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Octubre 16, 2019

Observando la agenda legislativa. Boletín # 39




  

    ¿Prorroga o reforma a la ley de víctimas?  

 Estas semanas uno de los temas centrales de la agenda nacional ha sido la discusión de si se prorroga o no la ley 1448 de 2011 y los mecanismos idóneos para hacerlo. Para entender este debate, a continuación, presentamos tres elementos necesarios para abordarlo:

a) El gobierno busca la prórroga
Ante la terminación de la vigencia de la ley de víctimas en el 2021, el Gobierno Nacional busca que sea prorrogada por diez años más a través de un proyecto de ley, que presentarán en el Congreso de la República con mensaje de urgencia.

Además, anunció que se van a actualizar todos los decretos con fuerza de ley, que extiende esa cobertura a las víctimas con el criterio de diferenciación de grupos étnicos.

Sin embargo, uno de los mayores problemas que ha tenido la implementación de la ley ha sido la poca coordinación entre las organizaciones gubernamental y la carencia de recursos para poder responder a las necesidades de las víctimas. Aunque el Gobierno afirmó que dentro del presupuesto nacional para el año 2020 se garantizaron los recursos para atender a las víctimas, es claro que estos recursos no alcanzarán para atender a todo el universo de víctimas.

b) Ya hay proyectos de reforma y prórroga en el Congreso
Ante la declaración hecha por el presidente Iván Duque es necesario recordar que en el Congreso de hoy se encuentran en trámite tres proyectos que buscan reformar y prorrogar la ley de víctimas.

El primero de ellos está centrado en una reforma a la restitución de tierras, de autoría de la senadora María Fernanda Cabal, busca establecer una serie de medidas que iguala a los segundos ocupantes de buena fe con las víctimas del despojo. El proyecto que ha sido criticado por múltiples organizaciones de víctimas y que contó también con el rechazo de varios parlamentarios europeos se encuentra hoy en el orden del día de la Comisión Primera del Senado a la espera de ser discutido.

La segunda iniciativa, es un proyecto de ley radicado en la Secretaría General de la Cámara por la Representante María José Pizarro el pasado 30 de septiembre, que busca prorrogar por 10 años la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, así como de los Decretos Ley con enfoque diferencial para la Asistencia, Atención, Reparación Integral y Restitución de Tierras a Pueblos Indígenas (Decreto Ley 4633 de 2011), Comunidades afrodescendientes, raizales y palenqueras (Decreto Ley 4635 de 2011) y miembros del pueblo Rrom o Gitano (Decreto Ley 4634 de 2011).

El tercero y último proyecto consta de un sólo artículo para extender la vigencia de la ley por 10 años más. Este proyecto que tuvo audiencia pública el pasado 9 de octubre en la Comisión Primera de la Cámara y a la que asistieron varios invitados entre ellos varias organizaciones de víctimas de diferentes territorios del país 

c) La Corte se pronunciará sobre la vigencia de la ley.
El pasado 10 de octubre la Corte Constitucional citó a una audiencia pública para evaluar la constitucionalidad del artículo 208 de la ley 1448 de 2011. El artículo que se encuentra demandado por el ex ministro del interior Juan Fernando Cristo establece que la ley tendrá una vigencia de 10 años. Sin embargo, la demanda a la ley se surte en el afán de declarar la inconstitucionalidad de la vigencia, dado que en el Acuerdo Final de Paz se establece la prórroga y modificación de esta. Razón por la cual, la Corte decidió en cabeza del magistrado José Fernando Reyes Cuartas realizar una audiencia pública para escuchar las diferentes voces a favor y en contra de la ley.  Ver más   Avanza proyecto de tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores de cultivos de uso ilícito.  

