Varios colombianos marchan a la sede de la Corte Penal Internacionalen La Haya (Países Bajos) para pedir que se investiguen las ejecuciones extrajudiciales (llamadas también falsos positivos) y el asesinato de líderes sociales en Colombia. Al tiempo que esto ocurre, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, envió una carta a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, para “prevenir que ese despacho pueda ser objeto de información insuficiente sobre la judicialización de los victimarios de los defensores de derechos humanos” en el país.

En ese sentido, expuso que entre el 1 de enero de 2016 y el 27 de marzo de 2019 han sido asesinados 265 defensores de derechos humanos (según el registro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –OACNUDH–). De eso, señaló el fiscal, se ha identificado a los autores de 151 casos, es decir, el 57 %, de los cuales, en 29 ya hay sentencias condenatorias, 53 están en juicio, en 35 se han imputado cargos, en 31 hay órdenes de captura y otros 3 precluyeron por la muerte de los sindicados.

“La eficacia de la justicia en la investigación de estos crímenes está corroborada por el hecho de que, a la fecha, la totalidad de las sentencias dictadas por los jueces de la jurisdicción ordinaria, e incluso los de la jurisdicción indígena, han sido condenatorias, avalando las hipótesis investigativas y de autoría de la Fiscalía General”, se lee en la carta que envió Martínez a Bensouda.

Además, añade que también se está investigado a los autores intelectuales de los asesinatos de los líderes sociales. Al respecto, explicó que en el “21,85 % de los casos en avance de esclarecimiento se ha podido establecer la autoría intelectual de los graves crímenes”. También resaltó que se ha avanzado en la investigación de los casos presentados por otras entidades, como la Defensoría del Pueblo, que señala que son 498 asesinatos en el mismo período de tiempo. De estos, dice el fiscal, se ha avanzado en el esclarecimiento de 214 casos.

Desde el pasado 28 de marzo, varios colombianos que residen en Europa iniciaron una caravana, que salió desde París, para llegar hasta Países Bajos, donde se presentarán ante la Corte Penal Internacional. Allí expresarán su preocupación por que el asesinato de líderes sociales en Colombia quede en impunidad, al considerar que “las investigaciones no avanzan”. Entre las organizaciones que organizaron la marcha están Colombia Humana (Londres), el colectivo Asdrúbal Jiménez (Ají), Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos y el Grupo Europa de familiares de detenidos y desaparecidos en Colombia.

El Espectador habló con Antonio Ramírez, miembro de Colombia Humana en Londres y uno de los organizadores de la caravana, quien aseguró que “las investigaciones no avanzan y, hasta hace muy poco, en parte gracias a la presión internacional que se hizo, el fiscal (o el gobierno en cabeza del fiscal), aceptó que hay una sistematicidad. Pero, hay una responsabilidad por parte del Estado en lo que tiene que ver con la omisión y, en muchos casos también, quizá, con acción de agentes estatales que, al parecer, estarían involucrados en los asesinatos de líderes sociales”.

Según un estudio publicado por la Comisión Colombiana de Juristas, la Universidad Nacional y varias organizaciones sociales, a inicios de 2019, muestra que, en la mayoría de los casos de defensores asesinados, eran líderes de juntas de acción comunal (61), seguidos por líderes cívico-comunales (52), líderes indígenas (31), líderes campesinos (28), líderes afro (24), líderes de movimientos políticos (18), activistas de víctimas (12), líderes sindicales (9), activistas ambientales (7), reclamantes de tierras (6), abogados defensores de derechos humanos (5), miembros de la comunidad LGBT (4) y líderes juveniles (3).

FUENTE: EL ESPECTADOR