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Marzo 8, 2019

Feminicidios en Buenaventura: el control criminal sobre los cuerpos de las mujeres


En este municipio del Valle del Cauca el asesinato de mujeres por razón de género, también ha estado dirigido al debilitamiento social para la expansión de las economías criminales. Las historias de algunas mujeres las estudió una investigadora bonaverense.

Cuando Danny María Ramírez se sentó en el puesto central de la sala donde la esperábamos tomó su celular y reprodujo una canción: Como la cigarra. “Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra”. Era la voz de Mercedes Sosa. La escuchamos en lo que ella, en su Tablet, buscaba sus apuntes y su documento. Esa noche estábamos en un círculo de mujeres y Viviana, la anfitriona, nos había preparado flores, velas y aromáticas. Nos convocó para que Ramírez, socióloga, nos compartiera su experiencia investigando los feminicidios cometidos en Buenaventura y su relación con las economías criminales. Es decir, cómo el asesinato de mujeres iba a más allá del odio y tenía el objetivo de silenciar, acabar procesos sociales y desarticular comunidades.

Esa noche ella, que es una mujer negra bonaverense, empezó por hablarnos del dolor que le produjo investigar, procesar y escribir sobre este tema, que fue su tesis para la maestría en Estudios de Género de la Universidad Nacional. El primer dolor fue años antes de que decidiera siquiera interesarse por el feminismo, fue cuando una buena amiga fue asesinada por su pareja en un claro acto de violencia machista, o sea, en el momento en el que el feminicidio llegó a su entorno más cercano. Fue en 2009, cuando este delito todavía no existía en el código penal.

Su amiga era Yenice Lorena García, o como ella la llamó en su investigación: cigarra traslúcida. Era una mujer que trabajaba por los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y que fue asesinada por su exnovio cuando ella quiso terminar la relación. Ramírez, como otros amigos y familiares de cigarra traslúcida, sintió dolor e impotencia, pero a medida que se acercaba a las causas de este feminicidio, notó que ella también juzgaba a la víctima: ¿por qué no dejó antes a ese hombre? ¿Cómo no se dio cuenta de que era un asesino? ¿Por qué lo dejó entrar a su casa si ya habían terminado?, se preguntó, cuestionando a su amiga, no al agresor, menos al entorno en el que estaban.

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Buenaventura, un municipio en el que, según el DANE, para 2010 el 13,48% (más de 48.000 personas) de la población vivía en la miseria, y donde, además, hay múltiples actores armados y una historia de conflicto. Ahí, donde, según el Observatorio de Memoria y Conflicto, se han cometido 37 masacres; 1.682 asesinatos selectivos; y se registran 283 víctimas de violencia sexual en el marco de la guerra. En Buenaventura, donde las Farc hacían presencia y donde el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, en 1999, entró a cambiar ese control del territorio y de la economía del puerto mientras estaban aliados con la Fuerza Pública, según reveló el informe Bloque Calima de las AUC: depredación paramilitar y narcotráfico, del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ahí la violencia contra las mujeres ha sido ejercida por todos los actores armados, y, dice Ramírez, es violencia “hacia las mujeres negras, empobrecidas, racializadas y estereotipadas, habitantes de un contexto hostil, plagado por las dinámicas del conflicto armado. Se trata de mis iguales; yo habría podido ser una de estas mujeres”.

De las 15 mujeres que estábamos en el círculo, cinco éramos mujeres negras, algunas provenientes de contextos hostiles, víctimas de racismo y de la hipersexualización de nuestros cuerpos. Como Danny Ramírez, también nosotras habríamos podido ser víctimas de feminicidio en otras partes de Colombia. Pero no fuimos, “nos salvamos”, dijo la investigadora.