 
La Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate un proyecto de ley que da un tratamiento penal diferenciado a los pequeños cultivadores de coca en el país. La iniciativa, que es la primera que radicó el partido Farc junto con otros miembros de la oposición, establece que los campesinos que firmaron el acuerdo de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el marco del PNIS, no podrán ser criminalizados. Pues el proyecto establece la cesación de la acción penal o de la pena para los campesinos que hayan incurrido en siembras ilegales. También establece la creación de un programa que les permitiría a estos campesinos tener otro tipo de cultivos para que se puedan vincular al mercado lícito nacional.

Cabe recalcar que este proyecto tuvo el visto bueno del Ministerio del Interior que expreso que acompañaría la iniciativa siempre que se respeten los acuerdos alcanzados en la comisión sobre la definición de las hectáreas y los sujetos que podrían ser beneficiarios a esta ley.

Se espera que esta semana sea radicada la ponencia para su segundo debate en Senado conforme a lo establecido en la ley 5ta.  Ver más Audiencias para la Reforma Política y Electoral  
En la Comisión Primera del Senado se realizaron dos audiencias públicas, encaminadas a perfeccionar los artículos del proyecto de acto legislativo, que tiene como objeto reformar el sistema político y electoral en Colombia.

El mecanismo de participación ciudadana fue coordinado por el senador Julián Gallo del Partido Farc, quien explicó que las audiencias se han programado para que en ellas tengan voz los sectores sociales, académicos y políticos, a fin de escuchar las sugerencias y tenerlas en cuenta al momento de ajustar el contenido del proyecto, que por ser un acto legislativo, tendrá que ser sometido a ocho debates reglamentarios, cuatro en Senado e igual número en la Cámara de Representantes.

En la primera audiencia que se adelantó el 2 de octubre en el recinto de la Comisión Primera fueron citados representantes de la academia, en los que se destacan miembros de las universidades Nacional de Colombia, Santo Tomás y el Rosario, como también invitados especiales en los que se cuenta la Misión de Organización Electoral (MOE), y otras ONG.

Uno de los puntos en que coincidieron los participantes es el de la revisión de los artículos donde se permitiría a los menores de 16 años sufragar; la financiación de las campañas, por parte del Estado; la prohibición de la recepción de dineros provenientes de la empresa privada y de los créditos bancarios; la seguridad para los candidatos; el rechazo al voto electrónico, por considerarlo frágil para la manipulación de votos; la elección del Registrador Nacional con condiciones especiales de imparcialidad; el establecimiento de las listas cerradas y la equidad de género obligatoria.

A su vez, el senador Gustavo Bolívar (Partido Decentes) indicó que las sugerencias se estarán evaluando para ajustar el articulado del proyecto, luego que se conozcan aspectos que propondrán los partidos políticos y la ciudadanía, que serán citados a otras dos audiencias públicas para perfeccionar los textos de la iniciativa.

En la segunda audiencia pública participaron varios sectores políticos, quienes hicieron algunos comentarios al proyecto. Por su parte, el presidente del movimiento político FARC, Rodrigo Londoño, señaló que su colectividad seguirá firme para cumplir con los compromisos adquiridos en el acuerdo de paz, pese a que denunció que se han venido presentando problemas para sus candidatos en varias zonas del país, que originaron el retiro de algunos de ellos y por lo tanto sugirió que en la iniciativa se establezca una política firme en cuanto a las garantías que deben primar para todos los candidatos, sin distingo de ideología.
 
Para la senadora Aida Avella de la UP, dijo que es necesaria una reforma, donde haya mayor equidad de género y se reconozcan los derechos de las mujeres en todos los partidos y su participación electoral; se establezcan mecanismos de transparencia al momento de los conteos de los votos y que al sistema de software tengan acceso veedores de los partidos políticos participantes, al considerar que es frágil para ser objeto de manipulaciones.
 
A su vez, el representante del partido Unión Patriótica, Gabriel Becerra, indicó que es necesario un verdadero pacto político para generar garantías a los participantes en las elecciones y modificar los esquemas tradicionales del proceso electoral determinando acciones concretas en la vigilancia especial de las autoridades para evitar fraudes y otras irregularidades que beneficien a intereses particulares de algunos grupos políticos.
 
