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Agosto 6, 2019

Dispersos en su reincorporación: el desafío de cuidar a los ex-Farc



“La reincorporación de los exintegrantes de las Farc se ha dado a través de un proceso de atomización y dispersión, que ha puesto a prueba las capacidades de los actores involucrados, tanto del Gobierno como de las Farc. Las respuestas actuales son claramente insuficientes”.

Esta es una de las conclusiones de un estudio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que evalúa qué tanto se ha avanzado con la reincorporación de los excombatientes. 

Una prueba de esa dispersión es que solo la tercera parte de los desmovilizados se encuentran en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) que se crearon con el acuerdo de paz. Así, de los 13.011 desmovilizados en reincorporación, solo el 26 por ciento (unos 3.366) siguen en los 24 espacios territoriales que se crearon para garantizar ese proceso. 

El próximo 15 de agosto, estos espacios cumplirán dos años de vigencia. En todo caso, dice la FIP, es importante que el Gobierno, que ha dicho que buena parte de los espacios permanecerán y otros serán reubicados, mantenga el acompañamiento a los excombatientes y estos espacios que se crearon para su reagrupamiento colectivo y sus proyectos productivos.

Una de las razones por las que decidieron no quedarse, dice la FIP, es porque muchos prefirieron retornar a sus lugares de origen, otros se marginaron del movimiento político, mientras que en otros casos influyó la demora para adecuar estos espacios. 

La fundación asegura que los otros excombatientes que no están en estas zonas, unos 9.645, han seguido distintas trayectorias “de reincorporación individual y colectiva”, como en los Nuevos Puntos de Reagrupamiento, creados por los mismos desmovilizados. 

Una aclaración importante es que, según lo acordado en La Habana, los guerrilleros no estaban en la obligación de seguir una única ruta de reincorporación en particular, aunque sí tienen el compromiso de cerrar el conflicto y no reincidir.

Para abril del año pasado había 31 nuevos asentamientos de las Farc con casi 1.800 excombatientes. Y aunque no hay cifras actualizadas de cuántos puntos más de estos se han creado, la tendencia es al aumento, según la FIP. 

Esa atomización y dispersión de los que dejaron las armas trae varias consecuencias. La más importante es el riesgo para su seguridad. 

Así, entre abril del 2017 y junio del 2019, la FIP registró 121 agresiones contra excombatientes, de las cuales 82 corresponden a homicidios, un 0,6 por ciento de los que se acogieron al proceso de paz. 

El 80 por ciento de los asesinatos ocurrieron en cinco departamentos donde se concentra la conflictividad: Cauca (24 %), Nariño (22 %), Antioquia (19 %), Norte de Santander (8 %) y Arauca (6%). 

Esta tendencia de homicidios, dice la FIP, es preocupante. Sin embargo, el informe plantea que las acciones contra desmovilizados aún no presentan las magnitudes que tuvieron los procesos anteriores de reincorporación. 

Por ejemplo, en los dos primeros años de la dejación de armas de los paramilitares, entre el 2007 y 2008, fueron asesinados 560, lo que equivale al 2 por ciento de los 31.671 que se desmovilizaron. En cualquier caso, el estudio plantea que pese a que el Estado tiene una experiencia de más de 25 años en reinserciones, la seguridad “de quienes deciden dejar las armas continúa siendo uno de los principales desafíos”.Ubicación desconocida

La fundación asegura que hoy se desconoce la ubicación del 9 por ciento de los que dejaron las armas. Sin embargo, hace énfasis en que eso no significa que estén en la ilegalidad. Así, asegura, hay “ideas erradas sobre las disidencias” que han presentado una imagen distorsionada sobre la reincorporación, situación que pone en riesgo a los que sí están cumpliendo. De hecho, según la Agencia para la Reincorporación, el 76 por ciento es optimista sobre su futuro. 

Según Juan Carlos Garzón, investigador de la FIP, ni todos los que no aparecen son disidentes, ni todas las disidencias están compuestas por exguerrilleros, pues a esas estructuras se han unido personas de todo tipo. La investigación también agrega que tampoco es cierto que todos los que estén en las disidencias sean reincidentes, pues muchos de ellos nunca dejaron las armas. 

