Menú

Entérate

Diciembre 6, 2018

Ley contra la violencia de la mujer, una norma insuficiente ante los hechos


Aunque la Ley 1257 busca sancionar la violencia y la discriminación contra la mujer, se ha encontrado con barreras en su implementación judicial y estructural.

Hace diez años se implementó en Colombia la Ley 1257 de 2008 para sancionar la violencia y la discriminación contra la mujer. Siete años después, surgió la Ley 1761 de 2015, en la que se tipificó el delito del feminicidio. Según Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres Colombia, “muchas de estas leyes han surgido de la lucha de las sobrevivientes y de sus familias por la dignidad y por la vida”. Las historias de Rosa Elvira Cely, Vivian Urrego, Natalia Ponce o la pequeña Génesis Rúa marcaron un hito en el país. Sin embargo, las cifras más recientes de Medicina Legal señalan que en lo que va del año se han presentado 103.481 casos de violencia contra la mujer.

Según el IV Informe de la Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, la situación de las mujeres en Colombia ha ido evolucionando en materia de reconocimientos de derechos fundamentales. No obstante, después de diez años de implementar la ley se encuentran vacíos que se ven reflejados en las cifras que prueban que la violencia contra la mujer va en aumento. “Las buenas leyes necesitan buenos financiamientos. Muchas de las leyes que ya existen en América Latina, y desde luego en Colombia, necesitan financiamiento adecuado para que realmente se refleje en los servicios multisectoriales y en las estrategias de prevención y acceso a la justicia”, señaló Güezmes a El Espectador.

Para Adriana Alquichides, secretaria técnica de la Mesa por una vida libre de violencias contra las mujeres, la Ley 1257 de 2008 ha generado que aumenten las acciones de demanda y denuncia por parte de las mujeres, que ahora están siendo más conscientes de los derechos que las amparan. Pero, al parecer, no resulta suficiente, pues muchas mujeres manifiestan tener desconfianza en el sistema judicial que supuestamente las debe proteger. Al respecto Alquichides enfatiza en que “las mujeres se siguen enfrentando a diferentes barreras, porque los jueces siguen fallando basados en estereotipos de roles de géneros tradicionales. Aún hay decisiones discriminatorias, como preacuerdos por ira e intenso dolor, cuando en realidad las violencias son sistemáticas y nada las justifica”.

Diferentes organizaciones defensoras de mujeres se han encargado de incentivar procesos pedagógicos en temas de género a las autoridades. Sin embargo, la interiorización de los casos frecuentemente choca con una barrera que resulta ser más cultural que conceptual, “pese a todos los esfuerzos económicos e incluso de infraestructura que han generado las instancias, aspectos culturales y personales de los funcionarios son los que no permiten avanzar en la eliminación de la violencia y revictimizan a las mujeres”, señaló Alquichides.

Esto resulta ser un inconveniente pues, aunque ya hay más acceso a las rutas de acción, en el momento de tomar decisiones de denunciar las mujeres siguen siendo violentadas, según Alquichides, en “la exigencia a la víctima de la prueba, pese a que la Corte Constitucional ha dicho que es el funcionario quien debe buscar todas las herramientas para probar que todas esas violencias se dieron”. El informe de la Mesa por una vida libre de violencias contra las mujeres señala que esas son algunas de las razones por las que muchas víctimas acuden a organizaciones sociales de defensa a las mujeres antes que a la justicia directamente.

Si bien es cierto que el debate contra la violencia de género desde hace un tiempo se encuentra abierto, después de diez años de implementación de la Ley 1257 aún hay que avanzar en la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y “debe haber un cambio estructural al interior del Estado para generar mecanismos reales y efectivos de la incorporación del enfoque de género y derechos humanos de las mujeres al interior de su ministerio, porque es en estos derechos donde está la gran deuda que la justicia y el Estado colombiano han tenido en estos diez años con las mujeres”.

Latinoamérica ha sido un continente pionero en repuestas legales frente a los temas de género. Según Ana Güezmez, “ha habido avances fundamentales en el desarrollo legal en la última década. Sin embargo, las cifras señalan que una de cada tres mujeres, al menos en Colombia, ha sufrido alguna forma de violencia y esto no lo va a resolver un Gobierno. Por eso el llamado es a una sumatoria de todos los actores públicos, privados, la cooperación internacional, la academia y las organizaciones para que este cambio ocurra”. Ante todo, es importante recordar que en ocasiones ha habido grandes movilizaciones que, a pesar de los errores y después del tiempo, siguen gritando con más fuerza: “Ni una menos”.

FUENTE: EL ESPECTADOR


Más Noticias