Al concluir la audiencia pública el senador citante Julián Gallo del partido FARC, resumió las solicitudes de los participantes entre los que se encuentra la conformación de un instituto que se encargue de todo el sistema electoral; financiación de las campañas por parte del Estado, prohibiendo aportes de particulares y créditos bancarios; permitir que los jóvenes de 16 años sufraguen; creación del Tribunal Nacional Electoral, que se encargaría de regular la organización, demandas, inhabilidades en la entrega de avales; el establecimiento del voto electrónico con un sistema mixto y la organización interna de los partidos con una disciplina y no extender el período presidencial a los 6 años, como se ha venido planteando.
 
La radicación de la ponencia del proyecto de acto legislativo con los ajustes que se le harán al tomar en cuenta algunas de las solicitudes planteadas por los participantes en las audiencias públicas, se adelantará esta semana para que se realicen los debates reglamentarios para su aprobación, concluyó el legislador al concluir del evento.    


    
Una reforma laboral con 14 puntos.  

 
Actualmente en el Congreso se tramitan unos 14 proyectos de Ley relacionados con temas laborales, pero tal vez el más destacado es el presentado por el Centro Democrático que plantea reducir la jornada laboral semanal y el trabajo a tiempo parcial para jóvenes y adultos mayores.El proyecto propone incentivar la productividad a través de la reducción de la jornada laboral a tiempo parcial, flexibilizar la contratación laboral, para darle mayor dinamismo al mercado laboral, fomentar la formalidad y hacer más flexibles no solo la contratación laboral, sino también los aportes al sistema de seguridad social.   Muñoz considera que la jornada laboral se debe reducir, entre otras cosas, por el aumento del desempleo en el país, y porque en las últimas mediciones la productividad ha presentado un leve incremento. Tal y como lo expone el proyecto el cambio que se plantea se hará de forma gradual, una reducción de 2 horas por año hasta alcanzar las 36 horas laborales semanales. La iniciativa que buscaría mitigar el desempleo podría conllevar también a una flexibilización laboral que puede ser riesgosa para los millones de trabajadores del país. Por otro lado, el representante León Fredy Muñoz planteó también la reducción de la jornada laboral, pasar de 48 a 36 horas.   A esto se suman, las otras 12 iniciativas que van desde la flexibilización del trabajo con la implementación de nuevas plataformas hasta con la reforma del código del trabajo en materia de aportes sociales y formas de contratación. Varios de estos proyectos se han presentado acorde a las situaciones y problemáticas que han sido noticia en la opinión pública y casi ninguno ha logrado ser aprobado en su primer debate. Algunos a pesar de haber sido radicado hace algunas semanas, hoy no cuentan con ponencia para ser discutidos.     

Modificación al Sistema General de Regalías  

 
El proyecto de ley que busca modificar el sistema general de regalías se encuentra ya en su sexto debate. La iniciativa del representante Cesar Zorro de la Alianza Verde, busca reformar el sistema residual de distribución de los componentes del Sistema General de Regalías, proyectando un sistema fijo o vertical que fijará en forma más transparente la distribución, para poder planificar con más eficacia la inversión de los recursos del Sistema General de Regalías.

Así mismo la iniciativa establece que se incrementarán los recursos para las asignaciones directas, que antes de la creación del SGR era del 68% del total de las regalías y que ahora como lo contempla el proyecto será de un 37% del total del SGR.

