La situación de seguridad en el departamento, donde en menos de una semana ocurrieron dos masacres, llegará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este martes.

Dos masacres en el departamento del Cauca ocurrieron a finales de octubre pasado. En la primera, cinco indígenas fueron asesinados por desconocidos con armas largas en Tacueyó, y, antes de que el país pudiera reaccionar, ocurrió otra: cuatro topógrafos fueron asesinados dos días después en Corinto. Además, en septiembre ya se había perpetrado una más cuando la candidata a la alcaldía de Suárez, Karina García, fue asesinada junto a cinco personas más. La situación es crítica y, por considerar que el Estado colombiano no ha hecho lo suficiente, organizaciones sociales llevarán el asunto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH). 

Las Autoridades Indígenas de los Resguardos de Toribío Tacueyó San Francisco y Jambaló, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte Del Cauca (ACIN) el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) denunciarán este martes ante la CIDH la violencia y la situación de los pueblos indígenas en el departamento. Si bien las comunidades indígenas del norte del Cauca cuentan con medidas cautelares de esta instancia internacional de 2011, consideran que el Gobierno no las está cumpliendo. 

Hace apenas unos días, el sistema de Naciones Unidas junto con la CIDH alertaron sobre el asesinato de líderes indígenas en el departamento: “La ONU Derechos Humanos-Colombia tuvo información sobre el asesinato de 5 personas que ejercían algún tipo de liderazgo del pueblo Nasa, tres de ellas pertenecían a la Guardia Indígena. Ambos organismos (ONU y CIDH) notan asimismo con preocupación los casos reportados de asesinatos a varias personas que han decidido participar como candidatos/as en las elecciones departamentales y locales de octubre 2019”.

Ya en febrero, líderes indígenas habían acudido a esa instancia internacional para denunciar asesinatos sistemáticos en su contra. Tras escuchar dramáticos testimonios, el comisionado Joel Hernández, que presidió la audiencia, anunció que la CIDH le daría “el debido seguimiento” a las denuncias y pidió a ambas partes -sociedad civil y gobierno-, “proporcionar cualquier información adicional”.

El gobierno colombiano, por su parte, ha señalado al narcotráfico de estar detrás del derramamiento de sangre, y anunció que en diciembre llegará una Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército al departamento para reforzar la seguridad. La misma respuesta que se ha dado, durante los últimos tres años, en al menos cuatro oportunidades. Las autoridades indígenas, por su parte, dicen que la militarización agravará la situación de orden público.

Tanto el gobierno de Iván Duque como el del expresidente Juan Manuel Santos aumentaron el pie de fuerza en el departamento tras presentarse graves hechos de violencia. El más reciente envío masivo de uniformados al Cauca se presentó en agosto pasado cuando el ministro Botero anunció que se enviarían 450 soldados, luego de que los enfrentamientos entre el sexto frente de las disidencias de las Farc (autor de las recientes masacres) y el Eln dejaran confinadas a 500 personas en el municipio de Suárez.

FUENTE: EL ESPECTADOR