El narcotráfico, la minería y las disputas entre grupos armados por controlar esa región tienen en riesgo a los defensores de derechos humanos. Los violentos también persiguen a los exguerrilleros por estar comprometidos con el Acuerdo de Paz. La ausencia del Estado permitió el reciclaje de la guerra.

El pasado lunes varios líderes del Cauca le dijeron a los violentos que no van a abandonar su territorio./ Cortesía.

“Uno no sabe qué hacer, si el proceso comunitario o la familia. Esto es duro…”, dijo entre lágrimas Lisifrey Ararat, un líder afro del norte del Cauca. Esas palabras las pronunció en medio de una rueda de prensa, en la vereda Yolombó de Suarez, que convocaron varias organizaciones sociales de esa región del país para contestarle a los violentos el ultimátum que les habían dado. El viernes pasado llegaron mensajes de texto a cinco líderes del consejo comunitario La Toma: les daban 72 horas para abandonar el territorio. “Es reiterativa la situación, pero esto no nos calla, sino que hace que levantemos más fuerte nuestra voz”, enfatizó la reconocida lideresa Francia Márquez. Se quedaron resistiendo a pesar de que el Cauca es la zona más peligrosa del país para ser defensor de derechos humanos.

El 2 de enero del 2018 la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana N° 001-18. El documento advertía la degradación del orden público que se estaba viviendo en Suárez. La entidad detalló que luego de la dejación de armas de las Farc, tras firmar el Acuerdo de Paz con el Estado, otros grupos armados empezaron a disputarse el control de ese municipio. En los corregimientos de Asnazú, Agua Clara, Betulia y Los Robles se enfrentaron las disidencias de la exguerrilla y un grupo del Ejército Popular de Liberación.

El municipio es de especial interés de los grupos armados por tres factores. El primero es su ubicación porque es un sitio que une al centro del departamento con el pie de monte y la costa pacífica caucana. También hay cultivos de uso ilícito, por lo que su control es preciado por las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Por último, hay minería ilegal. “El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras de La Toma Suarez, ha dado, desde hace tiempo luchas por la defensa de su territorio contra la minería ilegal e inconstitucional”, dice una acción urgente por la vida de los líderes que emitieron varias organizaciones el pasado lunes. La oposición a los violentos y a las economías ilícitas les han costado las amenazas a los defensores de derechos humanos.

Pero Suárez es tan sólo un retrato de la realidad departamental. En el Cauca, según datos de la Defensoría, fueron asesinados 36 líderes sociales entre marzo de 2018 y junio de 2019. “Lo que nos genera los riesgos es prevenir que se sigan contaminando los ríos, que se sigan ampliado los monocultivos legales e ilegales y, en especial, las economías ilegales”, aseguró Víctor Hugo Moreno, consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca. “Todo aquel que defiende los derechos humanos, que defiende el derecho al territorio está siendo perseguido por organizaciones criminales” complementa el Secretario de Gobierno del departamento Ricardo Cifuentes, quien agrega que esa entidad está especialmente preocupada por la violencia contra líderes y excombatientes en Argelia, Balboa, Cajibío, Suárez, Buenos Aires, Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caloto y Santander de Quilichao.

La minería ilegal, el narcotráfico y las confrontaciones armadas por el control de los territorios ponen en riesgo a los líderes. En eso coinciden las tres alertas tempranas que emitió el año pasado la Defensoría del Pueblo. Los documentos se refieren a la situación de los municipios de Suárez, Miranda, Caloto y Corinto, en todos confluyen los mismos factores. Esas causas de la violencia en el departamento son refirmadas por las cuatro personas que consultamos para hacer este artículo: Mateo Gómez, Defensor delegado para el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo; Ricardo Cifuentes, secretario de Gobierno y Participación de Cauca; Víctor Hugo Moreno Mina, consejero Mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca y Jean Carlo Moreno, excombatiente de las Farc que lidera el Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación (Etcr) ubicado en Caldono.

En Miranda, Caloto y Corinto hay cuatro actores armados disputándose el territorio y las economías ilícitas que fluyen en esa zona. Según las alertas tempranas, hacen presencia disidencias del Frente Sexto y de la Columna Móvil Jacobo Arenas de las Farc, también llegó a la región una estructura armada que se autodenomina la compañía Milton Hernández del Frente Manuel Vásquez Castaño del Eln. Desde la región del Catatumbo habría arribado un grupo de guerrilleros pertenecientes al Ejército Popular de Liberación. También las Autodefensas Gaitanistas y las Águilas Negras han firmado panfletos y amenazas. Las rentas del narcotráfico y de la minería estarían en el centro de la confrontación.

Los entrevistados coinciden en que esa disputa se debe a la ausencia del Estado. “Lamentablemente son territorios que no fueron rápidamente ocupados por la institucionalidad”, reconoce el secretario Ricardo Cifuentes. Al preguntarle si la Gobernación, por hacer parte de las instituciones, también falló al no hacer presencia en esas zonas dijo que la entidad “ha podido llegar a todos esos lugares con obras de infraestructura como el mejoramiento de vías y las pavimentaciones a cabeceras municipales. También con el de mejoramiento de acueductos, de servicios básicos y con proyectos productivos”.  Aseguró que “el tema de seguridad que está a cargo de la Policía y el Ejército no ha podido ser atendido”.

