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Noviembre 20, 2018

Denuncian amenazas a funcionarios de la Defensoría del Pueblo


Según señala el sindicato de la entidad, los hechos han ocurrido en Urabá y Casanare. Manifiestan que la respuesta institucional ha sido revictimizante pues en lugar de garantizar la protección de los defensores comunitarios, se han llegado a tomar medidas disciplinarias.

Desde el Sindicato de Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo denunciaron amenazas y hostigamientos a varios de sus miembros en distintas regiones del país. Señalaron, además, que la situación viene ocurriendo bajo lo que denominan “un manto de silencio” por parte de la entidad, en cabeza del defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

Son varios los hechos específicos que denuncia el sindicato, dos de ellos ocurridos en la región del Urabá y otro más en Casanare. En el primer caso, el defensor comunitario que acompaña a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha sido amenazado por organizaciones armadasdebido a la labor que desarrolla con esa organización desde la que se realiza resistencia civil no violenta a los actores armados.

Las amenazas al funcionario ocasionaron su desplazamiento forzado desde el pasado 7 de junio. Según el sindicato, en este caso se presentó un agravante por parte de la Defensoría del Pueblo pues la respuesta institucional fue, en vez de garantizar atención al defensor comunitario, abrirle una investigación disciplinaria por abandono del cargo.

En el otro caso presentado en Urabá, el pasado 29 de septiembre “el analista regional del Sistema de Alertas Tempranas recibió en su teléfono institucional un texto amenazante que obligó a su desplazamiento forzado para proteger su vida, libertad e integridad”.

La respuesta de la entidad, según denuncian, fue de nuevo revictimizante pues, en primer lugar, no destinó recursos para la salida del territorio del funcionario ni para su protección o atención emocional, y, en segundo lugar, ordenó el pasado 7 de noviembre “retornar de manera inmediata a cumplir sus funciones en la Regional Urabá, lugar de donde proviene la amenaza contra su vida, advirtiéndole la directora de Recursos Humanos de la entidad la apertura de procesos disciplinarios en caso de no acatar esa orden”.

En Casanare, el defensor comunitario también ha sido blanco de reiterados señalamientos en razón de su labor de acompañamiento a organizaciones de mujeres desplazadas, organizaciones comunales y organizaciones indígenas. Además, ha sido denunciado de ser responsable “de conductas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos como el desplazamiento forzado”.

Para la entidad, “estas situaciones son resultado de acciones violentas organizadas que tienen como propósito limitar y/o detener la función pública de los trabajadores humanitarios de la Defensoría del Pueblo, especialmente sus labores de protección de derechos humanos en comunidades altamente vulneradas por el conflicto amado y en situación de riesgo”.

Pero lo que resulta más preocupante, según señalan desde el sindicato, es la respuesta revictimizante que han recibido estos casos por parte de la entidad. Más aún, cuando la entidad es la encargada de velar por los derechos humanos en el país. “El ejemplo empieza por casa”, manifiesta el sindicato.

Ante esta situación, solicitan al defensor del Pueblo que “no guarde más silencio” y que garantice la protección efectiva de los derechos de los funcionarios que se encuentran en situación de riesgo. Así mismo, a las autoridades judiciales y a la Procuraduría que inicien las investigaciones al respecto.

Estas denuncias se conocen en medio del lanzamiento del Plan de Acción Oportuna para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos que el presidente Iván Duque lanzó este lunes 19 de noviembre y que El Espectador había conocido una semana atrás.

FUENTE: EL ESPECTADOR


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