*Por: Pierre Lapaque, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia.

En el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 30 de julio como el Día Mundial contra la Trata de Personas, con el fin de generar conciencia en torno a ese delito, prevenir que ocurra y proteger a las víctimas. En este sentido, previo a la conmemoración, desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en Colombia queremos visibilizar esta lucha y, atendiendo a la coyuntura actual, evidenciar el riesgo que afrontan los refugiados y migrantes.

La trata de personas es una violación a los derechos humanos. Implica la cosificación de las personas y una profunda vulneración de su dignidad. La Corte Constitucional señaló que la trata de personas menoscaba los derechos a la autonomía, la libertad, la vida, la integridad y la seguridad, entre otros. Por su parte, el Código Penal Colombiano y la Ley 985 de 2005 la definen como la captación, traslado y/o acogida de una persona para sacar provecho de ella, bien sea dentro del territorio nacional o en el exterior.

Es importante resaltar que el hecho de que una persona acepte ser explotada no le quita la responsabilidad al explotador. Sin embargo, la falta de comprensión del fenómeno, la naturalización de algunas finalidades del delito (mendicidad ajena, matrimonio servil, trabajo forzado, entre otras) y la permisividad social ante ciertas prácticas de explotación, reducen la identificación y denuncia de la trata de personas, aumentan las posibilidades de que ocurra y refuerzan factores de riesgo como los estereotipos de género, de raza y de lugar de procedencia.

El contexto actual

Según el Equipo Humanitario de País, en Colombia hay aproximadamente 5.1 millones de personas con necesidades humanitarias, afectadas por situaciones de violencia y desastres ambientales. A su vez, el GIFMM (Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos) calcula que un total de 1.9 millones de refugiados, migrantes, colombianos retornados y comunidades de acogida tienen necesidades básicas insatisfechas.

Las preocupaciones no giran en torno a la mitigación de la migración, sino a cómo garantizar asistencia humanitaria inmediata y sistemas de asistencia mediata para la supervivencia digna y, de acuerdo con lo que nos atañe este día, mecanismos de protección para un ingreso, tránsito y permanencia seguros de los migrantes y refugiados.

Las cifras oficiales de Migración Colombia indican que actualmente Colombia es el país con mayor número de migrantes provenientes de Venezuela (a mayo de 2019, se estima un aproximado de 1.260.000 migrantes). Este contexto constituye un factor de riesgo para que delitos como la trata de personas tengan lugar y pone a los refugiados y migrantes en una situación de vulnerabilidad. Al respecto, distintas investigaciones a nivel global han utilizado el Modelo Ecológico para profundizar en este vínculo.

¿Existe un riesgo de trata de personas para los migrantes?

UNODC realizó un trabajo de campo en los departamentos de Norte de Santander y Arauca durante los meses de noviembre y diciembre de 2018 con el fin de obtener información sobre indicadores asociados a la posible ocurrencia del delito en zona de frontera. Como resultado de este ejercicio exploratorio no probabilístico se encontró que de los 379 refugiados y migrantes entrevistados provenientes de Venezuela, el 58 % presentaba al menos un indicador asociado a la trata de personas.

Para llegar a esta cifra se usó una batería de 21 indicadores, la cual compartimos a continuación. Esta buscaba indagar sobre los grados de libertad y autonomía de los refugiados y migrantes y sus posibles restricciones. Del total de entrevistados, el 19 % presentó entre 11 y 21 indicadores.

Una respuesta articulada

Existen avances registrados por parte de las autoridades nacionales y locales, quienes han trabajado de la mano con la sociedad civil y la comunidad internacional para enfrentar la trata de personas. Sin embargo, en contextos de flujos migratorios mixtos, prevalecen grandes retos.

Resulta urgente reducir los riesgos y vulnerabilidades económicas, sociales y culturales, así como las desigualdades y estereotipos de género, raciales y de lugar de procedencia. Como bases del Estado de derecho, debemos garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y el restablecimiento de sus derechos. También es necesario luchar contra la impunidad y proteger a poblaciones particularmente vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, refugiados y migrantes no acompañados, los refugiados y migrantes en situación de irregularidad y quienes han sido objeto de tráfico ilícito.

En el marco del 30 de julio, hacemos un llamado a reforzar el compromiso contra la trata de personas y en pro de una migración segura, ordenada y regular. Para ello es fundamental que como sociedad rompamos la normalización de la explotación, que las autoridades fortalezcan su capacidad de identificación y respuesta ante el delito, y que la comunidad internacional trabaje coordinadamente con los gobiernos.

Avanzar en este propósito nos acerca al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular al Objetivo 5: alcanzar la igualdad de género como base necesaria para un mundo pacífico, próspero y sostenible; al Objetivo 8: garantizar condiciones para el trabajo decente como parte del progreso democrático; y al Objetivo 16: lograr un mundo en paz, con justicia e instituciones sólidas con reglamentaciones eficientes.

La tarea es posible y confiamos en que la articulación de las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional permitirá poner fin a la trata de personas.

FUENTE: EL ESPECTADOR