El consejo comunitario de afrodescendientes de Santo Madero (San Jacinto) inició el proceso de consulta previa para definir de qué manera quiere recuperar lo que el conflicto armado le arrebató.

Los 20 kilómetros desde San Jacinto (Bolívar) hasta el corregimiento de El Paraíso son los más largos del mundo. Una trocha polvorienta que se vuelve imposible de transitar en vehículos si llega a caer una gota de lluvia. En moto, la alternativa más viable y rápida, el recorrido demora alrededor de una hora, y en carro el tiempo se duplica. Pero por difícil que sea el tránsito, es la única entrada para llegar hasta al consejo comunitario afrodescendiente de Santo Madero, en donde conviven 312 familias. Un recorrido que ilustra, cual realismo mágico, lo que vive esta comunidad caribeña.

A mediados de los años ochenta, quienes habitaban las calles sin pavimentar de El Paraíso vivieron la época incipiente del conflicto armado en sus tierras. Allí, cuenta la comunidad, hicieron presencia el Movimiento Armado Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación (EPL), la Corriente de Renovación Socialista o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una disidencia del ELN. Luego llegaron también las Farc y los paramilitares del bloque Héroes de los Montes de María a disputarse cada centímetro del territorio para montar su reino.

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Y, como se ha replicado en numerosas poblaciones del país, la guerra se desarrolló con la gente en la mitad. El Paraíso quedó en el fuego cruzado de los armados. Desde 1993 se promulgó la Ley 70, que reconocía los derechos de las comunidades negra y afrodescendientes. Bajo esta se protegen sus tradiciones culturales, sus territorios y sus concepciones de desarrollo. También nacieron las reglamentaciones para el registro de los consejos comunitarios de tierras de comunidades negras, pero las balas y el miedo no permitieron que Santo Madero se pudiese conformar sino en 2008. La regla de los guerreros era tajante: no tenían permitido reunirse.

El Paraíso fue confinado y la supervivencia de la comunidad fue amenazada. Cuenta Amílcar Rocha González, representante legal del consejo comunitario, que cuando los tambores sonaban en los ochenta era la señal para reunirse, y cuando sonaba el cuerno de una vaca era porque había matanza de reses y cerdos. “Cuando los ilegales llegaron, dejamos de usar el tambor y empezamos a usar los picós. Siempre tenía que haber un picó (sistema de sonido) prendido, día y noche, para saber que el pueblo estaba tranquilo. Cuando venía un grupo armado, los picós se apagaban y así quienes estaban por fuera del caserío sabían que no podían regresar”, cuenta Rocha.

La situación empeoró cuando los armados empezaron a restringir el ingreso de la comida al corregimiento. Los conductores que se atrevían a intentar pasar víveres eran asesinados y quedaban junto a los vehículos en las trochas, la Fuerza Pública bombardeaba las tierras en su guerra con las Farc y los campos minados se esparcieron a lo largo de un paraíso que se había convertido en un infierno. La única alternativa fue abandonar el hogar. Se calcula que cerca del 90 % de la población fue desplazada por las extremas condiciones de violencia y que las tierras bombardeadas quedaron prácticamente inservibles para cultivar.

Hoy, casi diez años después de que los violentos abandonaron esos territorios, la comunidad guarda la esperanza de que la reparación llegue de la mano de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, entidades con las que se instaló una preconsulta previa el pasado 4 de diciembre en San Jacinto. La expectativa es que se puedan lograr los títulos colectivos, ampliar las 525 hectáreas que fueron anexadas a cuentagotas con títulos ancestrales para conformar el consejo comunitario —un proceso que se realizó entre 2009 y 2014— con la compra de otros predios vecinos y lograr la articulación con las autoridades municipales para que se mejoren las condiciones de las vías de comunicación y poder sacar los cultivos de ñame, yuca y aguacate. “Esa vía no sirve. Este año perdimos 500 toneladas de ñame de diamante. Todo lo que hagamos en agricultura aquí es pérdida”, anota Francisca Serna, miembro del consejo comunitario de Santo Madero.

Según Raquel Cotta, encargada de la reparación colectiva de la dirección territorial de la Unidad para las Víctimas en Bolívar, en El Paraíso hubo graves violaciones de derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Pero por fortuna el proceso de reparación colectiva parece comenzar con el pie derecho, en parte por la evidente preparación de los líderes de la comunidad, que deberá diseñar conjuntamente con las autoridades la caracterización de las violaciones sufridas y la metodología de reparación. Hay un reto aún mayor, que además queda por fuera del alcance de los recursos de la Unidad de Víctimas, y es el de lograr las inversiones desde el Estado para la construcción de una vía que permita dignificar la vida de Santo Madero.

Por el momento Francisco González Pérez confía en que las calles de El Paraíso le hagan honor a su nombre. “Hicimos parte de un conflicto en el que no tuvimos nada que ver. Te suplicamos que esto sea un cambio de vida para nuestra región y nuestra comunidad. Que todo lo que se nos fue en el conflicto, lo volvamos a recuperar. Gracias Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo”, rezó González en la instalación de la consulta.

FUENTE: EL ESPECTADOR