La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegó a Apartadó, Antioquia, para realizar una audiencia en la que escuchó los relatos de los campesinos que hoy están reclamando su tierra arrebatada por grupos armados y empresarios. Hoy, advierten, sólo tienen esperanza en esta justicia.

Marina Cifuentes* demoró tres horas desde un corregimiento de Mutatá a Apartado, en Antioquia. La cita era inaplazable. Como pocas veces, a su región llegaron funcionarios de la rama judicial desde Bogotá a escuchar. Sí, al menos 20 campesinos y campesinas reclamantes de tierras pudieron hablarle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre sus afectaciones en el conflicto armado y la verdad que esperan que esta justicia revele.

Era un salón pequeño, pero cómodo. Antes de que llegaran María del Pilar Valencia, magistrada de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP; María Ángela Salazar, comisionada de la verdad, y Blanca Lucía Mora, representante de la Procuraduría, las paredes estaban decoradas con carteles repletos de nombres de los líderes y lideresas asesinados por la guerra, por su intención de recuperar la tierra que les arrebataron los grupos armados y, según los habitantes de Urabá, también algunos de los empresarios de la región.

Esta diligencia judicial es un complemento que los habitantes de Urabá quisieron agregar al informe escrito “Van por nuestras tierras: a sangre y fuego”, elaborado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CUP), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Fundación Forjando Futuros (FFF) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y presentado el año pasado.

Su información, según la JEP, ayudará a esclarecer el caso 004, con el cual se priorizaron  las violaciones de derechos humanos en la región de Urabá, específicamente, en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en Antioquia; y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el Chocó.

El pequeño auditorio se llenó y la primera en tomar la palabra fue la comisionada Ángela Salazar, quien resaltó que “este es un momento histórico”, pues por fin la problemática del despojo de las tierras en esta zona del país es visible. Salazar, quien además fue una lideresa en esta zona, hizo un llamado a estas asociaciones defensoras de la vida y el territorio para que denuncien a los actores que han causado tanto daño en la región.

Desde los años ochenta, Urabá ha sido un terreno de disputa. Su ubicación estratégica, muy cerca de la frontera con Panamá, y sus tierras fértiles, propicias para el cultivo de plátano o la ganadería, han llamado la atención de grupos armados, de empresarios y multinacionales mineras. A pesar de su riqueza natural, el 76% de la población es pobre o está en la línea de la pobreza. Eso quiere decir que sus habitantes sobreviven con menos de un salario mínimo.

Tampoco son dueños de la tierra. De acuerdo con las cifras analizadas por IPC y Forjando Futuros, al menos 6 millones de hectáreas fueron abandonadas o despojadas. A pesar de que hoy más de 1.000 campesinos solicitan su restitución, el Estado sólo ha devuelto el cuatro por ciento. ¿Quiénes fueron o son los despojadores? Según las investigaciones de estas organizaciones, los paramilitares (56%), las guerrillas (14%), el Estado (1%), los grupos armados no definidos (6%) y los enfrentamientos (23%).

Ahora los campesinos, que ya conocen de memoria y han padecido estas cifras, quieren saber por qué estos actores del conflicto se empecinaron en arrebatarles su territorio y los obligaron a ceder sus títulos de propiedad o desplazarse o vender sus parcelas forzadamente a precios muy bajos. También esperan que se den a conocer los nombres de los máximos responsables. 

En la audiencia los relatos fluyeron sin editar, como dijo Oscar Alberto Correa, abogado de la Corporación Jurídica Libertad. Aunque muchos de estos se entregaron en el informe escrito, para los habitantes de Urabá, era importante que la JEP los conociera y viera las caras y las manos que han labraron las tierras prósperas de Urabá hasta hoy.

“Esta lucha por la tierra que nos robaron comenzó en 2005 antes de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Nos unimos como mesa nacional campesina para reclamar nuestros derechos. Cuando sucede la desmovilización, hay una ley que dice que campesinos que perdieron sus tierras podían reclamarlas. Intentamos buscar entidades del Estado para que nos ayudaran. No hubo respuesta. Nosotros emprendimos la lucha solos”, cuenta Carlos Páez, vicepresidente de Tierra y Paz y habitante de vereda Guacamayas.

Este líder amenazado le contó a la magistrada Valencia que, tras esos 15 años de historia, han podido constatar que los dueños de la tierra no eran los comandantes paramilitares, sino una cantidad de empresarios, respaldados por líderes políticos y miembros de la fuerza pública.

Las comunidades denunciaron que la violencia por reclamar sus tierras continúa.Ipc

A lo largo de esa lucha, agregó otro compañero de la vereda El Caimán que prefirió no revelar su nombre, han sido asesinados 21 reclamantes de restitución de tierras. Eso sin contar que los hostigamientos no cesaron durante décadas: “A mi familia le exigían vacunas. Pecaron por denunciar. El Ejército se fue en contra. Ahí nos desplazaron. Hemos sufrido un asesinato y el desplazamiento de 10 familiares. Mataron a un primo. Nos quemaron las casas que dejamos. Denunciamos, pero teníamos más amenazas”.

