Alexánder Molina se la jugó porque los campesinos de la vereda Puerto Las Palmas, de Tibú (Norte de Santander), arrancaran las matas de coca a cambio de apoyo estatal. Hoy está arrepentido y ha recibido 22 amenazas.

Alexander Molina, un líder comunitario de la vereda Puerto Las Palmas (Tibú, Norte de Santander), reconoce que entró a la junta de acción comunal para “defender la mata de coca”. Él tiene 34 años y desde que tiene recuerdos su sustento ha dependido de esa planta. Sin embargo, su idea cambió al poco tiempo porque cuenta que empezó a pensar que la imagen del Catatumbo debería ser distinta a la guerra y los cultivos de uso ilícito, por lo que decidió confiar en el Estado y animó a la comunidad a firmar acuerdos de sustitución voluntaria. En su idea lo siguieron 41 de las 73 familias que integran la vereda, en 2016. Luego de tres años de haber empezado ese proceso, Molina ha recibido 22 amenazas y está arrepentido de haber entregado su confianza.

Un hecho que retrata el compromiso de los habitantes de Puerto Las Palmas es que la voluntad de sustituir los cultivos empezó incluso antes, en mayo de 2016, de que se firmara el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc. A pesar de eso, los campesinos tuvieron que esperar a que comenzara a funcionar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Firmaron un acuerdo de voluntades individuales el 18 de noviembre de 2017. Pero desde ese momento empezaron los síntomas de que algo iba a salir mal. “Se firmó, se fueron (los funcionarios) y olvidaron a la comunidad”, denuncia Molina.

Luego de la firma los campesinos cumplieron el acuerdo que decía que no podían “resembrar, ni cultivar, ni involucrarse en labores asociadas a cultivos de uso ilícito”. Los habitantes de Puerto Las Palmas abandonaron sus sembradíos. Esperaban los pagos de la Asistencia Alimentaria Inmediata, sin embargo, la impaciencia empezó a tomarse la comunidad porque, según Molina, el primer pago lo tenían que hacer 30 días después de la firma (el 18 de diciembre), pero ningún funcionario estatal se presentó. Desesperados, porque ya no estaban percibiendo recursos de la coca y no tenían como subsistir, el 11 de enero salieron siete voceros de la vereda hacia Cúcuta para exigir el cumplimiento de lo pactado. En la capital de Norte de Santander se reunieron con Édgar Pallares, secretario de Gobierno departamental, y con dos funcionarios de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Con ellos llegaron a unos acuerdos y les hicieron el primer pago días después.

Un compromiso que adquieren los campesinos firmantes del PNIS es el de arrancar todas las matas en un plazo de 60 días después del primer pago. En Puerto Las Palmas, para agilizar el proceso y con el entusiasmo de sustituir los cultivos de uso ilícito, hicieron jornadas de trabajo comunitario y a los 35 días habían arrancado todos los arbustos. La ilusión de que eso acelerara el segundo pagó se diluyó en las demoras estatales. El compromiso era que las familias recibirían el dinero el 24 de marzo. Ese día no pasó nada. De nuevo, les tocó ir hasta Cúcuta a presionar el cumplimiento de lo pactado. En esa ocasión se movilizaron 30 familias que, en palabras de Molina, “no tenían cómo sostenerse”. De nuevo se reunieron con Pallares y los dos funcionarios de la Dirección de Sustitución. Llegaron, de nuevo a unos acuerdos.

El PNIS estipula que el Estado le entregaría durante un año un millón de pesos mensual a las familias inscritas para garantizar su seguridad alimentaria. “Nos pagaron los 12 millones a punta de quejas y discusiones. Fue un desgaste”, se queja Molina. Parte del dinero que debían recibir se lo gastaron en los desplazamientos hasta Cúcuta para presionar a las autoridades. “El error más grande fue haber firmado (el acuerdo de voluntad individual), antes de firmar los teníamos (a los funcionarios) cada 8 días hablándole a la gente. Después de que se hizo la firma no volvieron, para que volvieran tocaba pedirles citas, reuniones, asambleas. Era un caos”, complementa.

La situación llegó a ser tan crítica en la comunidad debido a la espera por los pagos que varias organizaciones humanitarias intervinieron. Los pobladores de Puerto Las Palmas vivieron varios meses con lo que les entregó el Servicio Jesuita para los Refugiados, la Pastoral Social, la Embajada de Alemania en Colombia y la Unión Europea.

Luego de los pagos de seguridad alimentaria debía llegar una asistencia técnica a la comunidad para que cada familia hiciera un proyecto de autosostenimiento. Molina asegura que las personas que visitaban la vereda “tenían capacidades”, pero que por la dinámica de trabajo que les imponían no podían hacer un seguimiento a las iniciativas. “Contamos con una asistencia técnica que sólo veía con unos papeles y pedían firmas. No necesitamos a un agrónomo llenando documentos, sino asesorando a los campesinos”, enfatiza.

Varias familias compraron especies menores y pollos, con otro desembolso que hizo el Estado por millón 800. Sin embargo, algunos de los animales se están muriendo ante la falta de asesoría que denuncian en la comunidad. “Si esa ese es el autosostenimiento del Gobierno se va a morir la gente de hambre después de que se mueran los animales”, señala Molina. El líder también se queja de que el Estado llegó con un nuevo plan para el cual escogieron a cuatro mujeres de la vereda para ser beneficiarias de una “finca modelo”. La elección de ellas, cuenta el líder, no se concertó con la comunidad y Molina asegura que todas son cercanas a él, lo cual le preocupa por su situación de seguridad. “Entraron a formar un conflicto interno, aparte las ponen en riesgo de señalamientos va a quedar que les por ser cercanas a mí”, explica.

La Consejería presidencial para la Estabilización y la Consolidación le respondió a Colombia2020 que “el Gobierno Nacional está cumpliendo su compromiso con las 99.097 familias que tenían cultivos sembrados antes del 10 de julio de 2016 y que hicieron parte de Acuerdos Colectivos Individualizado”.*

Molina confiesa que ha pensado en resembrar coca, pero se ha contenido pensando que “si yo resiembro los jóvenes que ya tienen otra visión para ellos va a ser más fácil volver al tema”. Además, su situación de seguridad es gravísima. Lo han amenazado 22 veces desde el 2016, dice que la seguridad es la misma comunidad que lo acompaña adonde va, pero sabe que en cualquier momento le pueden hacer un atentado. “Si me mataran no me dolería tanto, lo que me duele es pensar qué va a pasar con esas personas que no saben todavía defenderse del Estado”, sentencia. Se ha negado a salir de la vereda porque dice que él no ha hecho nada malo. Sostiene que los incumplimientos le han valido señalamientos de pobladores del Catatumbo, según los cuales cada que él va a Bogotá el Estado “le llena los bolsillos”.

La vida de Molina está en manos del Estado, el éxito de la sustitución también. En Puerto Las Palmas hay 33 familias esperando cómo les va a quienes decidieron sustituir para decidir si cogen el mismo camino. Además, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, Tibú es el municipio del país con más cultivos de coca, más de 16 mil hectáreas. Por ahora, el ejemplo no ha sido alentador.  

Nota de la editora: Unos minutos después de la publicación de la nota la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación envió las respuestas a las preguntas que este medio le planteó, en ese momento se incluyó la versión oficial.

FUENTE: EL ESPECTADOR