigorizar sus vientos de guerra y el sector de la clase política de Santos también aprovechó para debilitar buena parte de los contenidos acordados.

Pero el efecto simbólico de la “derrota” y el efecto práctico de viabilizar un acuerdo reducido y con alcance limitado en la opinión, dejó por fuera dos factores esenciales. La corta distancia entre el Sí y el No que equipara fuerzas y que gran parte de la ciudadanía que no participó no lo hizo porque no relacionaba claramente el acuerdo con su cotidianidad, algo que hoy cambió.

2. Y es precisamente la firma del acuerdo la que permite desplazar la idea de guerra/terrorismo como hipótesis central de la vida política del país. Y se tornan con claridad la desigualdad y la concentración de la riqueza como el problema estructural de Colombia. Estas dos se materializan en el Estado en forma de corrupción.

Al hacer un link entre la democracia y la crítica a la esencia misma de la clase política colombiana, se convirtió la lucha anticorrupción en la bandera en la que la ciudadanía concentró sus esfuerzos.

3. El miedo ha sido la herramienta del uribismo para mantener influencia en su electorado y en la opinión pública. Con miedo fue diseñada la campaña del No, plagada de “fake news”, como lo reconoció su mismo gerente Juan Carlos Vélez (hoy con grandes distancias con Álvaro Uribe). Con miedo enfrentaron la consulta anticorrupción a nombre la “estabilidad”, con miedo enfrentaron las elecciones de 2018 con los fantasmas del castrochavismo y el comunismo de una URSS inexistente, con miedo empezaron el gobierno Duque intentando crear una guerra con Venezuela.

Hubo contadas menciones a los 3 años del acuerdo, pero tal vez es en este escenario donde más se haga evidente la importancia del acuerdo y avanzar en la mínima ruta transicional de su contenido. Y no sólo porque sea parte del pliego del paro del que buena parte son acuerdos incumplidos con los sectores sociales del país.

También porque existe con urgencia superar la violencia estructural que ha comprometido las fuerzas armadas en casos de crímenes de lesa humanidad. Y hoy pudiendo pasar la página, hacer una reforma a la fuerza pública basada en la Constitución, el acuerdo de paz y el humanismo podrá evitar que Dilan Cruz y Brandon Cely hayan muerto en vano.

¿Por qué la “polarización” simple entre el Sí y el No tiene con el paro un proceso de politización, de ampliar la dimensión democrática del país, de radicalizar y profundizar la constitución del 91 sumando amplios sectores que hasta hoy se sienten excluidos y afectados?

Porque la lección de superar la política del miedo está en las calles con una juventud habida de justicia, educación, salud y trabajo y las armas no deben estar empeñadas en negarle ese futuro a millones de jóvenes.

Lo que existe hoy en la movilización es una democracia en ciernes, que lleva pendiente 28 años de constitución, 3 años del acuerdo y 200 años de aspiración de paz duradera.

Una transición política implica que el poder se distribuya, al contrario, el gobierno Duque lo ha concentrado y restringido. Ese peso es el que carga su gobierno, ese su verdadero dilema.

FUENTE: EL ESPECTADOR