La Procuraduría General de la Nación suscribió un pacto con las autoridades regionales, la Fiscalía y la Policía para proteger a los niños. Se reveló que cada día 72 menores acuden a Medicina Legal con signos de abuso sexual y maltrato infantil.

Debido a las denuncias sobre casos de explotación sexual de menores y al boom del llamado turismo sexual —con fiestas en yates por los que se cobra hasta 5.000 dólares por participante— que se vive en la ciudad hace varios años, la Procuraduría General de la Nación escogió a Cartagena para firmar el pacto para la erradicación de la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

La firma estuvo a cargo del procurador Fernando Carrillo, del gobernador Dumek Turbay Paz y del alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek. En su intervención el procurador Carrillo calificó a los explotadores y abusadores sexuales como piratas del siglo XXI disfrazados de turistas, vestidos con guayaberas y gafas oscuras, que llegan a Cartagena para llevarse la dignidad y la honra de los menores.

El procurador advirtió que en la explotación sexual de niños y adolescentes no intervienen organizaciones transitorias, inofensivas o desarticuladas, sino que estas son empresas criminales que también tienen otros negocios como el tráfico de drogas, el lavado de activos y la trata de personas.

El fiscal seccional Mario Gómez dijo que se aumentarán el número de fiscales dedicados a investigar y judicializar estos casos, aunque llamó al Consejo Superior de la Judicatura para que nombre más jueces que puedan atender estos casos. Pidió a las autoridades de Policía creerles a los menores cuando denuncian, pues parte del subregistro o la falta de denuncia radica en que las víctimas no creen en las autoridades. Se reveló que los delitos típicos cometidos contra menores son acceso carnal violento, trata de personas y explotación laboral y sexual, y que cada día en el país un promedio de 72 menores acuden a Medicina Legal con signos de abuso.

El viceministro del Interior, Héctor Olimpo Oliver, manifestó su preocupación por que la trata de personas es la tercera empresa criminal más grande en el mundo y Colombia, dijo, es un país de tránsito y origen de esta forma de esclavitud moderna que atenta contra la libertad y voluntad de las personas. Aseguró también que el Ministerio del Interior ha puesto en marcha la Estrategia de Lucha contra la Trata de Personas, con entidades del orden nacional y regional trabajando de manera conjunta para prevenir el delito.

Este compromiso, liderado por la Procuraduría, el ICBF, la Fiscalía, los ministerios del Interior, Salud, Comercio, Industria y Turismo, el departamento de Bolívar y el distrito de Cartagena fue suscrito también por sectores gremiales y miembros de la sociedad civil, quienes se comprometieron a proteger y garantizar los derechos de los menores, pues no son pocas las denuncias que señalan a taxistas y trabajadores de hoteles que ayudan a que este flagelo continúe.

El siguiente es el decálogo contra la explotación sexual y la trata de personas suscrito ayer en Cartagena:

1. A través de este documento nos comprometemos a adelantar acciones concretas, medibles y articuladas en materia de prevención, atacando las causas y los factores determinantes de la explotación sexual y la trata con estos fines, tales como la violencia basada en el género y la discriminación, el maltrato infantil, el abuso sexual, la pobreza, la desescolarización, la legitimación de la demanda y la naturalización de la explotación sexual, entre otros.
2. La prevención de estos delitos será constante y basada en un enfoque diferencial de derechos humanos con un claro enfoque de género.
3. Nos comprometemos a trabajar conjuntamente con la sociedad civil, sector privado, gobierno y la cooperación internacional para que más personas y sectores sociales compartan la idea de que los responsables de la trata y explotación sexual, son los mal llamados turistas sexuales, que son explotadores y quienes con su demanda generan y mantienen esta problemática.
4. Adquirimos el compromiso de modificar de manera conjunta un cambio cultural en nuestro país y nuestra región.
5. En materia de atención y acceso a la justicia de las víctimas de trata de personas y explotación sexual, principalmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, nos comprometemos a prestar la atención que parta de la necesidades reales de cada na de las víctimas, que permita la rápida identificación a través de la búsqueda activa con seguimiento a largo plazo y centrados en sus proyectos de vida y a proporcionar una formación especializada al personal que participa en la atención de los mismos.
6. En materia de judicialización, nos comprometemos a perseguir, investigar y sancionar los delitos de explotación sexual y trata de personas, y en general a lograr que efectivamente se castigue la conducta de los explotadores sexuales, directos e indirectos, proxenetas y demandantes a que se investigan y persigan sus finanzas y se ponga fin a los negocios que se lucran de esta vulneración a la dignidad humana de las poblaciones más vulnerables.
7. Reduciremos la impunidad y mora en la criminalización de estos delitos y buscaremos vías para atajar la demanda haciendo uso de las nuevas tecnologías.
8. Igualmente nos comprometemos a cualificar los sistemas de información existentes para que las cifras sean más confiables, desglosadas por edad, sexo, etnia y en general, datos diferenciales que construyan verdaderos indicadores en la elaboración de políticas públicas y en la toma de decisiones.
9. Finalmente nos comprometemos a articular la información de las diferentes entidades nacionales, departamentales y distritales.
10. Frente a este problema que va en crecimiento, la Procuraduría General de la Nación se compromete a ser ente articulador porque el problema es el de una coordinación efectiva.

FUENTE: SEMANA