“El 8 de diciembre de 2017, Hernán Bedoya, líder afrodescendiente del Chocó, iba en caballo hacia su pueblo, de regreso a su casa. Un nuevo grupo paramilitar lo interceptó en un puente y le disparó 14 veces, matándolo. Hernán se había opuesto a la palma aceitera, las bananeras y las fincas ganaderas que se expandían en el territorio de su comunidad y destruían el bosque. En 1996 había sido desalojado a la fuerza de su tierra por un grupo paramilitar; pero había decidido regresar, a pesar de los riesgos”.

Hernán Bedoya fue uno de los 24 defensores del medioambiente asesinados en Colombia durante 2017, según los registros de la ONG Global Witness, plasmados en su último informe A qué precio, en el que, entre tantas, se recoge la historia de Hernán. Una cifra menor que la del año anterior, pero que aún ubica a Colombia en el deshonroso tercer lugar entre los países más violentos contra esos líderes, por detrás de Brasil y Filipínas.

El informe da cuenta de una de las aristas de la violencia contra líderes de distintas causas sociales en Colombia, recrudecida desde el desarme de las Farc, en medio de disputas territoriales y delincuenciales en las zonas de la antigua influencia de la guerrilla, en las que están silenciando las voces valientes que son capaces de alzarse en los territorios.

Las cifras de Naciones Unidas indican que, en 2017, 121 líderes sociales fueron asesinados en el país. Hay informes más desalentadores aún, como el Cinep, que fija esa cuenta en 138. En todo caso, tras cruzar esos datos con los de Global Witness, se sabe que alrededor del 20% de los líderes asesinados defendían causas ambientales.

En contexto: 282 líderes sociales fueron asesinados en Colombia desde 2016

Según explica la ONG extranjera, en todo el mundo (donde fueron asesinados al menos 207 líderes ambientales) además de la minería, han surgido nuevas pugnas ambientales que desembocan en la violencia contra los líderes. La agroindustria, en especial las plantaciones de productos como la palma de aceite o los frutales, y la ganadería, al ser actividades que consumen grandes extensiones de tierra, están detonando conflictos en los que, quienes apuestan por los intereses de las comunidades, terminan en la mira.

En Colombia, esos conflictos son de vieja data. Hace una década y más, en tiempos del auge paramilitar, se documentó la relación entre esas actividades económicas y los desplazamientos y los asesinatos en zonas como el Urabá, los Llanos o el Catatumbo. Además, en los últimos años, grupos criminales como el Clan del Golfo, el Eln y las disidencias de las Farc entraron a negocios como la minería criminal. En ese contexto, la lectura de Global Witness apuntaría a un peligro creciente en el país. Esas mismas estructuras están presionando en muchas zonas, como el Pacífico nariñense, a las comunidades que intentan abandonar la siembra de coca y apostarle a la sustitución de cultivos.

Para Global Witness hay una disputa territorial de los grupos delincuenciales por las rentas y los territorios que dejó las Farc, y en los que quedan expuestas las comunidades que, luego de haber sido desplazadas por las armas, intentan volver a sus tierras. Además, dice el análisis, la promoción de la inversión extranjera legal también ha agravado las peleas por la tierra. “Estos factores han intensificado los conflictos por la tierra y la destrucción del medio ambiente. Las comunidades han sido forzadas al activismo, convirtiéndose en defensoras de esta lucha, en primera línea”.

Global Witness detectó otro factor preocupante alrededor de los asesinatos de los defensores ambientales, y que ya ha sido diagnosticado sobre la violencia ejercida contra los líderes sociales en general: la impunidad. Junto al Vance Center, la ONG analizó los 122 asesinatos de ambientalistas que registraron en Colombia entre 2010 y 2016, y decretaron una tasa de impunidad del 92%.

“En 102 casos se inició una investigación, pero sólo nueve casos dieron lugar a un veredicto y únicamente ocho de éstos terminaron en una condena. Otros diez casos no fueron investigados porque la Fiscalía no tenía información para comenzar la labor investigativa (…) Crucialmente, 61 de los 102 casos se encontraban todavía en una etapa preliminar, lo que significa que los fiscales no habían reunido suficiente información siquiera para determinar la existencia de un delito. Esto evidenciaba que la investigación no podría pasar a la siguiente fase”.

Frente a la arremetida violenta de los criminales y la ineficiencia de los organismos del Estado, la ONG europea le lanza varias recomendaciones al gobierno colombiano: garantizar las medidas de protección para los líderes en riesgo, asegurar recursos para el trabajo independiente de los investigadores de los ataque a los activistas y, sobre todo, abordar las causus fundamentales de esta violencia. Es decir, “priorizar y garantizar la implementación, en todos los departamentos del país, de los procesos de restitución de tierras y cláusulas relacionadas al acuerdo de paz”.

En el resto del mundo, el escenario no es mejor. De hecho, el 2017 fue el año en el que el registro de defensores ambientales asesinados alcanzó su pico. Hay casos críticos como el de Brasil, donde hubo 57 homicidios, el 90% relacionados con la defensa de la Amazonía en comunidades que se han enfrentado a la tala ilegal y otras formas de explotación que destruye ese bosque. La alerta es global y Colombia es uno de los países llamados a la acción más urgente.