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Noviembre 28, 2018

¡Paz! ¿Paz?


La negativa a cumplir los acuerdos, ya sea expidiendo leyes que los contrarían, ejecutando políticas públicas que los desconozcan o simplemente dejando los compromisos de lado, constituye una afrenta al derecho interno y también internacional.

El 24 de noviembre se cumplió el segundo aniversario de la firma del Acuerdo del Colón, el nuevo acuerdo de paz negociado para incorporar las glosas del No que superó por pocos votos al Sí en el Plebiscito. Esa circunstancia explica por qué, en vez de bombos y platillos, la celebración de la efeméride fue lánguida a pesar de tratarse de un hito de la mayor significación.

No solamente se puso fin a un conflicto armado de medio siglo, sino que después de que las Farc entregaran las 42 toneladas de armas, Colombia tuvo en 2018 las elecciones más pacíficas y participativas de la historia, como bien lo resaltaron en comunicado conjunto, Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, y Eamon Gilmore, enviado especial de la Unión Europea para la Paz. Mucho cabría esperar de la implementación de los acuerdos en los territorios azotados por el conflicto y de avanzar hacia la normalidad en todas las esferas. Pero la realidad de hoy es otra, en gran medida por la insistente negativa de sus detractores a aceptar los acuerdos, hoy bastante diezmados.

De una parte, sigue en ascenso el homicidio selectivo con más de 360 líderes sociales y 84 excombatientes de las Farc asesinados que dan muestra de la resistencia de grupos ilegales a aceptar la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la reincorporación a la vida civil de los miembros de las antiguas Farc, convertidas en partido político legal con firme voluntad de seguir adelante y afrontar los serios desafíos que les esperan. En el acto de conmemoración convocado por la FARC, su Presidente Rodrigo Londoño, antes Timochenko, reafirmó esa voluntad de paz, repitiendo con firmeza: “¡No volveremos a las armas!”

De otra parte, desde la institucionalidad, los opositores del proceso de paz insisten en erosionar la letra y el espíritu del Acuerdo. La JEP ha sido un blanco reiterado. Primero la Corte Constitucional, en decisión que se apartó de lo pactado, excluyó a los terceros civiles y funcionarios de la obligatoriedad de comparecer a contribuir a la verdad. Mediante, el reglamento el Congreso buscó la insólita salida de prohibir a sus magistrados la práctica de pruebas para el caso del pedido de extradición de Jesús Santrich. Después pretendió armar Sala aparte, con reglas distintas, para los militares, todo ello dirigido a deslegitimar la justicia transicional que el Acuerdo diseñó para abrirle paso a la reconciliación a través de la verdad para las víctimas, todas las víctimas y no solo las de la guerrilla.

El Fondo de Tierras que debe entregar tres millones de hectáreas a campesinos cuenta con apenas 517 mil y el catastro multipropósito para formalizar 7 millones más se hundió en el Congreso. La ley de desarrollo rural integral zozobró desde el anterior gobierno, la reforma política que se discute es un pálido reflejo de la que se proyectó para ampliar los espacios de la participación democrática y las 16 curules transitorias de paz para los territorios subrepresentados, tampoco pudo hacer tránsito.

La sustitución social de cultivos quedó congelada a las 97.084 familias inscritas hasta el 7 de agosto. Dicho programa ha demostrado tener mejores resultados y a menor costo que la fumigación y la erradicación forzosa por las que ha optado el nuevo gobierno, en contravía de lo pactado en el acuerdo de paz.

Las nuevas mayorías parecen olvidar que los acuerdos son para cumplirse, una de las máximas del principio de legalidad que hace parte del eslogan del Gobierno Duque. Lo pactado entre el Gobierno Nacional y las Farc es de obligatorio cumplimiento pues se trata de un acuerdo de Estado que fuera ratificado por el Congreso, validado por la Corte Constitucional y depositado ante la comunidad internacional, tanto en Berna como en las Naciones Unidas.

La negativa a cumplir los acuerdos, ya sea expidiendo leyes que los contrarían, ejecutando políticas públicas que los desconozcan o simplemente dejando los compromisos de lado, constituye una afrenta al derecho interno y también internacional. Pasamos de tener la paz en nuestras manos a cuestionarnos si se nos va a esfumar como el agua que pretendió cargar Simón el Bobito en un cedazo.

FUENTE: SEMANA


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