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Octubre 4, 2019

Cumplir con el Acuerdo de Paz es cumplirle a la mujer rural


Poco se habla de la relación entre violencia contra la mujer y su nivel de empoderamiento económico, a pesar de ser este último fundamental para abordar la violencia sistemática contra las mujeres en cualquier parte del mundo. Jacqui True, investigadora en estudios de paz y género de la Monash University en Australia, explica la relación entre las cadenas de suministro globales, en el actual orden económico, y la violencia contra la mujer. Su argumento principal es que el acceso a recursos productivos afecta el acceso a la justicia y a la seguridad física de las mujeres.

Leyendo el libro de True, tras cada línea, me era imposible no recordar el texto del Acuerdo de Paz y por supuesto la vergonzosa campaña de desprestigio contra el enfoque de género, la mal llamada ideología de género. El texto producido en La Habana tiene como fin, entre muchos otros, a través del enfoque de género, garantizar  recursos económicos y productivos a aquellas mujeres víctimas del conflicto armado como una forma de reparación, pero sobre todo como garantía de no repetición.

Tristemente, las estadísticas demuestran que tras la finalización de un conflicto armado, en el caso colombiano entre las FARC y el Estado, la violencia contra las mujeres no finaliza, se exacerba. Tras el fin del conflicto las cifras de violencia doméstica y violencia sexual aumentan. El acuerdo se anticipaba a este fenómeno implementando medidas como el acceso a la tierra para las mujeres rurales.

Si de algo hay que hablar es de la situación de la mujer rural en Colombia, el principio de interseccionalidad no puede ser un concepto vago cuando hablamos de violencia contra las mujeres. Muchas de las luchas feministas actuales, sobre todo en países occidentales, siguen construyéndose sobre el privilegio, olvidándose que no es lo mismo ser mujer blanca en la ciudad, que mujer negra o indígena en el campo.

En Colombia las mujeres rurales son quienes dedican más tiempo al trabajo no remunerado –economía del cuidado- y participan menos en el mercado laboral. Revisando el informe de 2017 sobre empoderamiento económico de las mujeres, de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer (antes que le bajaran el estatus a solo Consejería), las mujeres en la ruralidad dedican 36 horas a la semana -prácticamente una jornada laboral entera- al trabajo doméstico. 92% de ellas participan en la economía del cuidado, en contraste con el 57% de los hombres. Solo el 35% de las mujeres rurales participan de la “economía paga”, es decir, cuentan con algún tipo de ingreso producto de su trabajo.

El desempoderamiento económico de las mujeres en la ruralidad en el país es aterrador. Paradójicamente, a pesar que son ellas quienes en mayor medida trabajan la tierra, son quienes menos títulos de propiedad tienen a su nombre. Por eso el asunto de la tierra debe ser también una lucha feminista en este país, y en el mundo entero.

A las mujeres, y sobre todo a aquellas en la ruralidad, hay que empoderarlas a través de políticas públicas económicas sensibles al género, como una de las muchas estrategias para combatir la violencia contra ellas. Y esto no se trata de incluirlas en este mercado laboral precario e informal de una manera abrupta –muchas de las políticas actuales así lo hacen- eso es victimizarlas aún más. Se trata de construir un modelo económico que anteponga la dignidad, que deje de abordar al trabajo como un commodity más; se trata de fortalecer las políticas de protección social y de resolver el problema de la tierra… Se trata de cumplir con lo firmado en los acuerdos de la Habana.

FUENTE: EL ESPECTADOR


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