• Desde la fase pública de negociación, la intensidad del conflicto con el ELN se ha reducido significativamente, así como también se ha reducido la pérdida de vidas.

• El ELN no tiene un alcance nacional y el desarrollo de diálogos secretos le permitió una consolidación en zonas de histórica presencia de esta guerrilla.

• Persiste el alto riesgo de seguridad y el riesgo humanitario para la población civil de las zonas donde el ELN ejerce su violencia. Sin embargo, es previsible la reducción de estos riesgos con el inicio del Cese el Fuego Bilateral, el cual ya fue ordenado tanto por el Gobierno como por el ELN.

La intensidad del conflicto con el ELN ha desescalado desde que inició la fase pública de las negociaciones. Hay una disminución tanto en sus acciones ofensivas como en combates, pese al aumento de acciones violentas en la última semana.

Las acciones ofensivas y los combates han disminuido 28,8% y 42,8% respectivamente durante la fase pública del proceso de paz con el ELN, en comparación con el mismo periodo de 2016.

Iniciar el cese bilateral temporal en este contexto de tendencia a la baja de las acciones violentas, hace más probable el alto cumplimiento del mismo. La reducción de la violencia no sólo indica una mayor cohesión del ELN en la mesa en Quito, sino que sus unidades acatan más hoy día las órdenes del Comando Central de esa guerrilla que antes.

La reducción de las acciones violentas ha traído una caída aún mayor en la pérdida de vidas. El número de vidas perdidas del ELN y la fuerza pública ha caído en  68,6% y 60,7%, respectivamente desde que se iniciaron los diálogos (comparado con mismo período del año anterior).

El ELN se ha concentrado territorialmente, más que expandirse

Como lo ha señalado CERAC, la guerrilla del ELN no ha logrado consolidar una capacidad operativa violenta nacional, de modo que se ha mantenido en sus zonas tradicionales de influencia.

Durante la fase secreta de negociaciones (27 de enero de 2014 al 6 de febrero de 2017), esta guerrilla hizo presencia violenta en los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Casanare, Cesar, Bolívar, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, mientras que desde que inició la fase pública de las negociaciones (7 febrero de 2017), las acciones ofensivas de esta guerrilla se concentran en muchos menos municipios de los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Cauca y se han reducido en Chocó, Antioquia y Cesar. La reducción de municipios afectados es notoria: pasa de tener presencia violenta en 14% del total de municipios del país (157 de 1.122 municipios) a solo un 4,5% en lo corrido de esta fase, la guerrilla del ELN hace presencia violenta en 4,5% del total de municipios del país (51 de 1.122 municipios).

Es imposible saber en qué proporción ha contribuido a este desescalamiento y concentración la acción militar de la fuerza pública y en qué proporción la mayor presencia de fuerzas de seguridad en el territorio como resultado del despliegue asociado al posconflicto con las FARC. Igualmente, cabe la posibilidad de que el ELN haya emprendido un proceso de reorganización interna y operativa que impacte en sus acciones, pero para sustentar tal hipótesis no hay evidencia documental pública hasta ahora.

De hecho, CERAC no ha registrado acciones violentas del ELN en 92 municipios, en los cuales sí hubo registro de acciones en la fase secreta de negociaciones. Estas zonas incluyen los municipios de Casanare y Boyacá que limitan con el departamento de Arauca, y, además, algunos municipios de la región del Bajo Cauca antioqueño, el Pacífico caucano y Nariño.

En cambio, sí se registró una expansión marginal a trece municipios durante la fase pública: Soledad en Atlántico; Caloto y Corinto en Cauca; González, La Gloria y Valledupar en Cesar; Acandí en Chocó; Vianí en Cundinamarca; Guachucal en Nariño; Chitagá y Labateca en Norte de Santander; y Buenaventura y Cartago en Valle del Cauca. Esta dinámica evidencia la consolidación de la presencia violenta de esta guerrilla en los municipios cercanos a su zona de influencia tradicional, y no a un proceso de expansión territorial. En estos municipios encontramos un nuevo riesgo de seguridadque catalogamos como bajo en Soledad, Atlántico; Vianí, Cundinamarca; Guachucal, Nariño; Chitagá y Labateca, Norte de Santander; y Buenaventura y Cartago, Valle del Cauca; riesgo de seguridad medio en González, La Gloria y Valledupar, Cesar; y riesgo de seguridad alto en Caloto y Corinto, Cauca; Acandí, en Chocó; con riesgo humanitario bajo en Soledad en Atlántico; Vianí en Cundinamarca; Guachucal en Nariño, riesgo humanitario medio en Caloto y Corinto en Cauca; González, La Gloria y Valledupar en Cesar; riesgo humanitario alto en Acandí en Chocó; Chitagá y Labateca en Norte de Santander; y Buenaventura.

