La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ahora va por la verdad de los falsos positivos de Casanare, un episodio desconocido durante el conflicto armado. Este jueves, organizaciones de víctimas les entregarán a los magistrados de la Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad el informe “Ni delincuentes ni combatientes”, en el cual se incluyen hechos victimizantes por parte de miembros de la Fuerza Pública en contra la población civil entre 2005 y junio de 2007, y que comprometería al general (r) Henry Torres Escalante (quien ha insistido en su inocencia), a otros miembros de la Fuerza Pública e integrantes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Aunque las organizaciones aseguran que es imposible determinar el número de falsos positivos durante ese periodo, ellos calculan que entre 2002 y 2008 se produjeron al menos 82 ejecuciones extrajudiciales, atribuibles a miembros de la Brigada XVI y que derivaron en la detención de más de 70 uniformados. Además, entre 2005 y 2007, aseguran, se dispararon las denuncias ante la Fiscalía en contra de los miembros de esa unidad militar. Por esos hechos, el ente acusador hoy adelanta 58 procesos contra integrantes del Batallón de Infantería No. 44 “Coronel Ramón Nonato Pérez”. El informe, no obstante, relata los hechos de 12 ejecuciones extrajudiciales.

De acuerdo con el apoderado de víctimas Fernando Rodríguez Kekhan, entre 2005 y 2007 había una actividad mancomunada entre miembros de la Brigada XVI, el DAS, informantes del paramilitarismo y desmovilizados guerrilleros que se encargaron de urdir planes contra inocentes.

“Incluimos hechos que contaron con la presunta participación del entonces coronel Henry Torres Escalante, quien era el comandante de la Brigada XVI durante ese tiempo. De suerte que lo que pasaba allí tenía que ser de su conocimiento o responsabilidad, así fuera por omisión o acción. Él debería ser el primero en entrar a responder”.

Rodríguez Kekhan asegura que el DAS tuvo un papel relevante en la participación de estos hechos. “Aportaban supuestamente inteligencia de un grupo de personas para después reportarlas como muertas en combate, así no fueran insurgentes. Nosotros representamos a 30 víctimas, pero son más de 120”.

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En el documento se relatan hechos como el triple homicidio Clodomiro Coba León, Béyer Ignacio Pérez, Yolman Barbosa Pidiaachi, asesinados el 6 abril de 2007 por miembros de la Fuerza Pública, en la vereda Las Tapias, entre Hato Corozal y Nunchía (Casanare). Las víctimas fueron interceptadas por miembros del DAS, los obligaron a subir una camioneta y posteriormente fueron reportados como muertos en combate. Por estos hechos, fueron condenados cinco militares y se ordenó la investigación en contra de Torres Escalante y cuyo juicio inició en diciembre de 2016.

El general (r) Torres Escalante acudió el pasado 10 de julio a la Jurisdicción Especial para la Paz en donde pidió garantías para ser procesado, debido a que considera que no las encontró en la justicia ordinaria. “Me comprometo a declarar en total apego a la verdad. Se debe advertir que la verdad no implica responsabilidad. Yo no he causado ni ordenado ningún de las muertes de las que me señalan (…) Quiero pedir perdón a las víctimas por el daño causado”, dijo en ese momento.

Los patrones

El informe fija unos patrones que deberán ser estudiados por los magistrados de la JEP. Entre ellos, que en los 12 casos que traen a colación hubo simulación de combate; los levantamientos de los cuerpos se realizaron por parte de la misma tropa que participó en el operativo; en todos los casos hubo una decisión favorable en la justicia penal militar; entre las víctimas hay menores de edad, una persona con condición especial de salud de otro departamento, un adulto mayor y una mujer en estado de embarazo.

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Las muertes, según el documento, están antecedidas con el descubrimiento de grandes pozos petroleros a comienzos de la década de los 90, cuando ingresaron empresas internacionales a la zona, se asentaron grupos guerrilleros en el piedemonte llano y se produjo una amplia migración de personas que buscaban oportunidades laborales. Se relata que en el departamento se libró una guerra paramilitar entre las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC) de alias Martín Llanos  el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia, a cargo de Miguel Arroyave. Describen que después de la década de los 2000, después de Antioquia, Casanare fue el segundo departamento que más registró muertes de miembros de la población civil y que fueron reportados por miembros del Ejército como muertos en Combate.

Las víctimas le aseguraron a Colombia2020 que esperan que con el proceso en la JEP salga a relucir la verdad, “pero no una verdad en las que se aceptan culpas individuales, sino que tenga nombres de quienes ordenaron estos hechos”.

La Sala de Reconocimiento, Verdad y Responsabilidad tendrá la misión de analizar el informe, contrastarlo con la información de entidades estatales (como la Fiscalía) y, una vez se apliquen los criterios de priorización, podrá llamar a comparecer a los presuntos responsables.

FUENTE: EL ESPECTADOR