Según el Centro de Justicia Internacional (Cejil), que presentó el informe este jueves en Washington en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos del continente, en el primer semestre de 2019 se registraron 477 amenazas contra líderes sociales en todo el país. Las organizaciones denunciaron nula investigación de estos hechos y el Estado respondió.

Con el mensaje de que el Estado debe concentrarse en investigar mucho más las amenazas contra líderes sociales, que los homicidios, para evitar que los sigan asesinando, las organizaciones de derechos humanos presentaron en Washington un informe detallado sobre este fenómeno que en Colombia sigue creciendo con cifras alarmantes. Según la delegada del programa Somos Defensores, Diana Sánchez, quien entregó los datos este jueves a los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante 2016 y 2017, que coincide con la firma del Acuerdo de Paz, las cifras disminuyeron frente a 2015 cuando se registraron 539 casos. Aumentaron en 2018 con 583 amenazas y todo indica que este año esa cifra aumentará: solo en el primer semestre se reportaron 477 líderes amenazados. 

“Hemos escuchado en este y otros foros, la posición del Estado frente a los homicidios de personas defensoras incluidos los líderes y lideresas sociales, y entendemos la relevancia del esclarecimiento de los asesinatos, pero esperamos que la respuesta del Estado sea sustanciosa sobre la temática de las amenazas y otros ataques”, dijo Viviana Krsticevic, la directora de Cejil. Según Sánchez, el incremento de las amenazas contra los defensores de derechos humanos ha sido exponencial y progresivo, sin respuesta alguna por parte del Estado colombiano. Entre el 2010 y el primer semestre de 2019, se registraron al menos 3.434 amenazas, la mayoría bajo la modalidad de panfleto.

Los comisionados de la CIDH también escucharon las modalidades que más utilizan los armados para amedrentar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Desde llamadas telefónicas, avisos fúnebres, ramos de flores, notas en papel dejadas debajo de las puertas, mensajes de voz y de texto, mensajes a través de terceros, entre otros. Sin embargo, esta vez, denunció el delegado de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, las amenazas más recurrentes se hacen de manera directa porque los grupos herederos del paramilitarismo tienen control de estos territorios. “En esa ruralidad hay mucha militarización, no obstante, hoy en día las organizaciones de derechos humanos también tenemos vetado el ingreso a esas zonas so pena de ser asesinados”, puntualizó.

Igualmente, Alberto Brunori, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue duro con su apreciación de lo que está pasando en Colombia con esta población: “La labor de defender los derechos humanos en Colombia es de alto riesgo. Muchas defensoras y defensores realizan su trabajo en zonas apartadas en medio de la pobreza y la violencia. Es necesario reforzar su protección”.  A lo que el consejero de Colombia para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, respondió contrariándolo, señalando que no comparte dicha apreciación ante la CIDH: “Solo en 66 municipios de los más de mil que tiene el país se han presentado asesinatos de líderes sociales. En Colombia no en todas partes se violan los derechos humanos. Su apreciación es inaceptable”, dijo. 

De otro lado, el gobierno colombiano fue sorprendido por el comisionado de la CIDH, Francisco Eguiguren, quien expresó: “la CIDH ha venido haciendo seguimiento al asesinato de líderes sociales y defensores de DD. HH en Colombia. La Comisión se pregunta ¿Quiénes son las ‘Águilas Negras’? Se requiere identificar, investigar, procesar a quienes producen las agresiones”. A lo que la representante del Estado colombiano señaló que hay un fiscal dedicado a investigar estas amenazas, específicamente de este supuesto grupo que es el que más panfletos ha emitido. “Estamos haciendo la investigación, hemos recepcionado entrevistas, existen condenas contra personas que pertenecieron a las ‘Águilas Negras’. La apuesta es que este año tenemos que dar razón de eso”, puntualizó.

Así las cosas, el periodo 173 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvo como protagonistas nuevamente a los líderes y defensores de derechos humanos. Esta vez, para analizar cuáles son las amenazas y qué está haciendo el Estado colombiano frente a este fenómeno que es creciente y que asesina cada tres días al menos a un líder social. Por eso, la conclusión de las organizaciones sociales que presentaron el informe es que a partir de 2016 la Fiscalía General de la Nación ha priorizado la investigación de los homicidios, “en detrimento de otro tipo de agresiones como amenazas, atentados, violencia de género, hurto de información, allanamiento ilegal”.

Finalmente, la organización internacional CEJIL dijo que está colaborando con un amplio grupo de expertos a nivel mundial para desarrollar un protocolo que procura contribuir a que los Estados entiendan el impacto de las amenazas para la defensa de los derechos y garanticen una investigación penal. “Como un gesto de buena voluntad, nosotros le pediríamos al gobierno que ratifique el Tratado de Escazú sobre desarrollo y medioambiente que incluye obligaciones específicas frente a las personas defensoras de derechos humanos”, especificó Viviana Krsticevic, la directora de Cejil.

FUENTE: EL ESPECTADOR