Por otra parte, asigna a los entes territoriales productores y portuarios la facultad para viabilizar, aprobar y priorizar los proyectos financiados con recursos de las asignaciones directas, excluyendo el OCAD de las asignaciones directas. También se destina un porcentaje del 3% del total de las asignaciones directas, para inversión en las universidades públicas que tienen sede en dichos entes territoriales.  Elección del Fiscal General de la Nación por concurso de méritos  

 
A segundo debate llega el proyecto de acto legislativo que busca que la elección y nombramiento del Fiscal General de la Nación se realice por concurso de méritos. La iniciativa que es de autoría de la Alianza Verde establece que la elección del Fiscal General de la Nación se realizará a través de terna elaborada por el Presidente de la República a partir de concurso público de mérito. Además de establecer que su período será de carácter institucional, es decir, que en caso de faltas absolutas del titular, quien lo reemplace lo hará por el periodo restante del reemplazado.    ¿Reglamentación o criminalización de la protesta  

 
En la Secretaria General del Senado fue radicado un proyecto de ley que busca regular la protesta y crear nuevos tipos penales relacionados con esta. El autor de la iniciativa es el senador Víctor Manuel Ortiz Joya del Partido Liberal. La finalidad del proyecto es reglamentar las formas y ocasiones en que se pueden llevar a acabo las protestas en el país, partiendo desde la protección a la protesta como un instrumento de la democracia siempre y cuando esta sea de carácter pacífico. Por otro lado, el proyecto busca establecer unos nuevos tipos penales para restringir el accionar de los manifestantes y darle facultades a la Policía para la detención de quienes se vean implicados en acciones de daño a bienes públicos o privados, la obstrucción de vías y otras acciones que pueden ser consideradas como vandálicas. Dichas penas serían de tipo administrativo y penal para quienes sean descubiertos en estas acciones   


   

    Arranca el segundo debate de Presupuesto 2020
   

 
La plenaria del Senado estudiará esta semana, el proyecto de ley que decreta el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del primero de enero al 31 de diciembre de 2020 y cuyo monto es 271,7 billones de pesos.

La ponencia para segundo debate, en la que trabaja un grupo de ponentes de las Comisiones Terceras y Cuartas del Congreso, será presentada en las próximas horas, toda vez que el Legislativo tiene como plazo máximo el 20 de octubre para aprobar la iniciativa.

Es de recordar que las Comisiones Económicas Terceras y Cuartas del Congreso de la República, aprobaron en sesiones conjuntas, en primer debate, el texto definitivo de la primera ponencia sobre la citada iniciativa.

Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del presupuesto para el 2020 el 61% estará financiado por ingresos corrientes por $159,4 billones, un 27% por ingresos de capital por $71,3 billones, 7% por ingresos de los establecimientos públicos por $17 billones, 4% por los fondos especiales por $11,5 billones y un 1% por la renta parafiscal por $2.2 billones. Esta sería la manera en que quedaría financiado ese presupuesto de $271, billones, recordó el ministro Carrasquilla.

Asimismo, que los impuestos por concepto de importaciones aumentarían en $720 mil millones, los tributos petroleros subirían en $319 mil millones, los dividendos que Ecopetrol da a la Nación tendrían un alza de $300 mil millones, los rendimientos financieros por tenencias del Gobierno en dólares también tendrían un efecto positivo. En cuanto a la deuda en dólares, esta vería un aumento de $278 mil millones.

De igual manera, los usos de dichos recursos se dividirán así: intereses, comisiones y aportes al Fondo de Contingencia, $30,9 billones; Sistema General de Participaciones, $43,8 billones; obligaciones pensionales, $43,3 billones; aportes del PGN al sistema de salud por la asunción de los pagos del régimen subsidiado, $19,3 billones; gastos de personal, $33,4 billones; amortización de la deuda, $28,4 billones, otros gastos corrientes, $29,8 billones e inversión por $40,4 billones.

Apartes del articulado proyecto del Presupuesto General de la Nación 2020

Recursos para la educación superior:
El gobierno Nacional al efectuar la asignación de los recursos para la educación superior, lo hará con criterios de equidad entre las universidades públicas y las instituciones de educación superior de carácter público.
 En otro de sus artículos expresa que la Nación podrá emitir bonos en condiciones de mercado u otros títulos de deuda pública para pagar las obligaciones financieras a su cargo causadas o acumuladas, para sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las universidades estatales a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992, del personal administrativo y docente no acogidos al nuevo régimen salarial. Igualmente, podrá emitir bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993, en particular para las universidades estatales.