Un punto clave, dice la FIP, es la relación entre los mandos de las disidencias y excomandantes como el ‘Paisa’, Iván Márquez y Jesús Santrich, cuyo paradero es desconocido.Los asesinatos han afectado todas las desmovilizaciones

Guerrilleros de las Farc protando mensajes alusivos a la paz participaron en  proceso de reconciliación con comunidad de Uribe

Guerrilleros de las Farc protando mensajes alusivos a la paz participaron en proceso de reconciliación con comunidad de Uribe

Aunque las cifras de asesinatos de desmovilizados de las Farc son una señal de alerta, aún no alcanzan la magnitud de las muertes de excombatientes de otros grupos que, en el pasado, dejaron las armas. Así, entre el 2003 y el 30 de julio del 2018, según la Fundación Ideas para la Paz, 3.656 desmovilizados de las Autodefensas fueron asesinados. De ellos, el 91 por ciento se encontraban en la ruta de reintegración del Gobierno. 

Para el 2009 ya habían sido asesinados 2.119 desmovilizados, un cuatro por ciento de los que participaron en la resocialización. Ese año fue el más duro para los desmovilizados de ese grupo, pues asesinaron a 452. 

Pero no es el único caso en el que la seguridad de los desmovilizados ha generado preocupación. Uno de los casos más emblemáticos es el de la UP, que en dos décadas de ejercicio político perdió a más de 3.000 de sus militares porque fueron asesinados. 
En la década de los 90 se dieron varias desmovilizaciones colectivas. En el gobierno de Virgilio Barco, en 1990, el M-19 dejó las armas y 900 de sus integrantes comenzaron el proceso de reinserción. 

Pero tras el proceso, Carlos Pizarro, quien era candidato presidencial del partido político Alianza Democrática M-19, fue asesinado en Bogotá el 26 de abril de 1990. A su muerte se suman otras agresiones y homicidios de líderes del grupo. 

En el gobierno de César Gaviria se dio la desmovilización del Ejército Popular de Liberación (Epl), quienes se agruparon en ocho zonas. Según la FIP, entre 1991 y 1996 se registraron 18 masacres contra sus exintegrantes en los municipios del Urabá antioqueño, en donde se desató una ola de violencia contra los que habían conformado un movimiento político. 

En ese periodo, además, los desmovilizados del Epl sufrieron 763 hechos entre homicidios, atentados, desplazamientos y amenazas. 

Todos estos casos, asegura el informe, permiten concluir que una parte significativa de las agresiones y homicidios “provienen de otros grupos armados ilegales”. 
Otra conclusión es que una buena parte de los hechos violentos ocurrieron en regiones donde siguió el conflicto, y que el periodo electoral aumenta la vulnerabilidad de líderes y militantes que dejan los grupos ilegales.‘La mayoría sigue en el proceso’

Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, habló con EL TIEMPO sobre los principales resultados del informe. 

¿Cuál es la principal dificultad del Estado para garantizar la seguridad de los excombatientes? 

El principal problema es que se tiende a separar la seguridad de los excombatientes de la seguridad del territorio, y esas son dos cosas que se relacionan directamente. Es muy difícil pretender protegerlos sin una estrategia para ofrecer seguridad y protección en el territorio, porque finalmente todos estos grupos confluyen en unas regiones donde hay dificultades para garantizar su seguridad. Si bien se hacen esfuerzos en el proceso de reincorporación, esto va a una velocidad distinta de como cambian las condiciones en las regiones. También se volvió a caer en el error de no tener planes para los mandos medios, y hubo un descuido en contar a las milicias y redes de apoyo. 

El informe también habla de liderazgos negativos de algunos exjefes…

Son liderazgos negativos que identificamos en la parte posterior al desarme. Son excomandantes a nivel local que no tuvieron un liderazgo muy claro en los ETCR, que tuvieron tensiones internas. No es una cosa generalizada, pero sí determinante en algunos territorios. También vemos lo que ha ocurrido con comandantes que regresaron a la clandestinidad, plantean un mensaje muy difícil para la gente en el proceso, y hacen mucho daño en términos de imagen. Lo que ha pasado con Santrich, Iván Márquez, el ‘Paisa’, se lleva parte de la atención y hace perder de vista que, a pesar de las dificultades, la mayoría de excombatientes están en el proceso de reincorporación. 

¿La reincorporación va bien o va mal? 

Al verlo desde la seguridad, es un proceso que en la forma, en los desarrollos institucionales, ha ido avanzando a marchas forzadas. Pero tiene unas tareas pendientes muy importantes. El acuerdo de paz tenía una perspectiva muy clara de desmantelar las organizaciones ilegales. Si bien el Estado ha dado golpes y ha hecho capturas, en realidad todavía falta mucho por hacer para poder causar la disrupción de esos grupos y cambiar las condiciones de seguridad de los territorios. 

FUENTE: EL TIEMPO


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