Pero su abuelo, quien llegó y cultivó esa tierra en la década de los setenta, nunca se cansó de visitarla. A veces entraba escondido hasta que llegaron los paramilitares. Ramiro de Jesús Vanoy Murillo, conocido como Cuco Vanoy, y Daniel Redón o Don Mario eran los nuevos propietarios y nunca supieron cómo les arrebataron su patrimonio.

Los campesinos también contaron cómo los empresarios de la región les mentían sobre los dueños de la propiedad. Iban hasta los terrenos, les pedían dinero para permanecer allí y años más tarde se enteraban de que no era cierto que tuvieran los títulos de la tierra. “Palabras más, palabras menos, el tipo nos estafó. Y nosotros le pagamos millones de pesos”, relató un habitante de Nueva California.

Hubo veredas, como Los Mangos, en el municipio de Turbo, donde la violencia dejó centenares de casas abandonadas. En este lugar, por ejemplo, 30 personas fueron asesinadas. La gente lo dejó todo por salvarse. 

Durante más de cinco horas, las víctimas pasaron una a una. Nombraron patrones criminales, contaron el modo de operar de los grupos armados, recordaron a sus amigos y familiares asesinados y desaparecidos, denunciaron los posibles responsables. Mientras tanto, la magistrada de la JEP y la comisionada de la verdad tomaban notas.

También se contaron historias de éxito. Un habitante de la vereda Guacamayos dijo que hace unos meses la justicia les entregó la tierra a 12 familias, un hecho que, según él, demuestra que es posible invertir la balanza del poder: “Y estamos contentos, pero sabemos que faltan más familias y por eso estoy aquí. Queremos que la JEP haga justicia. Seguiremos cultivando la tierrita y queremos que otros compañeros y compañeras también puedan hacerlo”.  

Las organizaciones que los acompañaron también pudieron mencionar sus denuncias en la audiencia. Martha Peña, coordinadora del proyecto Agendas Territoriales del IPC, explicó que una de las grandes problemáticas es que las entidades están subordinadas a intereses empresariales: “Cuando hay amenazas, asesinatos a los campesinos, no hemos encontrado apoyo en las entidades como las personerías municipales. Por el contrario, después de las denuncias, la situación es peor. El Estado colombiano no sólo ha desprotegido a las comunidades, sino que también afianzó el poder de los despojadores”.

Para Peña, existe una clara acción de querer despojar a los campesinos y así quedarse con las tierras para proyectos mineros, inmobiliarios, ganaderos y bananeros. Sin embargo, resaltó el jurista, en el conflicto armado colombiano el sector empresarial siempre ha salido impune. 

Correa, el abogado de la Corporación Jurídica Libertad, resaltó que las interveciones de la magistratura demuestran que la JEP tienen “como centralidad las víctimas y principio orientador la paz”. Asimismo, aseguró que esta jurisdicción ha podido darse cuenta de la disputa que se ha dado en este territorio “entre las comunidades y sectores que hemos dicho que se unieron en una alianza criminal para imponer a sangre y fuego una pugna que aún pervive”. Y sigue existiendo, en parte, por algunas decisiones que se, según Correa, han tomado en relación con la restitucion de tierras y que “se han quedado simplemente en decisiones sin ningún tipo de ejecución material”.

El jurista cuestionó cómo juzgará la JEP a los civiles responsables que, de acuerdo con la ley, sólo pueden ir a esta justicia voluntariamente. También expresó a la magistrada la necesidad de que en el proceso se establezcan los presuntos responsables: “Tuvimos el cuidado de consignar en ese informe personas sobre las cauales solicitamos que se contante su responsabilidad en hechos que han sido relatados en la audiencia. Aspiramos que, a pesar de las limitaciones que tiene la JEP, su Unidad de Investigación y Acusación  (UIA) logre dar trámite y a auscultar sobre los responsables de los hechos“. 

La magistrada Valencia no sólo respondió esta pregunta, aclarando que ante la jurisdicción se han presentado varios civiles y que esta tiene la competencia para juzgarlos por financiar grupos armados, sino que también hizo una explicación de cómo funciona la JEP. Esto espacios, añadió, sirven para la pedagogía y, sobre todo, para que la gente vuelva a confiar en las instituciones del Estado.

La magistrada dejó claro que la tarea de la JEP no sólo se tratará de leer informes, sino de visitar los territorios y comprender, aunque sea a través de viajes cortos, el contexto y las problemáticas que viven las víctimas del conflicto armado.  

Hace dos años, varios líderes del Bajo Atrato y del Urabá antioqueño viajaron a Bogotá para exigir soluciones al Gobierno sobre la problemática de inseguridad que se vive en su zona por cuenta de grupos paramilitares. Su denuncia la hicieron tapándose el rostro con unas máscaras blancas que tenían una expresión de miedo. En 2018, como un acto de confianza, se las quitaron y llevaron su informe al tribunal de paz. Hoy, aunque el temor continúa, siguen pensando que la JEP puede ser una salida o, por lo menos, una posibilidad de encontrar la verdad. Por eso todavía mantienen las máscaras lejos.

FUENTE: EL ESPECTADOR