Así se asevera en la última publicación de la revista Panorama Social de Funcas que señala que el efecto que tiene que una mujer trabaje y sufra malos tratos depende de la condición laboral de su cónyuge, por lo que pide que se promueva la igualdad de género en la educación para que no siga imperando “el rol de proveedor masculino del hogar” en España.

El término sociológico blacklash –el rol cultural en el que el hombre debe ser el principal proveedor dentro del hogar– es el que impide que el “empoderamiento femenino laboral” no evite la violencia de género.

En la sede de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) se ha presentado el último número de la revista Panorama Social “Brechas de género”, donde se analiza la brecha de género para “identificar los problemas y mejorar las situaciones perjudiciales tanto para las mujeres como para el conjunto de la sociedad”.

Una de las coordinadores de la revista, Elisa Chuliá, ha hecho hincapié en que este monográfico está dedicado a las brechas de género observables en España a partir de las diferencias de situaciones entre hombres y mujeres.

Y ha concluido que hay que “llamar la atención sobre la evolución hacia una mayor igualdad que se ha verificado en las últimas décadas”.
Los profesores de la Universidad Carlos III de Madrid Raquel Carrasco y César Alonso-Borrego han sido los encargados de analizar la violencia de género con la variante del empleo y han llegado a la conclusión de que son las parejas en la que la mujer trabaja y que el hombre no lo hace “las que presentan una mayor probabilidad de violencia doméstica”.

Aseguran que las parejas igualitarias en características socioeconómicas son “más proclives” a cuestionar los roles tradicionales de género, “muy especialmente a los relativos al papel dominante del varón”, mientras que las parejas “tradicionales” mantienen la ideología de género.
Además, han observado que las mujeres víctimas del maltrato tienen “un promedio mayor de edad y menor nivel educativo que las que las que no lo sufren.

Destacan que el menor riesgo de violencia de género se da “en aquellas parejas más igualitarias donde sus dos miembros trabajan”.

Y subrayan que “la probabilidad del maltrato físico se reduce del 4 % al 2 % si la mujer no trabaja, y del 4 % al 1 % si la mujer trabaja”.
Para disminuir esta situación de supremacía del rol masculino en el hogar, los autores instan a implantar “de forma urgente” políticas a corto plazo que se articulen “en torno a la prevención y al refuerzo legal de mecanismo preventivos de disuasión de la violencia, como acogida y ayuda para las víctimas y sus hijos”.

Y en el largo plazo, piden políticas educativas “que promuevan la igualdad de género efectiva desde la infancia” y de igualdad “que garanticen la autonomía y el empoderamiento de la mujer a través del empleo”.

Otro de los estudios del último informe de Funcas remarca que “la incorporación masiva” de las mujeres al trabajo en las últimas décadas no ha cambiado el “modelo tradicional de que los cuidados son una tarea femenina”, según Gloria Moreno, una de las autoras junto a Inmaculada Cebrián.

Explican que, si en 1987 la tasa de actividad era del 32 % y en el mercado de trabajo participaba algo menos de cinco millones de mujeres, en el 2017 la tasa de actividad se situó en el 53 % y el número de mujeres activas superó los diez millones.

El hecho relevante es que, en doce años, la máxima tasa de actividad femenina se ha trasladado del grupo de 25-29 años (83 % en 2005) al de 40-44 años (86 % en 2017).

“Si lo que se pretende es promover la igualdad con respecto al género en el mercado laboral, es obligado que esos planes trabajo-familia se destinen tanto a los hombres como a las mujeres” y alertan de que si los programas se destinan exclusivamente a las mujeres “la prestación de cuidados seguirá considerándose una tarea femenina”.

En relación con la brecha salarial, Emma Cerviño (Fundación Juan March), los salarios marcan “diferencias importantes de género”, una situación que acontece en todos los países de la OCDE y que oscila entre el 3 % en Luxemburgo y más del 20 % en Estonia y Lituania.

En España se sitúa en el 11,5 % y se ha ido con la recuperación económica y la “progresiva incorporación al mercado laboral de mujeres cada vez mejor formadas”.

FUENTE: TRIBUNA  FEMINISTA