Sí fue Cigarra Mimi, funcionaria de la Fiscalía, madre de dos hijos, asesinada en la puerta de su casa en 2005; Cigarra Flavida, lideresa social asesinada en 2008; Cigarra Nutti, una joven de 19 años que, por no querer seguir una relación afectiva con un actor armado ilegal fue asesinada, desfigurada y torturada en 2011; Cigarra Bárbara, abogada que se negó a pagar una vacuna y fue asesinada frente a sus estudiantes; Cigarra Opalina, una mujer fuerte que “desafiaba la “autoridad” de los actores armados en su sector, les hacía perder “respeto”, los hacía ver y sentir vulnerables, cuestionaba su figura de jefes”.

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Fueron otras cigarras que, como las de la canción, no pararon de cantar aún después de estar bajo la tierra.

“Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando”, canta Mercedes Sosa, y en una cifra inexacta por falta de información, Ramírez encontró que entre 2010 y 2014, al menos 68 mujeres fueron asesinadas en Buenaventura.

Así, siguió encontrando casos que hablaban sobre el odio y el control de los armados sobre las mujeres. Como el de Cigarra Querula: lesbiana, masculina, asesinada por un actor armado en 2007, “porque enamoró a su mujer, al punto que ésta decidió dejarlo por Querula”. A Ramírez la sobrina de Querula le dijo esto: “Eso él no lo podía soportar y tenía que matarla, porque no era posible que una mujer fuera más macho que él”. Y otros varios casos de mujeres que fueron asesinadas por no cumplir las órdenes del actor armado, como el caso de Nutti, esas son las Cigarras Ninfas multicolor, quienes frecuentemente son violentadas sexualmente.

A ese punto de la exposición de Danny Ramírez ya había muchas preguntas, por ejemplo, sobre si el asesinato de las funcionarias judiciales realmente era un feminicidio, es decir, si se había cometido por motivos de género. Esa fue una pregunta que ella se hizo y la respondió con ayuda de entrevistas, incluso, con actores armados. “El feminicidio no es el fin, sino un medio para ejercer control sobre el territorio; es decir, la materialización del cuerpo de las mujeres como instrumento de la guerra inmersa en las complejas economías de la ciudad puerto de Buenaventura”, dice la investigación.

Esta conclusión llevó a Danny Ramírez al término femigenocidio, definido por la antropóloga feminista Rita Segato como la situación en la que “la mujer muere no en la dinámica de las relaciones interpersonales, sino que muere por el genus (género), es decir que no hay conocimiento, que sus torturadores no la conocen, no hay una relación personal”, en cambio, hay “un grupo y un mandante de asesinos (que) victimizan a un número alto de mujeres”. Ramírez se atrevió a más, a encajar la situación de Buenaventura en el crimen internacional de genocidio, que es el asesinato sistemático de un grupo por motivos políticos, raciales o religiosos. Le agregó la subcategoría de étnico/territorial.

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En Buenaventura se presenta el femigenocidio étnico/territorial, que tiene el objeto de eliminar a las mujeres para desarticular el tejido social de una comunidad que, a través de la historia,  ha venido resistiendo para permanecer en el territorio, un territorio donde los enclaves capitalistas de economías globales y criminales tienen un plan a ejecutar bajo un modelo de desarrollo establecido no incluyente”, es una de sus conclusiones.

Como la cigarra, que asistió a su propio entierro sola y llorando, las mujeres en Buenaventura están solas. La Defensoría del Pueblo identificó al menos cuatro riesgos a los que están expuestas: por ser líderes, por tener hijos que pueden ser reclutados para la guerra, por sus relaciones, reales o no, con miembros de actores armados y por no cumplir con las normas impuestas por estos, pero no pasa nada.  Según datos de la Fiscalía General, en 2018 en Buenaventura cuatro mujeres fueron víctimas de Feminicidio, en 2017, tres, la misma cifra del 2016. En el área metropolitana de Cali la situación era aún peor, se contaban 14 víctimas hasta mayo de 2018.

Para que las cigarras no paren de cantar, el llamado es al diseño de una política pública que proteja a las mujeres y garantice sus derechos humanos. Esta “debe considerar de manera prioritaria la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, y debe estar encaminada a superar de manera inmediata el racismo, la discriminación y la inequitativa distribución de la riqueza”, dice Ramírez.

FUENTE: EL ESPECTADOR


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