Más de 400.000 personas están exiliadas por causa del conflicto armado colombiano. Sus memorias quedaron escritas en el informe Exilio colombiano: huellas del conflicto más allá de las fronteras, que se presenta hoy en Bogotá. Su lucha es porque el Estado reconozca este hecho como una victimización.

—¡Mátame! Ya me encontraste, si me querés matar, dale, estamos en otro país. ¡Mátame ya!

Si el hombre que estaba ante sus ojos, el mismo que la había amenazado y la había hecho exiliarse en Ecuador, la quería matar como tanto le había dicho, ese era el momento. Eso pensó Juliana* cuando, tres años después de huir de su natal Medellín, se encontró frente a frente con uno de sus victimarios.

Para entonces apenas intentaba organizar su vida, trabajando en lo que saliera y tratando de evitar a toda costa relacionarse con la gente, especialmente con los colombianos que vivían en Ecuador. Su temor era que el conflicto traspasara las fronteras, porque el miedo que ella tenía sí lo había hecho. Juliana fue amenazada cuando trabajaba en un banco de la capital antioqueña y se negó a abrirles cuentas bancarias a unos paramilitares.

“Empezaron con amenazas escritas que porque yo era una bocona, que si yo no me perdía de la ciudad entonces iba a morirme”. Incluso, una vez un carro la arrolló en la calle y posteriormente las amenazas se extendieron a toda su familia. En ese momento denunció, pero no hubo respuesta ni, menos aun, protección. Entonces se fue.

Ecuador es uno de los tres países que más refugiados colombianos ha recibido. Además de Panamá, hacia donde hubo una migración masiva de colombianos en la década de los 90, y Venezuela, país que incluso deportó colombianos en 2015. Las cifras no son definitivas.

“Hablamos de 400.000 colombianos que están en todo el mundo. Pero las cifras son manejadas completamente por el ACNUR y hablan de personas que están bajo el Estatuto de los Refugiados, pero muchas personas no acuden a los organismos internacionales, ya sea por miedo, desconfianza o simple desconocimiento”, explica Randolf Laverde, uno de los relatores del informe Exilio colombiano: huellas del conflicto más allá de las fronteras, del Centro Nacional de Memoria Histórica, que se presenta hoy en Bogotá.

Este informe da cuenta de los hechos que ocasionaron los desplazamientos transfronterizos masivos, de las complejidades y particularidades de cada país en la manera en que se recibe a los exiliados y de lo que esas personas tuvieron que sufrir al llegar al extranjero, a lo desconocido. Juliana, por ejemplo, estuvo casi cuatro años esperando que Ecuador le diera el estatus de refugiada, trabajando ilegalmente; incluso muchas veces sin recibir pago alguno.

Las historias de las personas que participaron son distintas, pero todas llegan a un mismo punto: el exilio debe ser reconocido por el Estado colombiano como una victimización del conflicto armado. De esa manera las víctimas dejarán de ser invisibles.

Durante la presentación del informe en Panamá también hubo objetos para la memoria de los refugiados. 

No se tiene en cuenta que el exilio es una secuencia de diversas situaciones. Lo que te llevó a salir del país, la propia salida y la posibilidad o imposibilidad de regresar. El exilio no está contemplado como un hecho victimizante y esa es una gran apuesta. “Para que una víctima en el exterior sea reconocida tiene que haber declarado desplazamiento forzado en Colombia. Pero cuando se cruza la frontera siguen los hechos victimizantes y son totalmente diferentes a los que tuviste como desplazado interno: xenofobia, racismo y problemas para acceder a la documentación, por ejemplo”. Y eso tiene que contemplarse para poder hablar de reparación y de retornos con garantías”, dice Laverde.

En Venezuela la situación fue distinta. En 2015, en la Operación por la Libertad del Pueblo, el Gobierno venezolano cerró la frontera con Colombia aduciendo que grupos paramilitares estaban atacando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue entonces cuando Carmen*, una colombiana nacida en el Magdalena, víctima de desplazamiento forzado en cinco ocasiones y víctima de violencia sexual, fue deportada a Colombia, dejando del otro lado de la frontera todo lo que había construido en los últimos diez años. De hecho, entre 2015 y 2016, aproximadamente 2.000 personas fueron deportadas y 22.000 más retornaron masivamente a Colombia.

En los días más difíciles del retorno forzado, Carmen y sus cientos de compañeros vivieron a orillas de un río en Norte de Santander. “Nos trataban de prostitutas a las mujeres y de paramilitares a los hombres”, recuerda. Estas personas se organizaron en la Asociación Deredez, con la cual trabajó el Centro Nacional de Memoria Histórica para recolectar las memorias del exilio y del retorno a Cúcuta, al igual que lo hicieron a lo largo de toda la frontera, desde La Guajira hasta Arauca. Carmen, quien ahora trabaja para recibir a los refugiados y buscar ayudas para ellos, no deja pasar la oportunidad para decirle al Gobierno colombiano, que ha mirado hacia otro lado, que miles de personas que están en Cúcuta son colombianos retornados y no los han reconocido como víctimas. Han sido invisibles.

Es entonces cuando se hace más evidente la necesidad de saber la verdad sobre el exilio. Actualmente no se tienen cifras de cuántas de las personas refugiadas son hombres, cuántas mujeres, cuántas son trans. Menos se sabe si son niños o cómo han sido afectados por este hecho. Lucila Galán, por ejemplo, se tuvo que ir a Panamá en 2006. Ella, nacida en Tunja (Boyacá), desarrollaba una investigación cultural para el periódico de la curia del municipio. Se desplazaba por el territorio y en un momento las Farc la consideraron un objetivo militar.

Entonces se fue y lo hizo con toda su familia: hijos e hijas, yerno y nieto. Llegó a un país extraño y se acercó al Consulado. Ahora, 12 años después, recuerda verse con sus hijos, sentada en una acera llorando,sin saber cómo llegar a la oficina para hacer los trámites correspondientes. Nadie le daba indicaciones y ningún taxi la llevaba. Así fue hasta que, cuenta, encontró el apoyo de la Defensoría del Pueblo en ese país.

Todas estas mujeres, después de años de dolor en el exilio, apostaron por organizarse a partir de la expedición de la Ley 1448, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Su objetivo, aunque cada uno vivió en un país distinto, es el reconocimiento de los exiliados como víctimas del conflicto armado. Solo de esta manera podrían empezar a pensar en planes de retorno con garantías para los miles de personas que siguen afuera, no han participado en la historia más reciente del país y tienen todo por decir. De hecho, la Comisión de la Verdad se ha reunido con algunas de estas organizaciones. ¿Quieren volver? Algunas sí. Y le pregunto a Juliana si quiere volver. Ella lo piensa un largo rato.

—Mmm, no. Las cosas no han cambiado, sería como vivir nuevamente lo que me hizo salir de allá.

*Los nombres de las protagonistas fueron cambiados por razones de seguridad.

FUENTE: EL ESPECTADOR