El 2 de marzo de 2016 un grupo de hombres armados irrumpió en plena noche en casa de la activista ambiental Berta Cáceres y la asesinó a tiros. Cáceres era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). Había liderado las manifestaciones en defensa del medio ambiente y en contra de la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que atentaba contra los recursos naturales. El asesinato llegó después de una cadena de hostigamientos contra ella y otrxs defensores de la tierra. A más de dos años del crimen, comenzará el juicio oral y público por su asesinato y la tentativa de homicidio del ambientalista mexicano Gustavo Castro.

Los imputados por el Ministerio Público son Mariano Díaz Chávez (oficial del Ejército), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), y Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa Desarrollo Energéticos (DESA), una compañía a la cual Berta Cáceres se enfrentó por defender el río Gualcarque, donde esa firma quería construir la represa hidroeléctrica Agua Zarca. También están imputados Elvin Heriberto Rápalo, Henry Javier Hernández, los hermanos Edilson y Emerson Duarte Meza y Óscar Arnaldo Tareas. El juicio se llevará a cabo entre el 17 de septiembre y 19 de octubre próximo.

El crimen de Cáceres no es un caso aislado: forma parte de una trama de violencias a las que están expuestxs lxs activistas en América Latina y el Caribe.  Global Witness documentó el asesinato de 200 defensoras y defensores de la tierra y el medioambiente en el 2016, el año que fue asesinada Cáceres. El 60% de estas muertes ocurrieron en América Latina y el Caribe. Brasil se mantiene como el país más mortífero según el número total de muertes, mientras que Nicaragua es el peor lugar considerando la cantidad de asesinatos per cápita. Durante la última década, Honduras mantuvo su estatus como el lugar más peligroso: tomando como indicador la cantidad de asesinatos per cápita durante los últimos 10 años.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) destacó, el pasado 3 de marzo, la necesidad de profundizar urgentemente en la investigación para conocer la verdad y sancionar a los responsables del crimen.

El delito de asesinato es castigado en Honduras con una pena de hasta 30 años de cárcel, mientras el de asesinato en su grado de ejecución de tentativa con hasta 20 años de prisión, según el Código Penal.