El 23 de enero de 1994, guerrilleros de las Farc cometieron una masacre en este barrio de Apartadó. Los familiares de las víctimas hablan sobre la posibilidad de realizar actos de paz y reconciliación en el futuro, para dejar atrás la guerra que por nada del mundo están dispuestos repetir.

Es posible que este sea el último año en el que las víctimas de la masacre de La Chinita, perpetrada hace 25 años por las Farc en Apartadó (Urabá antioqueño), conmemoren con eventos oficiales, misas y reuniones lo que ocurrió en la madrugada del 23 de enero de 1994. Ayer lo hicieron en el municipio, junto a miembros del Estado, exguerrilleros y habitantes de la zona. Al terminar los protocolos, las organizaciones de víctimas se agruparon para definir qué pasará en el futuro. Por un lado, ya no tienen recursos para seguir organizando eventos. Pero quizás la razón con más peso que los llevó a plantear la idea es que ya no quieren seguir recordando los hechos en medio del dolor y la tristeza.

Por el contrario, la premisa que quieren cumplir de ahora en adelante es que la conmemoración de la matanza será un mensaje de memoria, reconciliación y construcción de paz. Luz Marina Mosquera, una de las viudas de la masacre, que tuvo un saldo de 35 personas asesinadas y 17 heridas, defiende la idea de cambiar los protocolos y dar el ejemplo de cómo una comunidad afectada por la guerra puede cambiar el lenguaje del conflicto por uno de paz absoluta. La mujer que perdió a su esposo, Antonio Mosquera, aclara, eso sí, que no se trata de olvidar lo sucedido, pues, además de ser imposible, el objetivo es construir una comunidad que solo le apuesta a la paz.

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Olvidar lo ocurrido es imposible, no solo para Luz Marina Mosquera, sino para las demás víctimas y para las lecciones de historia y memoria en el país. En la madrugada del 23 de enero de 1994, un comando del frente Quinto de las Farc, en compañía de disidentes del Ejército Popular de Liberación (Epl), llegaron a La Chinita, un barrio de invasión en Apartadó. Las ráfagas de disparos despertaron a los habitantes y terminaron con una fiesta a la que asistían varios miembros del movimiento Esperanza, Paz y Liberación, más conocidos como los Esperanzados, compuesto por desmovilizados de las filas del Epl en 1991, después de negociaciones con el gobierno de César Gaviria.

Según el proyecto Rutas del Conflicto, una de las bases de datos más completa en el país sobre masacres desde 1982, lo ocurrido en La Chinita fue el inicio de la agudización del conflicto entre paramilitares y la guerrilla de las Farc. “Muchos de los desmovilizados del Epl empezaron a aliarse con las autodefensas para enfrentar las agresiones guerrilleras en el eje bananero. A partir de ahí, cuando la guerrilla cometía una masacre en una finca bananera de influencia política de los exinsurgentes, las autodefensas respondían con otra en un predio de influencia de las Farc. Así se perpetraron matanzas como las de El Aracatazo, Bajo del Oso y Osaka”, señala el portal.

Álvaro Villarraga Sarmiento, director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y uno de los investigadores que han estudiado y estado cerca de la comunidad desde hace dos décadas, explica que en la zona de Urabá se perpetraron al menos 18 masacres entre 1994 y 1996. Pero después de tanto terror, en la zona se respira un ambiente diferente, tras el Acuerdo de Paz con las Farc y la voluntad de sus antiguos altos mandos de reconocer y pedir perdón por lo sucedido en La Chinita. Aunque la justicia todavía no ha dado con los responsables del hecho, Iván Márquez y Pastor Alape les dieron la cara a las víctimas y pidieron perdón.

Lo hicieron en septiembre de 2016, cerca de la calle donde ocurrió la masacre, luego de varias reuniones que sostuvieron en La Habana cuando todavía negociaban las condiciones y compromisos del Acuerdo de Paz. “Compenetrados con el más profundo sentimiento de humanidad y de respeto, hemos venido a La Chinita 22 años después de aquel triste 23 de enero, con el corazón compungido, a pedirles perdón con humildad por todo el dolor que hayamos podido ocasionar en el transcurso de esta guerra. Jamás debió ocurrir lo sucedido en esa noche de alegría y verbena popular. Nunca el mando de las Farc ordenó esa atrocidad. Pero aquí estamos para responder como colectivo”, expresó Márquez.

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Tanto Villarraga como Luz Marina Mosquera y varias de sus compañeras de colectivo aseguran que el acto fue fundamental, no solo para sus vidas, sino para la comunidad. El perdón resultó ser el perfecto sello de cierre para décadas de dolor y el inicio de una nueva etapa. “Por supuesto que aquí se siguen viviendo dificultades. Asesinato de líderes sociales, reclamantes de tierra y ataques de grupos como el Clan del Golfo. Pero ya se respira un aire diferente. Es uno que sabe y huele a paz y a reconciliación. Aquí los movimientos de víctimas, de diferentes hechos y actores, han aprendido a encontrarse en el dolor para construir una comunidad cuya base es la paz”, relató Villarraga desde Apartadó.

