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agosto 30, 2017

En Antioquia, 9.000 familias buscan a sus desaparecidos


El departamento es la región del país con las cifras más altas de desaparición forzada.

Con la esperanza de encontrar a su hermano, Blanca Nidia Pérez arriesgó su vida. Enfrentó a los paramilitares, les mostró la foto de José Robeiro y les preguntó por él, pero los comandantes le exigieron que no lo buscara más.

Ella lo vio por última vez el 5 de febrero del 2003 en el barrio El Salado, de la comuna 13 de Medellín, y desde entonces no ha parado de buscarlo. Incluso, no se detuvo tras las amenazas de las Auc, que una semana después le enviaron a su casa un escrito en un sobre: “No siga buscando”, luego tocaron la puerta de su casa con fusil, por lo que toda su familia se desplazó del barrio.

Aun así, nada la detuvo. Fue a los 21 barrios de la comuna 13, a clínicas, a morgues y a los comandos de Policía, pero nadie le dio razón de su hermano. Ya han pasado 14 años y ella aún recorre las calles de Medellín con su fotografía. 

Hoy en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, ella y otras 100 mujeres harán un plantón en el Plaza Botero, en el centro de la ciudad, para reclamar la verdad sobre sus muertos. 

Al igual que José, unas 9.000 personas continúan desaparecidas en Antioquia, según cifras de la Fiscalía, que reporta las regiones más afectadas: Urabá, Magdalena Medio, Oriente y Medellín, en esta última hay 3.000 familias en la incertidumbre. 

En las fosas comunes de esas regiones, hay personas que llevan décadas enterradas. En 10 años, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ha encontrado casi 850 fosas comunes en el departamento, de donde exhumaron 1.026 restos. De esos, han identificado y entregado a sus familiares casi 600.

Blanca Nidia Pérez busca a su hermano, desaparecido desde el 5 de febrero de 2003.

Foto:

Guillermo Ossa /EL TIEMPO

Blanca sueña con ese momento. Recordó que su hermano vendía cachivaches de puerta en puerta y que el día de su desaparición, cuatro encapuchados se lo llevaron amarrado y a empujones para La Escombrera de la comuna 13, la montaña de basura, donde paramilitares y guerrilleros enterraban a sus víctimas.

“Mientras él esté desaparecido, ese dolor nunca cicatrizará, es duro saber que está en La Escombrera  y no poder encontrarlo, el Estado no lo busca, las excavaciones se suspendieron hace casi dos años”, dijo.

Martina Fava, delegada de Protección del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), dijo que el principal reto humanitario que tiene Colombia es esclarecer los 60.000 casos de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado en el país. 

“Para nosotros, contribuir a aliviar el sufrimiento de las familias que buscan a sus seres queridos, requiere de un compromiso de toda la sociedad. Es por esta razón que es necesario impulsar con una firme voluntad política avances concretos en esta materia”, explicó Fava.

Mientras él esté desaparecido, ese dolor nunca cicatrizará, es duro saber que está en La Escombrera y no poder encontrarlo,

La representante del Comité añadió que los pasos que se han dado hasta ahora no son suficientes, aunque el Estado, el CICR, y las Farc están haciendo todo lo posible para ubicar a sus seres queridos.

Desde el 2015, el CICR trabaja en las necesidades de los familiares de desparecidos. “Ellos quieren saber qué pasó con su ser querido, necesitan que les entreguen los restos, superar las dificultades económicas, tener medidas de protección mientras indagan por la muerte de sus familias, tener un trato digno, contar con apoyo sicosocial y dignificar la memoria de su ser querido”, recalcó.

Reparación

El Registro Único de Víctimas ha reconocido en Colombia a 46.000 desaparecidos por el conflicto armado, de los cuales, 11.000 son de Antioquia, el departamento con las cifras más altas del país.

El director de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto en Antioquia, Jorge Mario Alzate, precisó que hay 28.000 familiares de desaparecidos reconocidos por el Gobierno que reclaman acompañamiento el Estado.

Desde el 2012 a la fecha, el Gobierno ha indemnizado a 10.000 familiares con una inversión de 51.000 millones de pesos. “La Unidad acompaña el proceso de entrega digna de restos y prioriza a estas personas en lo sicosocial, y en la elaboración del duelo”, añadió. 

Blanca dijo que las víctimas de la comuna 13 no están en esas estadísticas porque no hay verdad, justicia ni reparación. Esperan que el Estado busque pronto a sus familiares.

DEICY JOHANA  PAREJA M.
Redactora de EL TIEMPO
MEDELLÍN

FUENTE: EL TIEMPO


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