Además de poner la lupa sobre los 110 homicidios de líderes sociales, el documento critica que el Congreso aún no haya creado las circunscripciones especiales de paz para las víctimas.

Se debe priorizar el enfoque preventivo para proteger la vida de los líderes sociales, reitera el informe que presentó ayer Alberto Brunori, representante en Colombia de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En él se detalla cómo le fue a Colombia en esta materia en 2018. Por segundo año consecutivo, el documento también trae un balance de la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc, y unas recomendaciones para que el Gobierno garantice la labor de defender los derechos humanos y llegue a los territorios más azotados por el conflicto.

El informe, presentado ayer con la presencia de la embajadora de la Unión Europea, Patricia Llombart, y el defensor del Pueblo, Carlos Negret, resalta con preocupación la cifra de 110 líderes y defensores de derechos humanos asesinados el año pasado. Estos homicidios ocurrieron en 24 departamentos del país y se concentraron principalmente en Antioquia, Cauca y Norte de Santander (37 % del total de casos registrados en 2018). De acuerdo con el seguimiento del organismo internacional, en esas zonas el riesgo sigue siendo alto desde hace tres años y el Estado debe hacerle frente con urgencia, a través del nuevo Plan de Acción Oportuna (PAO), que prioriza esos departamentos.

Y debe hacerlo de manera estructural, no solo con la presencia de la Fuerza Pública, pues el 93 % de los homicidios a los cuales hizo seguimiento la oficina del alto comisionado ocurrieron en contextos regionales con causas estructurales. Por ejemplo, donde no hay acceso a la justicia, ni existe igualdad en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Por eso, resalta el informe, dichas causas estructurales “también son el resultado de sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos”.

Según la información recopilada a propósito de las posibles motivaciones de estos asesinatos, el 66 % estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, los efectos de la violencia que afecta a la población en general o el apoyo a la implementación del Acuerdo, más concretamente la sustitución de los cultivos.

La otra preocupación que resalta el informe de derechos humanos es el incremento inusitado de las masacres en todo el país. Según el informe, el número de masacres aumentó en 2018 en un 164 % respecto a 2017, al pasar de 11 a 29 casos. Los mayores números se registraron en Antioquia, Cauca, Norte de Santander y Caquetá. En los tres primeros departamentos, la oficina del alto comisionado observó una mayor incidencia de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos.

Asimismo, preocupa que en casi el 50 % de los municipios del país haya aumentado la tasa de homicidios con respecto a 2017. Por ejemplo, en San José de Uré (Córdoba) y Barrancas (La Guajira), la tasa de homicidios creció 1.473 % y 880 %, respectivamente. El llamado de atención se extiende a los 11 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, Arauca, Huila, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander.

En otro apartado, el que destaca el proceso de reincorporación de las Farc a la vida civil, la oficina del alto comisionado señaló que le preocupa que la Jurisdicción Especial para la Paz no haya tenido acceso a las pruebas de la justicia de Estados Unidos que le permitieran determinar el momento en que cometió los presuntos delitos el exjefe guerrillero Jesús Santrich, detenido en la cárcel La Picota desde hace casi un año.

Al final, poniendo de presente que el Estado debe fortalecer las garantías para el ejercicio de la labor de los defensores de derechos humanos, el informe detalló las agresiones y ataques sufridos por los desmovilizados, que, según la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, han resultado en la muerte de 85 antiguos integrantes de las Farc-EP desde la firma del Acuerdo. “Generan un serio riesgo para la estabilidad del proceso de paz y han llevado a algunos excombatientes a abandonarlo”, sentencia el documento.

Recomendaciones en derechos humanos para el Gobierno

Son más de diez las recomendaciones que la oficina de la Alta comisionada para los Derechos Humanos les hace a varias entidades del Estado. Por ejemplo, exhortó a  respetar la independencia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y en particular la de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Igualmente, dijo que el Gobierno debe implementar el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos,  y a actuar con la diligencia debida para luchar contra la impunidad en los casos de asesinatos y agresiones contra ellas.

Finalmente, hizo un llamado a la guerrilla del ELN para que se abstenga de tomar rehenes, una práctica prohibida por el derecho internacional humanitario. “Convocamos a las partes a acordar un cese al fuego bilateral que permita seguir construyendo confianza para la reanudación de los diálogos de paz. Esto mejoraría la situación de los derechos humanos de las comunidades”.
FUENTE: EL ESPECTADOR