Es sobresaliente, agrega el investigador, el protagonismo social y de nuevas dinámicas políticas en la región. “Aquí cambió eso. Hace unos años ni siquiera se podía hablar aquí de derechos humanos. Ahora hay corrientes progresistas y votos de opinión. Los trabajadores tienen un compromiso para construir paz y con las víctimas. Todos están comprometidos con la construcción de la paz y se han hermanado en la búsqueda común que es la reparación, sus ganas de dejar de ser víctimas para pasar a ejercer una ciudadanía propositiva y de construcción”, sostuvo Villarraga en diálogo con este diario, haciendo énfasis en el impacto positivo del Acuerdo de Paz con las Farc en la región.

Las posiciones pacíficas que se escuchan desde la zona contrastan con la situación que se vive en el país por cuenta de la suspensión de diálogos entre el Gobierno y el Eln. Quienes han vivido el horror de la guerra, como Luz Marina Mosquera, o lo han estudiado, como Villarraga, tienen claro que esta decisión va en retroceso de sus esfuerzos de paz. “La solución nunca puede ser prolongar un conflicto que traiga más violencia. La dinámica de la guerra se cierra solamente dialogando. Los ejemplos con las Farc, el Epl y el M-19 son prueba de ello. Hay miles y miles de reinsertados que hoy ya tienen proyectos productivos y no en la guerra”, señaló el investigador.

Para Luz Marina Mosquera, la decisión del Gobierno de cerrarle la puerta al Eln es, en sus propias palabras, una determinación “desadaptada”. Lo dice porque conoce bien el daño de un fusil en manos equivocadas. De su esposo, Antonio Mosquera, le quedó su amor y unas cuantas fotos que cuelgan en las paredes de su casa, que siempre les enseña a sus dos nietos, amantes del América de Cali en honor a su abuelo. Esta tercera generación de afectados, y también sus mayores, está a la expectativa del trabajo de la Comisión de la Verdad para conocer con mayor certeza quién ordenó la masacre y por qué, y el de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) para que quienes estuvieron detrás del terrible hecho respondan ante la justicia.

Según Villarraga, el caso judicial no ha tenido mayores avances, y más bien la impunidad ha sido el factor dominante. Abogados como Jesús María Valle y Eduardo Umaña comenzaron en los años 90 la investigación de los hechos, pero ambos fueron asesinados. En 1997, un tribunal de Medellín condenó a 25 personas, pero en 2005, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia, pues, aseguró, ninguno tuvo el derecho a defenderse en el proceso. Ninguna de esas decisiones ha permitido conocer lo que realmente sucedió en la madrugada del 23 de enero. La versión que más ha calado dentro de la comunidad es la que dos movilizados de la guerrilla le contaron a un tribunal de Justicia y Paz.

Danis Daniel Sierra, alias Samir, y Elda Neyis Mosquera, más conocida por su nombre de guerra, Karina, explicaron que la masacre de La Chinita no fue una orden del comando de las Farc, sino un acto de venganza de un mando medio del frente Quinto. Según sus versiones, en un combate con el Epl perdió la vida Carlos Vélez, hermano de Mario Vélez (el mando medio), y desde ese momento “guardó su venganza contra todo lo que olía a Epl. El día de esa masacre le dijo a alias Nicolás Gómez, jefe de milicias en Urabá, que iba a cumplir una orden a La Chinita. Nicolás le creyó, le entregó un personal, recogieron a estas personas y las masacraron”, relató Samir en un artículo del portal “Pacifistas”.

Karina le contó a la justicia que se enteró de lo sucedido cuando, en un encuentro entre miembros de los bloques quinto, 34 y 57 de las Farc, Iván Márquez les mostró la edición de la revista “Semana” que registró en su portada el entierro de las víctimas de la masacre. “Nos dijo que era doloroso y nos narró quién había cometido eso y por qué lo había hecho. Nos dijo que en esa zona sí había algunas personas que eran objetivo militar de las Farc, pero que esos ajusticiamientos debían hacerse selectivamente y no colectivamente”, recordó la exguerrillera en entrevista con “Pacifistas”. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido contrastada y no hace parte de ningún expediente judicial del caso.

Además del clamor por justicia y verdad, las víctimas también han tenido que luchar durante 25 años por la reparación. A pesar de que la Unidad de Víctimas asegura que el 84 % de los afectados ya recibieron su reparación, desde La Chinita reclaman que varias familias todavía no tienen la casa que el Estado les prometió, ni hacen parte de proyectos productivos anunciados, y no se ha cumplido el compromiso de construir una Casa de la Memoria y un monumento. Ellas, sin embargo, siguen con la frente en alto, defendiendo el lema: “Cada noche vamos a extrañar, cada día vamos a amar, jamás intentaremos olvidar. Hoy damos el paso al perdón y a la reconciliación”.

FUENTE: EL ESPECTADOR