Adicionalmente, a nivel departamental, con la consolidación del ELN en Chocó, Nariño, Arauca y Norte de Santander, principales zonas de afectación por la violencia de conflicto de esta guerrilla, se mantiene elevado el riesgo de seguridad y el riesgo humanitario para la población civil de estos departamentos, asociados a desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y confinamientos.

Impactos posibles y retos del Cese el Fuego Bilateral, Temporal y Nacional CFBTN

Desde su creación, este es el primer cese el fuego que se logra pactar con el ELN como una guerrilla organizada. Desde esa perspectiva,tiene el enorme potencial de conducir al abandono de la confrontación violenta con esa guerrilla, pero también a su prolongación de la negociación en el tiempo.

Se prevé que los beneficios humanitarios y de seguridad para la producción del acuerdo serán enormes y estarán concentrados en las áreas todas marginales del territorio en donde actúa esta guerrilla. Igualmente, la liberación de recursos operativos de las fuerzas permite pronosticar un efecto positivo sobre la seguridad y una mayor focalización operativa en el crimen organizado y grupos pos desmovilización (GPDP y pos FARC).

El cese tendrá una gran probabilidad de un alto cumplimiento, incluso en materia de secuestro. No obstante, tendrá enormes retos operativos, especialmente en zonas donde hay presencia de otros actores ilegales. Con el anuncio del Gobierno sobre la posible finalización de los protocolos y la solicitud formal de ambas delegaciones para que se inicie un Mecanismo de Veeduría y Verificación (MV&V), se espera que se subsane la vaguedad que ha traído este anuncio de voluntades.

Subsiste sin embargo la vaguedad frente a los compromisos del cese el fuego de parte y parte, los cuales deben ser precisados y públicamente anunciados para que se reduzca el riesgo de ruptura (del cese y de la negociación misma) ante violaciones, y se reduzca el riesgo de que la resolución de controversias sobre hechos y responsabilidades afecte la negociación.

Algunos de los elementos que deberán contemplar estos protocolos son: la separación de fuerzas; reglas de comportamiento; mecanismo de monitoreo (con los recursos, el mandato y la definición de sus funciones y composición); mecanismo de resolución de controversias;  mecanismos de comunicación y articulación con la sociedad civil y las comunidades en las regiones; y mecanismos de comunicación con el ELN entre Quito y Colombia.

En materia de verificación no son pocos los retos. Este es un cese sin una clara delimitación en la parte operativa, ya que como han afirmado tanto Gobierno como ELN, ninguno “pierde su capacidad de movilidad”. Es altamente probable que se pueda caer en diversas crisis cuando se presenten eventos violatorios, incluso más difíciles de superar que las que se presentaron con las FARC.

Por lo que se ha podido conocer, el mecanismo tendría dos funciones principales: servir de “coordinador” para evitar incidentes y servir de veedor. El comunicado conjunto aclara que el MV&V, en el nivel local, “realizará las coordinaciones necesarias con los enlaces del Gobierno Nacional-Fuerza Pública y del ELN (…) con el fin de evitar incidentes”.

Igualmente afirma que tanto el Gobierno como el ELN informarán y coordinarán con los delegados de la ONU todas las actividades relacionadas con el CFBTN para evitar incidentes. Sobre esta función de coordinación, existen precedentes cercanos positivos, como en El Salvador o Guatemala, donde la Misión de ONU en dichos países fue quien dirigió o administró el cese el fuego y tuvo un gran componente de coordinación, con equipos que ayudaban a la comunicación entre Ejército y guerrillas para evitar contacto armado.

La segunda función consistiría en la de verificación, que contempla la observación y registro, y analizar “de manera imparcial los hechos que se presuman como incumplimientos, amenazas o violaciones a las reglas y compromisos acordados” (Comunicado conjunto sobre CFBTN).

Con esta claridad, es deseable que el cese no genere crisis significativas, y permita avanzar en los temas sustantivos de la agenda.

FUENTE: CERAC.ORG.CO