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Noviembre 1, 2018

La toma de Mitú, por el derecho a la no repetición y el respeto al derecho humanitario


Las Farc en Mitú atacaron bienes civiles protegidos, cometieron actos de perfidia al utilizar ambulancias con el fin de transportar armas no convencionales para destruir la estación de policía y asesinar a los uniformados; no aplicaron los principios de humanidad, proporcionalidad, ventaja militar y necesidad militar, entre otros.

Hace 20 años se libró, el 1 de noviembre de 1998, se dio un duro enfrentamiento entre la guerrilla de las Farc y la Policía, que dejó 41 policías muertos y 61 secuestrados. Estos hechos, desde  el escenario de aplicación de justicia para la transición, luego del acuerdo con las Farc- EP, y en el actual contexto de continuación del conflicto armado, se constituyen en una oportunidad esencial para compeler a los actores ilegales a respetar en la práctica el derecho internacional humanitario.

Por lo anterior, estas líneas tienen un doble propósito; por un lado evidenciar la barbarie en el ataque a la capital del Vaupés y por el otro, motivar al grupo político FARC a comprometerse en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación a expresar la posición que tenían frente al derecho internacional humanitario y su aplicación cuando eran ilegales. Eso significa decir toda la verdad respecto al uso de medios y métodos prohibidos de conducción de hostilidades, al trato dado a los secuestrados, las órdenes que daban para distinguir a la población civil de los combatientes y su extraña interpretación de los principios sobre el uso de la fuerza. En esa línea, las Farc políticamente tienen que pedir públicamente en los escenarios en donde se encuentren perdón por los actos cometidos; sus congresistas tienen que ser coherentes con lo acordado y garantizar con sus palabras y acciones la no repetición de la ordalía.

El derecho internacional humanitario no puede servir en Colombia solamente para lograr las amnistías más ampliamente posibles o para ser mirado como un cuerpo jurídico “esotérico” inaplicable; peor aún, para ser  interpretado desde el derecho internacional de los derechos humanos con el propósito de imputarle exclusivamente la responsabilidad a los estados. Tanto el acuerdo del teatro Colón como los artículos transitorios de la Constitución Política desde la perspectiva jurídico – política de implementación, prescriben que el derecho humanitario constituye lex specialis (norma especial), frente a los hechos ocurridos en el conflicto armado y ello debe respetarse para no terminar con un derecho internacional humanitario “light” o deslactosado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia Cruz Sánchez y otros versus el Perú cambió positivamente su posición sobre el papel del derecho humanitario, lo cual lastimosamente sigue sin ser valorado en el país con la guerra más antigua del hemisferio.

Revisada la documentación del otrora grupo ilegal, sus conferencias, plenos y planes para los años noventa se encuentra que en su forma de operar no tenían previsiones respecto al respeto al derecho humanitario. De hecho el entonces grupo armado consideraba que éste cuerpo jurídico no era aplicable en un conflicto como el colombiano y que su uso contrariaba la eficacia de su lucha armada. Éste elemento fue esencial para no ser considerado nunca internacionalmente como grupo beligerante, más allá de su pretensión política. Sus acciones sangrientas le dieron la vuelta al mundo. El diario el Espectador el 2 de noviembre de 1998 titularía “Holocausto en Mitú.”

Las Farc fundamentadas en la séptima y octava conferencia, siguiendo los lineamientos de la guerra popular prolongada y en lo táctico del poco estudiado general vietnamita Vo Nguyen Giap, habían diseñado un plan para la toma del poder por las armas y el empleo de la combinación de todas las formas de lucha, en donde su centro de despliegue sería la cordillera oriental hacía Bogotá y un centro de dislocación estratégica, la cordillera occidental con el objetivo de tomarse Cali. De ahí la importancia de Florida y Pradera para éste grupo.

Mitú fue para las Farc el escenario ideal para demostrar que podían pasar de la guerra de movimientos a la guerra de posiciones y sostenerse militarmente en una capital departamental. Su graduación como “ejercito del pueblo”. Por ello la importancia de conocer de la sociología de la guerra para superarla. Estudiar la guerra como si fuera otro tipo de violencia, a lo único que llevaría sería a repetir la barbarie. La guerra es un fenómeno social de muy especiales características, como sostienen Pinker y Harari, y de allí posiblemente surgen algunas enseñanzas para un país que decidió ocultar su conflicto armado detrás del ropaje del “orden público”.

La demostración más importante del argumento anterior se encuentra en que incluso hoy día no se enseña derecho humanitario en las facultades de derecho de donde salen jueces, fiscales, defensores y parte del ministerio público;  la JEP en lo teórico es una evidencia de que la justicia ordinaria y la especializada nunca estuvo preparada para enfrentar lo que pasaba en la contienda bélica, ni interpretarlo.

La falta de importancia en las Farc del derecho aplicable en la guerra los llevó en Mitú, como expresión armada ofensiva, a infringir todo lo regulado internacional y nacionalmente y que debían imperativamente acatar; el derecho internacional humanitario debe ser respetado por todas las partes en conflicto armado. Las Farc en Mitú atacaron bienes civiles protegidos, cometieron actos de perfidia al utilizar ambulancias con el fin de transportar armas no convencionales para destruir la estación de policía y asesinar a los uniformados; no aplicaron los principios de humanidad, proporcionalidad, ventaja militar, necesidad militar y distinción en la ejecución de lo que denominaron “Operación Marquetalia”. En Mitú las Farc atacaron en represalia a miembros de la población civil, destruyeron el hospital identificado con símbolos de protección reconocidos universalmente y frente al personal policial rendido dieron un trato inhumano.

En síntesis, como lo describió El Espectador, las Farc en Mitú causaron un holocausto que jamás debe ser olvidado. Víctimas civiles y uniformadas padecieron la ignominia; por ello hoy el grupo político que sucedió a las Farc debe reparar integralmente a miles de personas afectadas por tan demencial acto. Contrario a lo que se sostiene en algunos escenarios, ni los auxiliares bachilleres de la Policía, ni oficiales y miembros del nivel ejecutivo o suboficiales de la Policía, ni incluso los militares en la retoma, estaban por el rol que desempeñaban y la profesión escogida en el deber de soportar ataques con medios y métodos prohibidos en la conducción de hostilidades. Tampoco los policías fueron prisioneros de guerra, figura solo aplicada a casos de contiendas internacionales; pero hipotéticamente en gracia de discusión, si se aplicará el Convenio Tres de Ginebra sobre el tema, las consecuencias para las Farc serían mucho más gravosas. Los militares y policías secuestrados, así como algunos civiles fueron tratados peor que animales.

Es hora en la conmemoración de los 20 años del ataque a Mitú de que las Farc salgan a reconocer los horrores causados; que salgan a pedir  perdón sinceramente; es hora de que digan la verdad, que reparen integralmente a todas sus víctimas, civiles y uniformadas. Y es hora también de que el Estado y la sociedad se empiece a preguntar; ¿Por qué sí la Constitución lo ordena nunca se enseñó derecho internacional humanitario durante la guerra? En el Ministerio de Educación, y en la Alta Consejería para los Derechos Humanos, en el legislativo y la rama judicial esperan varias acciones de generación de política pública como garantías de no repetición.

FUENTE: EL ESPECTADOR


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