Otra visión tiene Mateo Gómez, de la Defensoría del Pueblo. El funcionario enfatizó en que “la respuesta institucional en materia de Fuerza Pública avanza, pero no se puede hacer una intervención militar exclusivamente sin oferta institucional que es la que se encuentra más rezagada”. Incluso la Alerta Temprana sobre el municipio de Miranda denunció que “es preocupante la situación de las personas que habitan en el área rural, pues el acceso a los servicios de las instituciones Estatales es precario”.

Los cultivos de coca alimentan la guerra en la región. Según la medición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las hectáreas sembradas de esa planta en el Cauca se multiplicaron: en el 2015 había 8.660, mientras que en el 2017 alcanzó las 15.960, lo que lo convierte en el cuarto departamento con más arbustos. En esa región también está el cuarto municipio con más coca en el país: El Tambo con 6661 hectáreas. Los grupos armados defienden el negocio del narcotráfico. Por eso, los líderes que han impulsado la sustitución de cultivos de uso ilícito han sido amenazados y son reseñados en todas las alertas tempranas como un sector social en riesgo.  

Para hablar sobre la seguridad de esos líderes, el pasado martes la Gobernación tuvo una reunión con los funcionarios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Ese mismo día el Gobierno nacional lanzó una iniciativa para brindarle garantías a los impulsores de ese programa. “No ahorraremos esfuerzo alguno para garantizar su seguridad, al igual que la de todos los colombianos”, dijo Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación.

Víctor Hugo Moreno, consejero mayor de la Asociación de Consejos Comunitarios del norte del Cauca, dice que “la mejor forma de proteger a las comunidades es atacando las causas que generan los riesgos, no sólo los efectos”. Para eso propone evitar que la minería y la coca entren a algunos sectores del departamento fortaleciendo a las comunidades que se han opuesto a las economías ilícitas. Asegura que para resistir sin esas economías se necesita apoyo del Estado.

Otro factor de riesgo que identificaron tanto Víctor Hugo como Jean Carlo Moreno es la oposición al proceso de restitución de tierras. Según el consejero mayor se han visto casos de despojo de tierras en municipios como Santander de Quilichao y ante las reclamaciones de las comunidades ha habido respuestas violentas. “Sí se ven conflictos por la restitución, pero no es algo preponderante como en el Urabá antioqueño o chocoano”, dijo Mateo Gómez.

La situación de los excombatientes

Otra de las poblaciones que está siendo perseguida por los violentos son los excombatientes de las Farc. En el departamento dejaron las armas 1.184 personas, de las cuales 32 han sido asesinadas, lo que convierte al Cauca en la región más riesgosa para los firmantes del acuerdo de paz.En las últimas dos semanas se han perpetrado cuatro homicidios contra reincorporados, tres en Caldono y uno en El Tambo.

Diplomáticos de los 15 países que componen el Consejo de Seguridad de la ONU visitaron el Etcr de Caldono. Una de las preocupaciones que se llevaron es la situación de los líderes sociales y de los excombatientes. A su vez, reiteraron que esa instancia respalda de manera unánime el proceso de paz. En ese lugar se presentó un atentado el pasado 24 de junio. Desconocidos dispararon una bala de fusil hacia un dormitorio donde se encontraban descansando unos 50 reincorporados que trabajan en un proyecto productivo de aguacate en la vereda Valle Nuevo, de Silvia.

El espaldarazo del Consejo de Seguridad es crucial porque los asesinatos contra excombatientes se deberían a su compromiso con el Acuerdo de Paz.  Gómez dijo que algunos de los grupos ilegales que operan en Cauca les están haciendo ofertas a los exguerrilleros y que cuando reciben un no como respuesta toman represalias. En las Alertas tempranas de la Defensoría también hay constancias de que las disidencias de las Farc consideran que quienes se acogieron al Acuerdo de paz son “traidores”, lo que también estaría generando violencia contra esa población.

Otros dos riesgos para los excombatientes, según Jean Carlo Moreno, son la estigmatización y los esfuerzos por impedir que participen en política. Moreno contó que en la reunión que sostuvieron con el Consejo de Seguridad le expresaron a los diplomáticos “la necesidad de que el Gobierno nacional cese las hostilidades de algunos sectores políticos, especialmente del Centro Democrático”. “Un senador (Álvaro Uribe) dijo que prefería ver a los guerrilleros armados y no en el Congreso haciendo política, eso nos muestra que hay una intención de impedir el fortalecimiento de la democracia”, agregó. También le piden al Estado que reconozca la existencia del paramilitarismo y que lo acabe, tal y como quedó consignado en el Acuerdo de paz.

Por su parte, el secretario Cifuentes admitió que no han podido “identificar quiénes son las personas que llevan a cabo estos crímenes contra los excombatientes ni hay una clara hipótesis de los móviles”. 

En el Cauca está en juego la paz. En ese departamento los violentos están cercando a quienes se oponen a las mafias y a quienes se niegan a volver a la guerra. Por eso, piden que el Estado apoye la resistencia de las comunidades a las economías ilegales y que los excombatientes no sean tachados de terroristas, sino que se entienda que son una población que sueña con construir su proyecto de vida en paz.

FUENTE: EL ESPECTADOR