La abogada María Luisa Rodríguez, en junio de 2019, señaló que la institución académica no aplicó un enfoque de género para el caso de acoso sexual y laboral que ella tuvo que vivir por parte de un profesor estadounidense en 2017.

El Tribunal Superior de Bogotá señaló que, entre 2016 y 2017, la abogada constitucionalista, exmagistrada auxiliar del Consejo de Estado y profesora de la Universidad Nacional, María Luisa Rodríguez, sufrió varios episodios en los que el profesor estadounidense, Ronald Stephens, la acosó laboral y sexualmente. Los hechos habrían ocurrido durante un intercambio académico que realizó Rodríguez a la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos y durante una visita que el académico hizo a la Nacional para participar en un congreso de filosofía del derecho en la Universidad Nacional.

En esa visita a Colombia, Stephens se habría insinuado por segunda vez con Rodríguez pues, durante su visita en Estados Unidos en el primer semestre de 2016, el profesor también le manifestó sus intenciones. En ambas oportunidades Rodríguez se negó totalmente. Ella ha relatado que, el primer día que el académico estadounidense pisó el país (por invitación de la profesora de la Nacional), ella lo recogió, lo llevó a almorzar, luego lo dejó en el hotel y él se le insinuó. Fue a partir de su rechazo que Rodríguez habría sido acosada por su colega. 

Empezó como algo sutil. Al día siguente, la profesora recibió un mensaje de Stephens, quien preguntaba por cuatro memorias usb donde tenía guardados documentos. Stephens le dijo que no las había encontrado en su cuarto ni donde almorzaron e insistió en que “alguien las había robado”. A esa insinuación le siguieron una serie de conversaciones de Whatsapp e intercambio de correos electrónicos que se convirtieron en amenazas de romper con el lazo institucional entre las dos universidades por el supuesto robo de las memorias.

Rodríguez aseguró en su momento que fue una acusación del robo directa y fue ahí que se animó a poner la queja por acoso, pues la acusación ponía en riesgo su reputación profesional. En mayo de 2017, el asunto escaló al punto que la Facultad de Derecho de la Nacional canceló la mayoría de las actividades de Stephens, mientras la profesora presentó una queja disciplinaria por acoso contra él en la Universidad de Purdue. Su teoría era que había sido víctima de hostigamiento luego de rehusarse dos veces a tener algún encuentro con él. 

En octubre de 2017, cinco meses después de poner la queja disciplinaria, la universidad estadounidense le dio razón a la docente colombiana y  señaló que Stephens recibiría un llamado de atención, lo vetaron de volver a representar a Purdue ante la Nacional, le prohibieron contacto directo o indirecto con la profesora, le negaron la posibilidad de recibir aumento salarial en los próximos dos años y, por último, le indicaron que debía recibir un entrenamiento sobre acoso.

Cuando la profesora visitó Purdue en 2016, lo hizo en compañía de profesores de la Nacional, entre ellos Maguemati Wagbou, quien luego testificó en favor de Stephens dentro de las investigaciones contra Purdue. Un año y tres meses más tarde, Wagbou invitó a Stephens al evento “Afrocolombias, conflicto y reconciliación”, celebrado el 18 y 19 de octubre de 2017 y organizado por su grupo y el de Estudios Afrocolombianos (GEA). Primero intentó traerlo por la Facultad de Derecho, pero ésta dijo que no. Luego lo tramitó por la Facultad de Ciencias Humanas, donde tuvo éxito.

Cuando la docente se enteró de la segunda visita de Stephens a la Nacional, presentó en octubre de ese mismo año un derecho de petición a la Vicerrectoría y a la Dirección de Bienestar de la sede Bogotá, en la que exponía su caso y solicitaba que se cancelara la invitación e impulsaba a la decana de Ciencias Humanas a tomar medidas preventivas e iniciar una investigación disciplinaria contra Maguemati Wabgou y la Veeduría Disciplinaria de la universidad por “negligencia y omisión de sus funciones”.

En ese momento la dirección de bienestar universitario designó a dos funcionarios para manejar el tema. La docente señaló que su respuesta fue desprolija: “Me dijeron que fuera a tomarme unas aromáticas y me ofrecieron un tratamiento psicológico. Jamás recibí una comunicación del vicerrector de sede ni del director de Bienestar, hubo una revictimización y una improvisación vergonzosa”.

Por estos hechos, en junio de 2019, Rodríguez interpuso la primera tutela contra la universidad por no aplicar el enfoque de género en su caso de acoso sexual y laboral con el docente norteamericano. La tutela, que quedó en manos de un juzgado de familia, ordenó que se volviera a investigar a Maguemati Wabgou pues “abordó el asunto de manera arbitraria y con un actuar subjetivo y descontextualizado del crudo episodio de acoso sexual” vivido por la profesora y del cual, en los últimos años “se ha venido revictimizando y estigmatizando y sin ningun respaldo institucional claro y efectivo”.

En segunda instancia, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá indicó que la investigación interna en contra de Wabgou es un mecanismo poco eficaz para lograr establecer cómo sucedieron los hechos. Por su parte, el profesor Wabgou ha dicho que no ha desconocido los derechos de Rodríguez ni generado acciones de violencia de género. “No es una falta disciplinaria invitar a un profesor”, aseguró el profesor en el proceso.

En este punto, según el fallo de segunda instacia, la profesora pidió ampliar sus peticiones hechas en la tutela. Solicitó que desde ese tribunal se impulsara una política pública de violencias de género, que se ordenara al profesor Wabgou “rectractarse de las descalificaciones” contra ella y modificar el protocolo de prevencion y atención de violencias basadas en género de la Universidad Nacional. Sin embargo, el tribunal de segunda instancia señaló que no es su competencia referirse sobre las actuaciones del docente Wabgou.

“La condición de víctima de acoso sexual (…) de la docente impone al Estado un deber especial de protección jurídica de sus derechos, deber de diligencia y atención prioritaria, no solo para sancionar al agresor sino también para prevenir sucesos de revictimización (…) y para brindarle otras medidas de protección (…)” señaló el tribunal dejando en firme la decisión del juzgado de familia. El tribunal de segunda instacia también señalo que al tratarse de una violencia de género, el enfoque de “toda actuación pública” debe tener perspectiva de género.

Sobre la investigacón en contra de Wabgou, el Tribunal criticó la investigación hecha por la Veeduría Disciplinaria de la universidad la cual archivó ese proceso. Según el tribunal, el organismo disciplinario de la institución no se centró en averiguar si el hecho de que el docente Wabgou invitara a su homólogo Stephens a la Universidad Nacional fuese un posible hecho victimizante. Tampoco, según el tribunal, “se adentró en un análisis siguiendo los criterios de género de obligatoria observación por todos los juzgadores al estudiar los temas de violencia personal o institucional”.

“Me sigue preocupando la situación en la universidad de cómo se aborda las denuncias de este tipo. En la universidad hoy hay una psicóloga que atiende a las denunciantes pero totalmente desbordada. Las estudiantes se me acercan a contarme todas las desilusiones que tienen en medio de sus denuncias. Todavía no se está aplicando un enfoque de género. Es una lástima que en esta decisión no haya un pronunciamiento sobre la política de enfoque de género que debe existir al interior de la Nacional”, puntualizó Rodríguez a El Espectador.