El país sigue sufriendo por el accionar criminal de la guerrilla del Eln, grupos conformados por disidentes de la exguerrilla de las Farc, organizaciones narcoparamilitares y hasta carteles internacionales.

La muerte del disidente de las Farc Walter Arízala, más conocido conocido como ‘Guacho’, fue anunciada por el gobierno  como una gran victoria frente a los grupos armados ilegales y una muestra de la “mano dura” del Estado contra los excombatientes de las Farc que no se adhieran al Acuerdo de Paz. (Le sugerimos: La muerte de Guacho no significa justicia: familiares de equipo de prensa de El Comercio)

Sin embargo, informes de organizaciones no gubernamentales dan cuenta de un escenario de violencia mucho más intrincado que cambia poco con la muerte del disidente. Pocos días después de la muerte de ‘Guacho’ se conoció el nombre de su posible sucesor en la cadena de mando: Carlos Arturo Landázuri Cortés, alias Comandante Gringo, un joven de 24 años que es jefe de un grupo de la estructura ilegal.

Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indica que unas 7750 personas estarían vinculadas a grupos armados ilegales en Colombia. El documento titulado “Conflictos armados focalizados”, publicado a mediados de diciembre de 2018, especifica que los grupos narcoparamilitares estarían integrados por unas 3.000 personas; las disidencias de las Farc tendrían 2.500 miembros; la guerrilla del ELN, cuyo proceso de paz fue suspendido por el presidente Iván Duque, contaría con 2.000 reclutas; y el EPL, también conocido como “Los Pelusos”, tendría unos 250 integrantes. (Lea: Así anunció el presidente Iván Duque la muerte de alias ‘Guacho’)

De los 2.500 miembros de los grupos disidentes de la otrora guerrilla de las Farc, se estima que 300 no realizaron el proceso de desarme, 900 iniciaron el proceso de reintegración a la vida civil pero lo abandonaron y 1.300 serían nuevos reclutamientos.

Indepaz aclara que las cifras son estimaciones y están sujetas a altos niveles de subjetividad, pero se pueden tomar como una guía para vislumbrar la magnitud y complejidad de la violencia en Colombia.

Al escenario de violencia se suma un nuevo factor: organizaciones que solían profesar fuertes creencias políticas y alineaciones ideológicas se han empezado a alejar de éstas creando grupos armados más violentos e impredecibles. “Los grupos armados se transforman”, indica el estudio. “Están comandados por mandos medios y jóvenes que en su mayoría no actúan bajo alguna convicción política o un ideal, condición que ha agudizado las formas de violencia en los territorios”, explica.

El documento de 77 páginas da cuenta de operaciones de pequeños grupos de armados, entre cinco y quince personas, y la “tercerización de las acciones criminales” bajo la subcontratación de oficinas de cobro o combos delincuenciales.

Otro factor a considerar es la influencia de carteles internacionales en Colombia. InSight Crime, un centro de investigación sobre crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, señaló que el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estarían respaldando a organizaciones narcotraficantes en el país. “Los mexicanos están además supervisando la producción de cocaína en laboratorios clandestinos en Colombia para verificar su calidad”, añadió el centro en un análisis sobre la mutación de las organizaciones narcotraficantes.

Los más afectados

Históricamente el fenómeno de la violencia en Colombia ha golpeado con más fuerza a las zonas rurales. Esa tendencia no ha cambiado. Según cifras recogidas por Indepaz, en 2017 unos 309 municipios fueron afectados por la violencia paramilitares. El departamento con más afectación fue Córdoba, al norte de Colombia, con el 87% de sus municipios afectados por la violencia narcoparamilitar. El segundo fue Chocó, en el noroeste del país, con el 83% de su territorio perjudicado.

En el primer semestre de 2018, 251 municipios de 29 departamentos fueron afectados por estructuras narcoparamilitares. “En las regiones del Urabá, Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y en el del Chocó se presentan las situaciones de confrontación más críticas en las que interviene estos grupos”, señala el estudio de Indepaz. A esto se suma los rearmes de excombatientes de las Farc quienes también hacen parte de la confrontación, principalmente en la zona del Nordeste y Bajo Cauca Antioqueño. En Chocó, el conflicto está determinado por los enfrentamientos entre el ELN y el grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) ocasionando desplazamientos masivos, confinamientos de comunidades étnicas y asesinatos selectivos de líderes sociales, entre otras grandes consecuencias humanitarias.

Uno de los retos que tendrá el país de cara a 2019 será entender las nuevas dinámicas de la violencia y responder a ellas de forma efectiva. Encontrar estas estrategias es clave porque los operativos que persiguen y dan muerte a los líderes de los grupos ilegales no siempre dan los resultados esperados.

Un ejemplo de esto es el departamento de Antioquia. Indepaz reseñó que los duros golpes de la fuerza pública a las AGC se han traducido en la pérdida de cabecillas y de control sobre los combatientes rasos lo que a su vez desencadena la conformación de nuevos grupos que ahora disputan su control territorial.

Encontrar las estrategias correctas para hacer frente a los nuevos tipos de violencia será uno de los desafíos más importantes del gobierno del presidente Iván Duque en el 2019.

FUENTE: EL ESPECTADOR