A dos años de la firma del Acuerdo de Paz, la Universidad de los Andes publicó la encuesta de la disposición de los 172 municipios más afectados por el conflicto armado para emprender procesos de reconciliación e interactuar con los excombatientes de las Farc en la vida cotidiana. Las víctimas directas sienten mayor molestia para relacionarse con los exguerrilleros.

¿Qué tan dispuestos están los colombianos, que viven en los 172 municipios más afectados por el conflicto armado, a compartir actividades cotidianas con los excombatientes de las Farc? Esa es la pregunta general de la encuesta aplicada a 4.500 hogares de estas poblaciones rurales y urbanas del país, luego de la dejación de las armas y la reincorporación de los guerrilleros de las Farc a la vida civil. Los resultados los publicó la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, a través de una tertulia en la que estuvieron delegados del gobierno, los expertos que analizaron la encuesta y estudiantes y profesores de esta institución educativa.

Los resultados son reveladores. En general, los encuestados aceptan compartir algunas actividades de la vida cotidiana con los excombatientes de las Farc, pero no parecen estar dispuestos a tener relaciones más cercanas y personales con ellos. El valor de la respuesta va de uno (“no me molesta”) a diez (“me molesta mucho”), como se muestra en la gráfica.

El estudio se basó en la encuesta del Programa Transformando Territorios (PTT), la cual incluyó a los 170 municipios más afectados por el conflicto y priorizados en el Acuerdo de Paz para implementar Planes de Desarrollo Territorial (PDET); y en poblaciones rurales y urbanas del país. En concreto, la muestra corresponde a 172 municipalidades. La ponencia de los resultados fue presentada por la profesora de economía, Ana María Ibáñez, pero en la investigación también participaron los docentes Leopoldo Fergusson, Tatiana Hiller y Andrés Moya, todos, de la Universidad de los Andes.

Así, por ejemplo, más del 30 por ciento de la población contestó que no le molestaría para nada tener interacciones como que un excombatiente fuera su vecino o compañero de trabajo o, incluso, que sus hijos fueran a la misma escuela. Mientras que el 70 por ciento reportó un puntaje de cinco o menos. Un 10 por ciento de la muestra dijo que les causaría mucha molestia dichas interacciones.

Otro de los puntos de la encuesta es la percepción de las comunidades de estos territorios frente al proceso de reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. El 40 por ciento percibe que es algo bueno, el 36 algo regular y el 24 por ciento lo considera como malo. Además, resalta el estudio, el 52 por ciento de los encuestados no ve poco probable de que los ciudadanos perdonen y se reconcilien con excombatientes.

Finalmente, aunque los resultados de la encuesta parecieran contradictorios cuando se exponen las cifras de la poca molestia a compartir actividades cotidianas y el pesimismo frente al proceso de reconciliación, no es gratuito que así sea, pues hay desconfianza en que el proceso de paz sea estable y duradero, una de las premisas más importantes del acuerdo de paz.

La medición de la confianza en el Estado

El estudio prevé que la exposición a la violencia durante el conflicto armado, la confianza hacia las instituciones que protegen a la población civil y judicializan los grupos armados, y la conexión con redes, ya sea políticas o comunitarias, están asociadas con las actitudes hacia la reconciliación. Por eso, dice el estudio, la victimización durante el conflicto puede ser un obstáculo para alcanzarla.

Según los resultados de la investigación, derivados de la encuesta aplicada en los 172 municipios, entre más haya habido victimización por parte de las Farc, más negativa es la percepción frente a la reincorporación, el perdón y la reconciliación entre los miembros de esta sociedad. “Es probable que el trauma y los impactos psicológicos debido a la víctimización estén asociados con una menor disposición a la reconciliación”, resalta la investigación.

Igualmente, no sorprendió a los investigadores, el hecho de que haya una significativa confianza en el sistema judicial en los municipios donde perciban optimismo en la reincorporación y la reconciliación. La razón: “En otros países que están atravesando procesos de transición democrática o iniciando la etapa de posconflicto, la confianza en el sistema judicial y la eficacia de sus actuaciones han sido fundamentales para aceptar y apoyar los procesos de justicia transicional”.

Las propuestas

En general, el estudio dejó una conclusión muy importante: para alcanzar la reconciliación es necesario que en los territorios se implementen los mínimos de los PDET (Planes de Desarrollo Territorial) del acuerdo de paz, que incluyen satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de esas poblaciones azotadas por el conflicto. No obstante, el consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, dijo que “el tema de las zonas PDET, políticamente, es un tiro en el pie”, porque, aseguró, que éste gobierno no podrá ver en obras los cuantiosos recursos que invierta.

Incluso, fue más allá con cifras de cuál sería el futuro de los PDET. Dijo que el ministro de Vivienda Jhonatan Malagón le hizo un diánostico de cómo estaban los municipios PDET en materia de acueducto y alcantarillado, el cual arrojó que 9 de cada 10 personas en estos municipios afectados por el conflicto no tienen acceso a acueducto y alcantarillado. Y que si el gobierno invirtiera en esos 170 municipios PDET el 100% de los recursos destinados para todo el país en esa materia, “aumentaríamos 1% en acueducto y 1% en alcantarillado en esos territorios”.

Por su parte, la magistrada de la Justicia Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre, dijo que existe un consenso nacional para que el Estado llegue a los territorios. Que tanto la izquierda, el centro y la derecha, coinciden políticamente en que es necesario para cerrar el conflicto armado. “Estudios como este nutren el cómo hacerlo, que es en lo que falta ponerse de acuerdo”, señaló.

Mientras tanto, la senadora del partido Verde, Juanita María Goebertus, puso en primer plano el papel fundamental que cumpliría el Estado, llegando con la justicia local. “Es clave para que esas comunidades vuelvan a confiar en el Estado y para que sea posible soñar con la reconciliación”. Y criticó: “en el Plan de Desarrollo no existe ningún tipo de compromiso de cómo va a ser la administración de justicia a nivel local. El Ministerio de Justicia respondió que no puede comprometer a la Rama Judicial y la Rama Judicial dijo que a estas zonas rurales de difícil acceso lo que debería haber son mecanismos de conciliación u otras alternativas de resolución de conflictos”.

Lo cierto del caso es que, mientras en el resto del país hay once jueces por cada 100.000 habitantes, en los 170 municipios PDET, según el Consejo Superior de la Judicatura, hay tan solo seis jueces. Es decir, la mitad de lo que tiene el resto del país. Lo mismo ocurre con la Fiscalía e investigadores del CTI.

Así el panorama, falta ver qué pasará con los planes PDET durante este gobierno, ya que el propio consejero para el Posconflicto, Emilio Archila, dijo que era casi un implosible. Y que solo a 2030 el país podría tener un 100% de cobertura en acueducto y alcantarillado, por ejemplo. Es decir, se debe avisorar una reconciliación a largo plazo, como quedó contemplado en el acuerdo de paz, y lo que se espera es que haya una hoja de ruta para que el inicio sea ahora, así sean otras generaciones las que cosechen los frutos.

FUENTE: EL ESPECTADOR