Seguridad Alimentaria Escolar:
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar garantizará que en la ejecución de la política de Seguridad Alimentaria, se incluyan las partidas necesarias para llevar a cabo la actualización de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) y se destinen recursos para la  protección, promoción y prevención de la primera infancia en el componente de alimentación y nutrición durante la vigencia fiscal 2020 de manera equitativa en todas las regiones del país.
Sostiene que los recursos del presupuesto general de la Nación destinados a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar serán apropiados en el presupuesto de gastos del Ministerio de Educación Nacional, quien continuará cofinanciando el programa alimentación escolar con los recursos apropiados en el presupuesto.

Recursos para la JEP:
Dentro de la sección presupuestal 4401 –‘Jurisdicción Especial para la Paz – JEP’, el Tribunal de Paz y las Salas de Justicia, la Unidad de Investigación y Acusación y la Secretaria Ejecutiva, se seguirán identificando como unidades ejecutoras para el presupuesto de funcionamiento e inversión. Para ello, el presupuesto establece que serán destinados 90.000 millones para esta Jurisdicción. Sin embargo, el monto sigue siendo insuficiente para que la Jurisdicción responda a las obligaciones que tiene. Preocupa que una institución clave para la realización de la justicia y que se encuentra con congestiones complejas en sus Salas, en particular en la concesión de amnistías, hoy siga sufriendo por falta de recursos en su funcionamiento.

Derechos pensionales:
El valor de la reserva correspondiente a los cálculos actuariales adicionales que sea necesario efectuar por los derechos pensionales que no se encuentren incluidos en el cálculo actuarial inicialmente aprobado en desarrollo del Decreto 1437 de 2015 y de fallos judiciales, serán asumidos por la Nación con cargo a las apropiaciones previstas en cada vigencia para el pago de las pensiones en el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional – Pensiones Positiva S.A. Le corresponderá a la UGPP el ingreso a la nómina de los pensionados de estas obligaciones que serán pagadas con los recursos previstos en el PGN. Esta medida podría conllevar a que sean los fondos privados quienes resulten beneficiados de una eventual posibilidad de modificar el régimen de prima media. Pues como se expone en el PGN para el año 2020, pareciera que la intención de la exposición de motivos y la forma en que esta redactado el artículo correspondiente a las pensiones, implicaría en un futuro un reajuste que obligue al gobierno nacional a modificar o eliminar el régimen de prima media y privilegiar el ahorro individual.

Modernización red vial:
Con el fin de mantener la consistencia fiscal del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2020 y atender proyectos prioritarios del Sector Transporte, principalmente el Programa de Modernización del Parque Automotor de Carga y la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la red vial nacional y terciaria, el Ministerio de Transporte y sus entidades adscritas, reprogramarán vigencias futuras autorizadas en los diferentes proyectos de inversión para la vigencia fiscal 2020.

Garantías para la ejecución presupuestal 2020
Para garantizar un mayor control de la ejecución presupuestal y el cumplimiento eficiente y transparente de los programas de inversión en cada vigencia fiscal, la Dirección General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público radicará cada cuatro meses un informe detallado sobre la ejecución presupuestal de las entidades que componen el Presupuesto General de la Nación, el cual será presentado a las Comisiones Económicas del Congreso de la República

Asimismo, se hará un mayor control de la inversión en las regiones, el Departamento Nacional de Planeación -DNP- radicará cada cuatro meses un informe detallado sobre la ejecución presupuestal de la inversión regionalizada, el cual será presentado a las Comisiones Económicas del Congreso de la República.

Actualmente, los ponentes coordinadores del Proyectos del Presupuesto General de la Nación, están trabajando en la presentación de la segunda ponencia, que será discutida en la Plenaria de ambas Cámaras, esta semana.    
 Viva La Ciudadanía Teléfono: 057 1 3480781 /Comunicacion@viva.org.co
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