Apenas una semana antes de que El Tomate quedara totalmente deshabitado se había dado un combate en una población vecina. En Saiza, corregimiento de Tierralta (Córdoba), un grupo de guerrilleros de las Farc y del Epl atacaron una base del Ejército. El combate, que se prolongó durante más de ocho horas, dejó un total de 13 militares muertos, 13 heridos y 11 secuestrados. Lo mismo pasó con el puesto de Policía, pero al enfrentamiento su sumaron civiles en defensa de la Fuerza Pública. En total, 38 personas murieron y 22 militares terminaron como rehenes. Ese ataque, el 23 de agosto de 1998, fue otro de los hechos graves ocurridos ese año en el que la violencia aumentó dramáticamente. Además, tuvo como consecuencia directa la masacre del El Tomate.

En la noche de ese martes 30 de agosto, hombres armados detuvieron un bus de servicio público que cubría la ruta Montería (Córdoba) – Arboletes (Antioquia) y obligaron al conductor y al propietario del vehículo a conducirlos hacia fincas cercanas. Los hicieron ir a la hacienda Donaire, en la que asesinaron a seis trabajadores; luego se dirigieron al corregimiento El Tomate. Ahí asesinaron a 15 campesinos e incendiaron todo a su paso. Incluso, un niño de dos años murió calcinado.

Los asesinos dejaron atrás un pueblo destruido, regresaron por donde llegaron y se detuvieron en un punto, encadenaron al conductor y al propietario del bus en el volante y también les prendieron fuego.

En Córdoba ese año se había conocido lo que era una masacre, pues el 3 de abril los paramilitares habían asesinado a 28 personas que festejaban un fandango el domingo de resurrección en la población de Mejor Esquina (Buenavista). Luego vino Saiza y después El Tomate. Solo en esos tres hechos hubo más de 80 muertos. Pero esa esquela de violencia no surgió de la nada, se trataba de una lucha por el poder local después del proceso de paz frustrado con las Farc, en el gobierno de Belisario Betancur, que le abrió camino al movimiento político Unión Patriótica (UP), el Frente Popular y ¡A Luchar!, en 1985, y con ello a su exterminio.

Esos movimientos políticos, desde el principio, fueron perseguidos y cientos de sus miembros ya habían sido asesinados para 1988. De la UP ya habían matado a congresistas y a un candidato presidencial, Jaime Pardo Leal. Sin embargo, el verdadero poder de los partidos políticos tradicionales y de la UP se mediría en la primera elección democrática de alcaldes. La gente iba a salir a votar el poder local. Fue ahí cuando arremetieron y se expandieron las autodefensas, en medio del Estatuto Antiterrorista que secundaba la lucha contra la insurgencia.

Fidel Castaño era el hombre detrás de las matanzas, el comandante paramilitar que hasta entonces era un simple ganadero antioqueño. Su poder se entendía por Córdoba y Urabá, regiones en las que perseguía especialmente a los trabajadores sindicalizados y a los simpatizantes de la UP. Castaño, apoyado económicamente por Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y algunos políticos, infundió el terror en estas regiones. Sin embargo, sus motivaciones eran principalmente económicas. El sur de Córdoba y el Urabá son lugares estratégicos para sacar droga vía marítima, en lo que se conoce como el Golfo de Urabá. Además, el Nudo de Paramillo, lugar histórico de la guerrilla, era clave para cultivar coca y para esconderse.

Castaño tenía otra ventaja, contó con la omisión de la Fuerza Pública. De hecho, ese bus de servicio público no fue detenido por el retén que se ubicaba camino al pueblo. La violencia fue tal que, solo en Córdoba, durante ese año, las víctimas fueron 9.409, mientras que el año anterior habían sido menos de 2.000, según el Registro Único de Víctimas.

A pesar de que judicialmente la jueza Martha Lucía González desentrañó las causas de la violencia y dictó capturas contra los perpetradores, no hubo justicia. Al contrario, a ella le tocó exiliarse mientras seguían colaboránsose militares y paramilitares.

Las 16 alcaldías que ganó la Unión Patriótica motivaron las masacres contra los civiles que, por primera vez, habían decidido sus gobernantes más cercanos. Fue así como los habitantes de El Tomate terminaron siendo víctimas de una violencia que no pidieron y que pudo evitarse desde los sectores más altos y tradicionales del poder. Pero sucedió todo lo contrario, esta fue una de las primeras arremetidas del paramilitarismo que terminaría por ser ley en el departamento los siguientes 20 años.

FUENTE: EL ESPECTADOR